El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) es un centro de pensamiento que realiza investigaciones y análisis técnicos en materia fiscal en América Central. Jonathan Kiril Menkos Zeissig es su director desde 2012. En esta entrevista, el también excandidato presidencial del partido Movimiento Semilla, analiza las medidas que han tomado los gobiernos de la región y que, hasta ahora, en la mayoría, resultan insuficientes.

En Centroamérica aproximadamente el 70 por ciento de trabajadores labora en el sector informal. En Guatemala y Honduras la cifra llega a un 80 por ciento. “Hogares que sobreviven. Con niveles tan altos de desprotección social que un choque nos lleva a la pobreza, una enfermedad nos deja pobres y un cierre de la actividad económica o la pérdida de empleo, aunque sea por un corto plazo, también nos lleva a estar por debajo de la línea de pobreza general”, describe Menkos.

El cálculo del Icefi es que con la crisis de la COVID-19 de los miles empleos que se pierdan, seis serán del sector informal. 

En este escenario de crisis y desconcierto, el analista da espacio para la esperanza, y hace recomendaciones que, asegura, podrían promover cambios positivos:  un ingreso básico garantizado para todos los ciudadanos, políticas contracíclicas que generen empleo, que los trabajadores tomen conciencia de que tienen que empujar cambios y exigir más derechos. “Esto no es un cambio que va a surgir de la buena voluntad de las rancias y tradicionales élites de Centroamérica. Esto requiere nuevos actores, nuevos liderazgos y, por supuesto, roles mucho más activos de aquellos que se ven afectados con la pérdida de derechos que ya tenía el sistema en el que estamos”.

La pandemia nos tomó, a la mayoría, por sorpresa. ¿Ha podido el Icefi analizar la situación para Centro América?

Sí, es muy reciente. Porque a inicios del año ni siquiera teníamos idea de que esto iba a pasar. De hecho, las estimaciones en enero eran de una mejora en el crecimiento económico, con respecto al año anterior. En los últimos tres meses, las proyecciones económicas del 2020 y a futuro, han cambiado dramáticamente… para mal. Con impactos muy importantes sobre el empleo. Entonces, nosotros hemos desarrollado una matriz, por país, de contabilidad social. Nuestra lucha, y no la hemos terminado, es tener una matriz de contabilidad social centroamericana. Es decir, que no solo sepamos de los sectores, sino sepamos si los insumos son nacionales o si vienen de Costa Rica o de Honduras… Es un poco una locura, pero eso nos permitiría, con el tiempo, saber que un problema en Guatemala es un problema que afecta al resto de la región por nuestra relación económica; o que un problema político, como el de Nicaragua, o el incremento del autoritarismo, en Honduras y en El Salvador, afecta al resto. Pero, a eso se nos adelantó la crisis.

¿Cuáles son las predicciones? Si es posible adelantarse…

Con esas matrices medimos qué pasaría en la economía y en el empleo, si se cayera en un tercio los ingresos por turismo; qué pasaría en la economía si se cae en un 20% el flujo de remesas familiares; qué pasaría si se cae en un 20% las exportaciones y qué pasaría en la economía frente un paro de actividades por cuatro semanas.  Con todos estos escenarios, nuestra pretensión era comprender en donde están los mayores problemas para que las políticas públicas puedan intentar mitigar esos problemas. Ahora, el resultado que tenemos, es un resultado sin ninguna política pública que lo mitigue. Se supone que, en estos meses, con el conocimiento que tienen los gobiernos, puedan hacer algo para disminuir lo doloroso que puede ser, para la sociedad, este tipo de fenómenos.

Estas estimaciones que te digo sobre el turismo, remesas, exportaciones, ya están siendo estudiadas por otros entes. Por ejemplo, esa caída en turismo es algo que prevé la Organización Mundial del Turismo. En el caso de las remesas familiares, hay estudios de algunas entidades que nos están diciendo que, a final de año, la caída en Centroamérica podría estar en torno a 20% con respecto a los flujos que se recibieron en 2019. En el caso de las exportaciones, ha sido la Organización Mundial del Comercio quien ha advertido que se van a caer las exportaciones más o menos en esa cantidad.

Esto es muy temprano, toca irlo revisando, mes con mes, para ver cómo se comporta la economía con los programas de acción que los gobiernos están implementado en la región. A excepción de Nicaragua, que no ha hecho nada, que lo único que ha dicho es que la gente se lave las manos. 

¿Cuál es la situación de Nicaragua?

Cuando nosotros ya estábamos encerrados, en Nicaragua estaban inaugurando centros públicos… ¡Con piscinas! Una cosa espantosa. Y al día de hoy, todos los gobiernos han hecho algo. De hecho, en la región, hay un gasto público adicional por 11 mil millones de dólares, pero Nicaragua no está aportando nada a ese gasto adicional para hacer frente al COVID-19.

¿Qué país ha aportado más?

El que más ha aportado, en términos nominales, es Panamá. Porque está poniendo, de los 11 mil millones, 4,400 millones para hacer frente a la crisis. Honduras está teniendo 2,500 millones de dólares, es un montón para el tamaño de la economía hondureña, que puede significar entre 9.6 y 10.15 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), o sea, una décima parte del PIB. En el caso de Guatemala, son 11,786 millones, eso representa entre 2.26 y 2.39 por ciento del PIB. En el caso de Guatemala, estamos poniendo como gasto COVID-19, los 13,756 millones, no todas las ampliaciones que se aprobaron. Porque, tú recordarás, que hay más o menos 5,500 millones de ampliaciones que son para gastos ordinarios, que se tuvo que hacer porque no se aprobó el presupuesto en el año pasado. El Salvador, tiene adicional en gasto, 2mil millones y ayer (4 de mayo) se sentaron para pedir mil millones más. Finalmente, Costa Rica, que es la que va bastante más lento, sólo ha hecho reasignación de su gasto público por 238 millones de dólares. Es muy poquito. Obviamente, Costa Rica tiene un sistema de protección social un poco más amplio que el nuestro. Por ejemplo, en el caso de salud, mientras el sistema de salud pública de Guatemala y Honduras está en trapos de cucaracha, con rezagos enormes en inversiones; eso no lo encuentras en Costa Rica. Ellos aprobaron la semana pasada el bono “Proteger”, es un subsidio a los trabajadores afectados. 

¿Qué sucede con el empleo?

Entonces, cada país hace frente a esta crisis de una manera distinta. Nuestras estimaciones nos dicen que, en el escenario uno (el más conservador), se perderán 367,000 empleos. Y en el peor escenario, el de un mes de paro de actividad económica, se podrían perder hasta 1,869,964 empleos en toda Centroamérica. En el caso de Guatemala, que es el que más hemos estudiado porque es donde surgen más preguntas, tenemos que la pérdida sería de 555,000 empleos. Pero en toda la región, con excepción de Costa Rica y un poco Panamá, lo que tenemos es que, de cada diez empleos que se pierden, seis empleos van a ser empleos informales y cuatro de la formalidad.

Pero, en este contexto decimos informales, pero son empleos que se dan también en las micro, pequeñas y medianas empresas. En realidad, son la red de trabajos que hay a lo largo y ancho de los territorios. En el caso de Guatemala, El Salvador y Honduras, se llegan a perder más o menos, de cada diez empleos, siete empleos informales y tres empleos formales. Y eso, para Guatemala, significaría la pérdida de los últimos seis años de empleos formales generados. El país genera tan pocos empleos formales: 25,000 empleos formales al año (registrados en el IGSS- Instituto Guatemalteco de Seguridad Social-), en una sociedad de 16 millones de habitantes. ¡Es nada, es nada!

Y todo esto se perdería. Un retroceso de seis años aproximadamente de empleos formales. Entonces, no es poca cosa, es un enorme problema para la sociedad. De los 22.5 millones de personas centroamericanas que viven en pobreza. Es decir, 45 de cada 100 centroamericanos vivían en condiciones de pobreza, ya antes de esta crisis. El COVID solo exacerba problemas estructurales que venimos acarreando. 

En el caso de Guatemala que ya hicimos el estudio en particular, en el caso de aumento de la pobreza. Sobre el escenario de cierre de la actividad económica, encontramos es que con la pérdida de ingresos en los hogares por un mes, aumenta la tasa de pobreza de 57 a 59.27%. Es decir, con un mes de personas que no hayan recibido ingresos, se incrementan 324,914 personas en pobreza. Y, si la pérdida de ingresos en los hogares de Guatemala se traslada por cuatro meses o persiste por cuatro meses, podríamos tener un incremento 1,236,000 personas en la pobreza. Eso significa que la tasa de pobreza pasaría de 57.15% a 65.5%. ¿Qué nos dice esto? Hay una sensibilidad muy grande en los hogares guatemaltecos a la pérdida de ingresos porque casi ningún hogar tiene ahorros, ni tampoco tiene seguros de desempleo, ni transferencias condicionadas. Entonces, esto que estamos viendo para Guatemala, si tuviéramos los datos, y lo replicáramos en Honduras y en El Salvador, tendría más o menos los mismos resultados. Somos un país con hogares que sobreviven, y con niveles tan altos de desprotección social que un choque nos lleva a la pobreza, una enfermedad nos deja pobres y un cierre de la actividad económica o la pérdida de empleo, aunque sea por un corto plazo, también nos lleva a estar por debajo de la línea de pobreza general.

En este escenario resultan afectadas más mujeres que hombres, en muchos casos, y municipios en donde caen estos efectos sobre contextos ya de hambre.

Entonces no es un panorama simple para aquellos que gobiernan, mucho menos para los gobernados. Pero el enorme reto está, en que, aunque es muy usada la frase: “poner primero a las personas para salvar la economía”. También para salvar la poquita democracia que tenemos, es importante que la política pública proteja a las personas. 

¿Qué hacer ante estos escenarios?

Nosotros somos un poco enfáticos en decir que no es un momento para condicionar el acceso a recursos a las personas dependiendo de su consumo de energía eléctrica, eso solamente retrasa las políticas públicas. Lo estamos viendo en El Salvador y también en Guatemala. Estas son las horas en las que todavía no se han entregado (el bono de ayuda), en el caso del guatemalteco. En El Salvador ya lo entregaron, pero dejaron fuera a un montón de personas que podrían haber estado dentro, en un sistema de protección social de emergencia. Nosotros creemos que lo ideal es pensar en un ingreso básico garantizado.  Porque esas condiciones dejan fuera muchas veces a los que más lo necesitan, porque alguien que no paga electricidad porque no tiene, queda fuera de esto. 

También se genera, en el contexto actual, listados (manejados por las Municipalidades, en el caso guatemalteco). No tenemos la certeza si sean listados para miembros del partido, aquellos que tienen el poder de hacer esos listados en los municipios y que es un espacio de conflicto de intereses y de posible corrupción. 

La renta básica garantizada o el ingreso básico garantizado, tendría la virtud de que su única condición, en este momento, es tener de 15 años en adelante. Es decir, ser una persona en edad de trabajar. Entonces, con los mismos recursos que hoy se están intentando ayudar a familias, pero de manera condicionada, se podría haber hecho y puesto en práctica programas de ingresos garantizados en la mayoría de los países de la región. Para nosotros, es una medida mucho más efectiva y obviamente mucho más justa en el contexto de que sí se puede ayudar a todas las personas. 

¿Qué pasa con quienes no necesitan una ayuda de este tipo?

Si alguien, digamos, si yo aceptara, pues seguramente el próximo año cuando yo haga mis cuentas del ISR (Impuesto Sobre la Renta), voy a tener que devolver ese dinero que me han prestado. Pero la gran mayoría de población que va a reportar el no pago de ISR, pues estos recursos no tienen que ser devueltos.

¿Cuánto implicaría eso en dinero? ¿Qué cantidad propondrían para ese ingreso básico?

Depende de diferentes modelos. En el caso de Guatemala, se podría hacer de más o menos 500 quetzales por persona (US$65), por tres meses. En el caso de El Salvador, ellos dijeron dar por un mes, 300 dólares. Nosotros hicimos cuentas, y se podría dar 90 dólares por mes a todos los ciudadanos mayores de 15 años. En el caso del Estado de Ciudad de México, por ejemplo, la Constitución ya incluye, como derecho, un ingreso básico garantizado. Entonces la discusión allá no es la temporalidad del ingreso, sino como viabilizarlo de una manera más rápida para que en el contexto de esta crisis pueda entrar en vigencia.

¿Cuál es la propuesta de logística de entrega de la renta?

¿Qué otra virtud tiene un ingreso básico garantizado? Pues que llega a los territorios y que no solo le da bienestar a la persona que lo reciben porque llega rápido, no tiene que hacer grandes trámites,  basta con el DPI (Documento Personal de Identificación). Básicamente el DPI se convierte en la cuenta (bancaria). Además, fomenta la actividad económica en los territorios de una manera muy rápida. Con lo cual, permite que esas Mipymes (Mirco Pequeña y Mediana Empresa) que hablábamos que van a perder sus posibilidades de generar empleo, por lo menos se mantengan activadas en los territorios. O sea, de nada nos sirve ayudar con un crédito a una Mipyme, si en realidad lo que la Mipyme desearía es que le puedan comprar los productos que está produciendo. Entonces si no dinamizamos el consumo de los hogares, es imposible salvar la economía. 

Con los préstamos a las Mipymes estás apagando fuegos, digamos…

Sí, sí. Entonces damos hoy, en el caso de Guatemala, 3mil millones para préstamos, pero en realidad sólo estamos haciendo que la MiPyme vaya hoy a pedir dinero, y en seis meses regrese y diga: “No tengo cómo pagar”. Estás trasladando el problema económico al sistema financiero porque va a tener una cartera mayor en mora. 

Por eso nosotros, y es una mirada muy keynesiana, proponemos que tú ayudas a los hogares para que tengan capacidad de consumo, y ellos van a ir a la abarrotería y van a comprar un litro de leche, una libra de arroz, una de frijol, el pan, y eso va a hacer que se dinamice, porque el señor que hace el pan, va a seguir haciendo; la señora que distribuye arroz y frijol, va a poder seguir distribuyendo; la persona de la abarrotería, va a tener abierta la abarrotería, mientras hayan consumidores.

En Guatemala, si hubiéramos usado no los 6 millardos, sino los 12 o 13 millardos, que todo lo que no fuera a salud, pudiera destinarse a ayudar a los hogares, a nuestro juicio, tendría un redito mayor en el sistema, en empleos y en la dinamización de la economía. Exactamente lo mismo podríamos decir en Honduras, en El Salvador, y… Bueno, Panamá es un contexto completamente diferente porque allá el Estado, sí tiene músculos. El Estado en Panamá, sí es un Estado fuerte para hacer infraestructuras económicas y sociales. Pero en el caso del Triángulo Norte, en donde las necesidades de empleo son tan grandes, la mejor motivación para mantener empleo es que haya capacidad de consumo en los hogares.

Además, con los préstamos a Mipymes que propone Guatemala; también el sector informal queda fuera. Los vendedores ambulantes, el servicio doméstico…

Y más. O sea, todos los cuentapropistas porque no pertenecen a ninguna unidad empresarial, los informales de las Mipymes: que en muchos casos son informales en términos legales porque no tienen contrato de trabajo, no acceden al IGSS, pero pertenecen a unidades económicas, aunque fueran familiares, de cuatro o cinco personas que están trabajando en el mismo quedan fuera. Después, hay un montón de gente que sobrevive, como las personas que trabajan en casas, jardineros, las personas que hacen la limpieza, todos ellos están completamente desprotegidos, no aparecen en ningún listado. Entonces sí, efectivamente estas personas son las más necesitadas de apoyo y las que tienen menos posibilidades de acceder con los programas que tenemos hoy. Hoy tenemos un sistema de protección social tan pequeñito que, en realidad, ¿a qué puede aspirar una persona en este país? A transferencias condicionadas en efectivo, en salud y educación, mientras demuestre que es una persona pobre; a canastas de alimentos que, hasta enero, se entregaron únicamente en municipios del departamento de Guatemala; a la pensión no contributiva del adulto mayor, y poco más.

Entonces, por eso es que medidas de protección y asistencia social universalistas son vitales, aunque fueran temporales, mientras se construye una discusión sobre qué vamos a hacer en materia de protección social. Porque aquí estamos hablando de qué se va a hacer en el 2020, pero ésta es una crisis que no va a durar seis meses. Esta es una crisis que afecta la estructura productiva y los sistemas de salud en el mediano plazo. O sea, marcará todo el período del gobierno del presidente actual en Guatemala y del presidente de El Salvador. Podemos analizar si fueron exitosos los gobiernos de El Salvador y de Guatemala, en la medida de cómo hayan tratado la crisis relacionada con el COVID, porque va a tomar todo su período de gobierno. Nosotros prevemos que, por lo menos esta crisis, en el mejor de los casos, bien manejada, pueda durar unos cuatro o cinco años; mal manejada, puede durar una década.

¿Qué significa manejarla bien? 

Pues te reitero, construir ese pilar de protección social, que permita a las personas no perder tanto de ese bienestar tan quebrado y tan débil que hay en Centroamérica.

¿Cuáles deberían ser las características de ese sistema de protección social?  

Bueno, lo que hemos hablado: de un ingreso garantizado, la discusión sobre cómo mejorar el acceso equitativo al sistema de salud pública. Hay muchos rezagos. Guatemala tiene 70 años de rezago en la capacidad de su sistema de salud pública. Entonces, tenemos que reconstruir y construir un sistema de salud pública universal que garantice el acceso equitativo a todas las personas.

 Y también, dentro de ese piso de protección social, está la discusión sobre, por ejemplo, qué vamos a hacer con educación. Porque vaya, mis hijos, para poner un ejemplo de privilegio, tienen la computadora y están recibiendo sus clases en computadora, y pues no les gusta del todo, pero van avanzando. ¿Qué hacemos con el resto de la población? ¿Cuántos hogares tienen computadora? ¿O televisión? Para poder tener un programa como los de telesecundaria, pero también uno de primaria. Bueno, tenemos que hacer algo con el sistema educativo, para garantizar que aquellos, más o menos 3 millones que ya estaban afuera, en el caso de Guatemala, puedan acceder a la educación. Y los 3 millones, o 2 millones y medio, que ya están adentro en la educación pública y privada, puedan también tener acceso a una educación de calidad, aún en condiciones como en las que estamos viviendo. Este es el primer encierro, pero no va a ser el único, ni el último. Entonces, qué vamos a hacer con el sistema de educación, en toda la región.

¿Qué hay del alimento? ¿Del hambre?

Es el otro elemento vital, ¿qué hacemos con la comida? Porque este es un país que no tiene soberanía alimentaria. Hasta el maíz hay que importarlo, el frijol tiene importación, y es la región en general. Me parece que ningún país de la región, tiene soberanía alimentaria. Quizás Nicaragua, podría ser, pero en el resto, por ejemplo, se importa el maíz de Argentina; el frijol algunas veces ha venido de las zonas más productivas de África. Entonces, el contexto de cambios, de la economía global, nos obliga a pensar que deberíamos estar ya reorganizando el modelo económico, para que no sea tan vinculado a todo lo que sucede en la economía internacional. 

Lo otro que deberíamos estar pensando, es en políticas contracíclicas que generen empleo. Por ejemplo, un programa de cuatro años, obviamente bien financiado, pero también bien controlado, de infraestructura económica y social. Hace falta un montón en toda la región.

Cuando tú generas inversión en infraestructura económica y social, estás generado empleo. Y eso es, también, una medida de protección social. Pero bueno, hay un pilar de crecimiento económico que nosotros creemos que tiene como centro la generación de empleo, y es que la economía actual, ya no es útil para la economía del futuro, la economía pos-Covid… 

¿Cómo pinta esa economía pos-Covid?

El Estado tiene que estar avanzando hacia cambios de transformación productiva. Muchas MiPymes no van a resistir esta crisis. Incluso empresas que exportaban, hoy se las están viendo a palitos. Alguien me decía que hay hasta un par de ingenios azucareros que van a quebrar, y que van a ser absorbidos por otros ingenios que tienen más capacidad. Entonces, lo que podemos observar, si el Estado no hace nada, es un mayor monopolio del poder económico en aquellos que pasan la crisis. Es decir, que la crisis les está sirviendo para hacerse más ricos. 

Con las Mipymes, muchas van a desaparecer porque no tienen capacidad de competir, ni de innovación. Entonces el Estado, en lugar de estar fomentando salvar negocios malos, que de todos modos van a cerrar este o el próximo año, debería estar generando líneas. Primero, en toda la región, una estrategia de crecimiento económico, pensada bajo estos nuevos contextos. Por cierto, agregando todas las discusiones de sostenibilidad ambiental. En este sentido sólo Costa Rica tiene avances en esas discusiones, el resto, seguimos produciendo con una huella ambiental impresionante. Entonces, por ejemplo, deben estar generándose fondos de innovación que ayuden a la transición productiva. Necesitamos un Estado que sea útil, o Ministerios de Economía que no sean oficinas para tramitar privilegios fiscales a las empresas, sino para tramitar o ayudar en procesos de transformación productiva e innovación. 

Todos los gobiernos podrían hacer políticas de infraestructura contracíclicas. Cuando se acabe la producción agrícola, en muchos territorios, que son muchos meses en el año en los que la gente no tiene cómo sacar recursos, podrían estar trabajando en la construcción de caminos rurales, escuelas, centros de salud, que no requieren una educación capacitadísima, no necesitamos médicos haciendo eso. Y la verdad es que la mayoría de gente en la región no tiene las capacidades para ser astronauta en este momento. 

Entonces, las políticas públicas podrían ser, bien utilizadas, muy útiles para salir de esta crisis. Los Estados podrían aprovechar el contexto, para luchar por conseguir fondos adicionales, en virtud de la búsqueda del cumplimiento de esta agenda, que es una agenda internacional. 

O sea, salir de esta crisis, bien librados, con más derechos, no puede ser con sociedades en donde quien tiene más, aporta menos, y en donde quienes gobiernan, gobiernan pensando que el dinero que manejan es su dinero personal. Así es que, allí sí hablamos de un pacto fiscal para el desarrollo y la consolidación democrática. 

Para el empleo, necesitamos tener una diferente forma de encaminar la economía centroamericana porque necesitamos modernizarla, adaptar, cerrar aquellos sectores que ya no son útiles para la economía. Pues sí, habrá quienes tendrán que caer. Por ejemplo, el café. Se sigue apoyando el café. Cuando en realidad, es dinero desperdiciado. Una economía en la que deberíamos estar involucrados es una economía muy diferente a la economía tradicionalmente agrícola, de exportación. Y el otro camino, es todo el ámbito de asistencia social que requiere recursos. Necesitamos captar recursos y poder trasladarlos, redistribuirlos en la población.

¿Hay un debate a nivel de Estado, específicamente de quienes gobiernan, de que este puede ser un parteaguas, un momento para el cambio?

Fíjate que depende del país y del Estado. Creo que países como Costa Rica, incluso Panamá, tienen un nivel de madurez, para tratar estos temas, mayor que el resto de países. Me parece que el resto, todavía no lo tiene dentro de su discusión política. Creo que, en estos países que no lo están discutiendo, hay un gravísimo problema y es que hay élites con poder de decisión que no están dispuestas a aceptar que, esta crisis, es el inicio de un cambio del modelo económico y del modelo social. 

Todo dependerá, o sea, la capacidad que tendremos de avanzar por la senda de un desarrollo más sostenible, más sostenido, con más empleo y más bienestar, también dependerá de los cambios en la discusión que se dé a nivel internacional. Si continuamos teniendo la influencia, por ejemplo, de Estados Unidos, con el gobierno actual, que tiene un total desinterés en estos temas, probablemente no vaya a calar en las élites centroamericanas esta necesidad de cambio. No creo que haya fuerzas internas, en este momento, en los Estados centroamericanos que logren cambiar la correlación de fuerzas actual. Infortunadamente, la correlación de fuerzas actual, con la salvedad de Costa Rica, y en muy menor medida en Panamá, en el resto de los países, la correlación de fuerzas es que salgamos de esta crisis con menos derechos y no con más.

Es infortunado cerrar con esto, pero así es. O sea, si los trabajadores, no toman conciencia de que tienen que empujar cambios para más derechos; si las enormes masas de personas en edad de trabajar, precarizadas, sin contrato de trabajo, sin seguridad social, no comienzan a tomar conciencia de que son mayoría y que además tienen el poder de empujar una discusión política que lleve hacia un nuevo sistema, pues estamos perdidos. Porque esto no es un cambio que va a surgir de la buena voluntad de las rancias y tradicionales élites de Centroamérica. Esto requiere nuevos actores, nuevos liderazgos y, por supuesto, roles mucho más activos de aquellos que se ven afectados con la pérdida de derechos que ya tenía el sistema en el que estamos… 

En Centroamérica de los 22.5 que viven en pobreza, es decir 45 de cada 100, 18.4 viven en Guatemala, El Salvador y Honduras reflejando la inexistencia de programas y políticas de asistencia social en estos tres países. Además, lo que nos revela este dato es que tenemos problemas estructurales muy graves que los efectos relacionados con el COVID-19 van a terminar de exacerbar. En resumen, de esta crisis solo podemos salir a través de dos caminos: o es a través de la constitución de más derechos y la garantía de esos derechos; o a partir de la perdida de los pocos derechos con que cuentan los centroamericanos. El enorme reto está en proponer una alternativa que garantice derechos y que reequilibre las responsabilidades en Centroamérica principalmente en cuanto a la administración y el rol del poder público.