En una finca ubicada en el Valle de Palajunoj, en Quetzaltenango, a unos 200 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, un hombre trabajó por 40 años sin imaginar que nunca …
En una finca ubicada en el Valle de Palajunoj, en Quetzaltenango, a unos 200 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, un hombre trabajó por 40 años sin imaginar que nunca se podría jubilar, porque la fracción de dinero que su patrono le descontó cada mes con la promesa de que estaba abonándolo al Instituto Guatemalteco de Previsión Social (IGSS), nunca la cumplió.
Este es solo uno de los casos documentados por Fernanda Hopenhaym, especialista en empresas y derechos humanos, y Lyra Jakulevičienė, jurista internacional especializada en derechos humanos y derecho internacional en su visita a Guatemala entre el 18 y el 28 de agosto de 2026.
Ambas son integrantes del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, un mecanismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuya misión es promover la difusión y aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGPs), así como evaluar y hacer recomendaciones sobre su estado a nivel global.
En Guatemala, las expertas registraron testimonios sobre violaciones de los derechos laborales en el sector agrícola —especialmente, en las plantaciones de palma de aceite, banano, plátano y caña de azúcar— y el sector minero. Estos incluyen accidentes laborales derivados del incumplimiento de normas básicas de seguridad y alegaciones de trabajo infantil.
En los campos de monocultivo, las expertas también observaron la existencia de jornadas de trabajo excesivamente largas cobrando el salario mínimo (3,625.89 quetzales para el sector agrícola fuera del departamento de Guatemala). Para soportar estas condiciones, las expertas documentaron testimonios sobre algunas personas que son forzadas a consumir mezclas de bebidas energéticas y analgésicos, lo que tiene implicaciones para su salud.
Esta es la primera vez que el Grupo de Trabajo visita Guatemala. Durante los diez días que estuvieron en el país, se reunieron con entidades gubernamentales, como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) y el Fondo de Tierras, empresas y asociaciones del sector privado —como la Gremial de Palmicultores de Guatemala (GREPALMA)—.
También se reunieron con representantes de pueblos indígenas, de la academia y de la sociedad civil y lamentaron no lograr reunirse con diputadas y diputados del Congreso de la República, a pesar de haber enviado reiteradas solicitudes
Estas reuniones permitieron a las expertas concluir en que, en Guatemala, «una parte sustancial del capital y del poder de decisión sigue concentrada en un número relativamente reducido de grandes grupos empresariales y conglomerados controlados por familias, con una influencia significativa sobre la política económica y pública».
Los hallazgos de la visita fueron consolidados en una declaración final y presentados en una conferencia de prensa. El informe final con precisión de datos y hallazgos se presentará en junio de 2027.
Las expertas también manifestaron preocupación por la criminalización y estigmatización contra las personas defensoras de los derechos humanos en Guatemala, utilizada como una herramienta por parte de las empresas para silenciar la disidencia ante sus proyectos; además del reiterado incumplimiento al derecho a la consulta libre, previa e informada, establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En entrevista con Agencia Ocote, Fernanda Hopenhaym analiza la condición del cumplimiento de los derechos humanos en las empresas que operan en Guatemala, sus consecuencias para las mujeres, los pueblos indígenas y el ambiente; así como el papel del gobierno en la atención de esta temática.
Entre el 18 y el 28 de agosto, ustedes se reunieron con entidades gubernamentales, representantes de los pueblos indígenas y organizaciones de sociedad civil, entre otros. ¿Existió coherencia entre lo que el gobierno les dijo y las denuncias que recibieron sobre violaciones a los derechos humanos?
Desde la perspectiva desde donde uno se pare, presenta ciertos matices sobre una misma realidad.
Por supuesto que las personas cuyos derechos son vulnerados cada día, que no tienen agua, que no tienen electricidad, que no se respetan sus derechos culturales y ancestrales a la tierra o la consulta, tienen una perspectiva mucho más negativa o difícil de la realidad, porque son quienes sufren las afectaciones a sus derechos cada día.
Desde la perspectiva del gobierno, creo que se reconocen los desafíos en general. Vimos bastante apertura al diálogo y algunos esfuerzos importantes. Pero creemos que necesitan redoblarlos y aprovechar este último año antes del proceso electoral –en 2027– para realmente fortalecer y avanzar en la implementación, por ejemplo, de la Política Pública de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos en Guatemala.
¿Puede compartirnos un caso que le haya impresionado y que, quizás, resuma la condición de Guatemala sobre empresas y cumplimiento de los derechos humanos?
Un caso que creo que nos impresionó mucho a toda la delegación fue la condición del acceso al agua en el Valle de Palajunoj, –en Quetzaltenango– donde existen operaciones mineras.
Junto a ellas (las empresas), hay comunidades que no cuentan con ningún tipo de agua, aunque tienen toda la conexión hecha desde hace más de diez años. Almacenan agua de lluvia y, cuando tienen el recurso económico, compran.
Hemos visto el tema del agua como algo bastante grave en varias zonas del país. Nos impactó mucho porque las fuentes de agua están contaminadas, o (las personas) no tienen acceso. Esto impacta en la salud y en la alimentación.
A inicios de agosto, se presentó una iniciativa de Ley de Aguas construida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). ¿Cree que este marco regulatorio vendría, de alguna manera, a ayudar o regular estas problemáticas que ustedes documentaron?
Vemos muy necesario que haya algún tipo de regulación en materia de agua, creemos que Guatemala necesita una ley de aguas.
Será muy importante que el resultado final considere el derecho humano al agua. Eso fortalecerá esa garantía e incluirá una perspectiva de derecho. También debe garantizar acceso, la calidad y la asequibilidad.
En un país donde casi todos los servicios básicos o todos están privatizados, ¿quién va a manejar el agua? ¿Quién la va a proveer y cuánto le van a cobrar a los usuarios? Creo que esa es la preocupación fundamental que esperamos se aborde de manera adecuada para prevenir que no se generen mayores desafíos.
También creemos que sería interesante que se reconozcan las formas comunitarias de manejo de agua, que en algunos casos existen y funcionan. Que se aprovechen, que ya están funcionando, se reconozcan y que esta ley no vaya en detrimento de algunas prácticas tradicionales que sí son buenas.
¿Cuál es el grupo poblacional —por ejemplo, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas— que se encuentra más vulnerable en derechos humanos?
Los pueblos indígenas sufren de racismo estructural, exclusión histórica y profunda desigualdad. Muchos viven en situaciones de pobreza y pobreza extrema, además de vulneraciones a sus derechos colectivos sobre el territorio, el derecho a consulta, sus sitios sagrados o sus formas de vida.
Sin embargo, también vimos que las mujeres indígenas y defensoras de derechos humanos sufren muchas vulneraciones porque adicional a esto se suma la violencia de género, la violencia sexual, e incluso el silenciar sus opiniones, o hacer que sea difícil su participación.
Por ejemplo, quienes las persiguen, las estigmatizan y las criminalizan, utilizan a sus familias, a veces hijas e hijos, para generar mayor presión y silenciar su trabajo de defensa de derechos humanos.
En la población de la diversidad sexual y de género, también observamos cierta discriminación, particularmente a nivel de comunidades rurales donde están estigmatizades o son excluides y discriminades.
Sí hay un impacto diferenciado, lo observamos y lo documentamos.
¿En qué sectores empresariales encontraron la mayor cantidad de incumplimientos en derechos humanos?
El tema agrícola y los monocultivos presenta muchos desafíos. Por ejemplo, impactos ambientales como la contaminación de mantos acuíferos o por pesticidas, el desgaste de la tierra por el propio monocultivo y la expansión de la frontera agrícola.
En cuanto a las afectaciones al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, los sectores de minería y energía también presentan varias problemáticas con las comunidades, alta conflictividad, además de algunas cuestiones laborales y, por supuesto, muchas cuestiones ambientales y de sobreexplotación de recursos naturales.
En Agencia Ocote hemos documentado casos de trabajadores que son contratados por pequeños periodos de tiempo, por ejemplo, en la industria de la palma africana. ¿Documentaron ustedes casos similares?
Fue una de las cuestiones que preguntamos bastante, por ejemplo, en los ingenios azucareros y también en la palma y en otras cadenas como banano y plátano. Algunas empresas reportaban que en la zafra sí se les da todos los beneficios aunque sea temporalmente, pero la perspectiva de los trabajadores a veces era otra.
Yo he visitado Guatemala desde hace muchos años y observo algunas mejoras en materia laboral. En algunas empresas, hay también muchos desafíos persistentes. El tema de los trabajadores temporales y el incumplimiento a sus derechos laborales es algo bastante común que todavía se observa de forma generalizada.
Para profundizar en lo que comenta, ¿qué mejoras ha observado estos años durante sus visitas a Guatemala?
Ha aumentado mucho el número de empresas abiertas al diálogo o con iniciativas positivas, por ejemplo, para intentar mejorar su relacionamiento con las comunidades. Claro, muchas veces los diálogos no constituyen consultas tal cual conforme a estándares internacionales, pero creo que sí hay un esfuerzo por dialogar, por escuchar un poco más.
Las empresas exportadoras también tienen requisitos internacionales para los mercados donde quieren colocar sus productos y eso también ha ayudado a que se vean mejoras. Algunas tienen mecanismos de quejas que empiezan a funcionar un poco más o tienen la «buena voluntad» de tener iniciativas en materia de género o de tratar de llegar a acuerdos con las comunidades.
Hay, por supuesto, heterogeneidad en el sector privado, tampoco es lo mismo las grandes empresas de vocación exportadora que las pequeñas y medianas.
¿Se reunieron con el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)? ¿Cómo evalúa el comportamiento de sus agremiados?
Claro. La reunión con el CACIF fue positiva. Siempre están abiertos al diálogo con este mecanismo (de la ONU). Han estado en nuestros foros internacionales y, en esta visita, también se reunieron con nosotros.
Luego están otro tipo de cuestiones que podemos observar como sus posicionamientos públicos y demás. Y, ahí, toca analizar cuán alineados están esos pronunciamientos o esos esfuerzos de incidencia con los principios de derecho humanos y empresa.
Siempre instamos a que haya una alineación mayor y les invitamos a ir revisando sus posturas con vocación a cumplir con los estándares internacionales de protección ambiental y de derechos humanos.
¿Qué diferencias y similitudes encontraron entre las condiciones de los departamentos que visitaron (Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos)?
Además de los visitados, nos reunimos con gente de otros espacios: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Huehuetenango… Entonces, nos hicimos una idea bastante clara y lo más completa posible de lo que sucede en el país.
Como similitudes encontramos la existencia de personas defensoras criminalizadas en todo el país, muchas de ellas, por manifestar su inconformidad con proyectos empresariales o defendiendo derechos en ese contexto, por ejemplo, de consentimiento previo libre e informado y de la tierra.
En materia laboral, varía por el tipo de industria que hay en cada región. La minería, por ejemplo, no tiene los mismos problemas que el agro en materia laboral. El riesgo, por ejemplo, de trabajo infantil es mucho más alto en el campo que en una mina o en un proyecto energético o de hidrocarburo.
También es variable el compromiso, las acciones y la voluntad de trabajo de los municipios y los departamentos.
¿Qué barreras encontraron para que las víctimas de violaciones a sus derechos humanos puedan lograr justicia?
Lamentablemente en Guatemala hemos observado que hay grandes desafíos con el sistema de justicia y eso es algo que nos preocupa no solo nosotras, sino también otros relatores que han venido.
Vemos que las denuncias, al menos en los años anteriores, en contra de una actividad empresarial, demoran mucho en avanzar. La carga de la prueba es muy alta para las comunidades, son procesos engorrosos.
A veces, cuando un defensor es atacado o amenazado, se desestima la denuncia. Pero, por el contrario, cuando la denuncia es en su contra, los casos avanzan mucho más rápido.
El sistema de justicia necesita fortalecer, desde la perspectiva jurídica objetiva, los procesos de investigación y las propias decisiones judiciales. Ahí es donde la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) podría cumplir un rol muy importante de fiscalizar cómo se están comportando los poderes del Estado conforme a derechos humanos.
¿Nos explicaría esto, de alguna manera, la conexión entre la incidencia de las empresas en el Estado y la criminalización de defensores de derechos humanos?
Podría leerse como tal. Justamente por eso llamamos a que las empresas se comporten conforme a los derechos humanos, a los principios rectores y se abstengan de tener cualquier tipo de influencia o interferencia indebida en cualquiera de los poderes.
Para retomar lo que mencionaba sobre el papel de la PDH en esta materia ¿cuál es la valoración que tienen?
Vemos algunos desafíos. Observamos que hacen un trabajo de promoción y difusión (de los derechos bastante importante). Sin embargo, no están utilizando las herramientas para hace cumplir sus otras competencias,
Por ejemplo, la PDH podría hacer recomendaciones generales o manifestaciones al Estado o a distintas entidades públicas en casos concretos. También podría realizar mediar en conflictos y acompañar a las víctimas. Todo eso son facultades que tiene y que creemos que no están siendo utilizadas como podrían.
¿Está el Estado de Guatemala dándole seguimiento correctamente a estas vulneraciones?
Vemos iniciativas positivas o compromiso de este gobierno de avanzar en ciertas cuestiones, como la Política de Personas Defensoras, la Política y Plan Municipal de Desarrollo de las Mujeres y todo el diálogo permanente que tiene el presidente de la República con autoridades indígenas ancestrales. Esperamos que pasen de la parte de plan y diálogo a acción concreta y solución.
También esperamos que se avance con el desarrollo de una línea base en materia de empresas y derechos humanos liderada por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), que ojalá de como resultado un plan nacional de empresas y derechos humanos que ayude a empujar hacia soluciones.
El sistema de justicia sí nos preocupa mucho. Veremos qué sucede ahora con el fiscal general y el comportamiento del Ministerio Público (MP) en materia, por ejemplo, de criminalización y judicialización de personas defensoras. Nos parece un tema grave en el cual se debe actuar de inmediato.
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Conoce el informe final de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2027.
Entrevista: Kristhal Figueroa
Edición: Lourdes Álvarez
