Walter Mazariegos está aferrado a la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), a pesar de contar con más de 20 denuncias penales en su contra. Diversos …
Walter Mazariegos está aferrado a la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), a pesar de contar con más de 20 denuncias penales en su contra. Diversos sectores sociales, diputados y hasta la Contraloría General de Cuentas (CGC) lo acusan de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y otros delitos que permitieron su fraudulenta reelección.
Su interés por mantener la posición supera el poder que ostenta dentro de la casa de estudios. Desde ese cargo preside el Consejo Superior Universitario (CSU), el gobierno universitario, con un presupuesto que para 2026 supera los 8,000 millones de quetzales.
Junto a otros cuarenta consejeros, inciden con cargos de poder designados por ellos mismos en 32 instituciones del Estado. También en las Comisiones de Postulación para elegir a autoridades de siete instituciones clave para el manejo del sistema económico, electoral, eléctrico y de justicia. Su influencia está documentada en el Mapa de Poder realizado por la misma Usac a través de la Dirección General de Investigación en 2014.
La Usac es una de las dos entidades con más representaciones e influencia de este tipo: al menos 73 posiciones en 32 entidades. La otra es la élite empresarial aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). Esta élite tiene control sobre 58 instituciones, según una investigación de Plaza Pública.
Años ochenta: Un esfuerzo democratizador
Las representaciones de la Usac fueron concebidas por la Constitución Política de 1985, que derivó en las leyes y reglamentos de las propias instituciones. Fue la década de mayor represión del Conflicto Armado Interno en Guatemala que dejó más de 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos. También más de un millón de desplazados.
Para entenderlo, debemos situarnos en ese tiempo, como lo explica Rodolfo Chang Sum, exdecano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Usac y criminalizado por el MP y la misma universidad en 2023.
La universidad se consideró «el tanque de pensamiento, el lugar para el análisis, la discusión y la formulación de propuestas para el desarrollo del país», indica.
Esta decisión responde a un esfuerzo democratizador, posterior a la militarización del país. Durante esos años existió en Latinoamérica un esfuerzo por establecer sistemas democráticos con mayor rendición de cuentas y participación de distintos sectores, según el académico.
Pero no solo se trataba de propuestas o de incidir. «En Guatemala tenemos una tradición grande de corporativismo y de intentar controlar las instituciones», según la politóloga Briseida Milián Lemus.
Por un lado, (el espacio a la academia) sí responde a la demanda de democratización, pero por otro, a intentos de control de contramayoritarios (quienes impiden las decisiones unilaterales de quienes controlan el poder) en las instituciones», explica.
Cooptación actual
Milián Lemus es la autora del primer tomo de la serie de investigaciones Ultras y Mafiosos de Oxfam que hace un análisis de la cooptación del Estado entre 2014 y 2024. En él, ubica al nodo de Mazariegos entre el grupo de cleptócratas, actores antidemocráticos que buscan el enriquecimiento ilícito.
Desde 2015, según la politóloga, este grupo está alineado o en colaboración con otros actores antidemocráticos que incluye a exmilitares, iglesias, sector justicia ciertos empresarios y el crimer organizado. Dicha colaboración se da ante la amenaza que ven de los grupos prodemocráticos que han ganado nuevas posiciones en el Estado y la esfera político social.
Esta alineación de poderes les ha permitido ganar espacios y mantener el control en instituciones, como la Usac desde donde pueden incidir en espacios de mayor impacto político, económico, social y de justicia.
Comisiones de Postulación
La Usac participa en las Comisiones de Postulación de magistrados y directores de seis instituciones. En el sistema de justicia, lo hace por medio de su decano de Ciencias Jurídicas y Sociales. Él integra la postuladora que elige a los perfiles para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cortes de Apelaciones y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como en la elección de fiscal general.
Además, el rector preside la Comisión de Postulación del TSE. El también participa en la elección de los tres directores de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y del superintendente de Administración Tributaria (SAT).
También podría participar en las postuladoras de la CSJ y Cortes de Apelaciones, si los rectores de las universidades del país lo escogen como su representante. En todo caso participa en la elección del representante.
Autónomas y semiautónomas
La influencia de la Usac alcanza a otras instituciones del Estado —algunas de ellas, autónomas o semiautónomas—. Nombra a 12 representantes (más sus suplentes) en entidades como la Junta Monetaria, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Estos nombramientos son realizados por el Consejo Superior Universitario (CSU), que actualmente funciona de manera ilegal, con la mayoría de consejeros alineados con el rector. Más del 75% de estos tienen el plazo vencido desde 2025 o sus espacios siguen vacantes.
Por ello, los representantes ante las diversas entidades suelen ser subordinados a Mazariegos, sin una discusión real. «Llegan ya decididos. Por lo regular, (el electo) es el que propone este señor (Mazariegos)», explica Chang Sum también exconsejero del CSU.
El CSU también nombra a dos representantes para el Consejo de Enseñanza Privada Superior. Este espacio es clave porque allí se autoriza la creación de nuevas universidades. Por ello, Chang Sum considera que ha sido aprovechado por otros intereses que prevalecen por encima de la calidad educativa.
«Lo agarraron por el lado de las postuladoras. Entonces, hoy tenemos una variedad de universidades creadas como universidades de cartón», señala el exdecano, quien intentó sin éxito ser candidato a rector en 2026, impulsado por la oposición. Con esas fachadas de universidades ahora también tienen control de otras sillas en las postuladoras.
Un ejemplo es la universidad Juan José Arévalo Bermejo, cuyas autoridades están vinculadas a la actual administración de la Usac, según medios de comunicación.
Después de visitas de verificación, el diputado José Chic presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para dejarla —junto a la Universidad Americana, otra con personal vinculado a la administración de Mazariegos— fuera de las elecciones de Contralor General de Cuentas. En esta Comisión de Postulación también participan los decanos de Ciencias Económicas.
La Usac no es la única institución con fuerte incidencia en el Estado. En niveles similares se encuentran otros actores como el Cacif, y los colegios profesionales.
Esto «los hace igual de relevantes para efectos prácticos (y de poder) que el Congreso, las Cortes o un Gabinete de Ministros», agrega Milián Lemus.
Reforma constitucional
Los recursos, la autonomía y los espacios en todos los niveles del Estado le dan un atractivo a la Usac para los grupos de poder. Ahí encuentran «la posibilidad, a través de la cantidad de instituciones con toma de decisiones, de controlar pequeños feudos y poder estar en la mesa cuando se tomen las grandes decisiones», explica Milián Lemus.
Y estos espacios que hace cuarenta años le concedieron no hay forma de arrancárselos sin una reforma constitucional y de leyes específicas.
Esa sería la única forma de eliminar el interés de los grupos de poder sobre la Usac y permitirle que se dedique unicamente a la academia, según Chang Sum.
Varios sectores alzan la voz pidiendo se analicen las reformas. Una de las iniciativas que más se hace escuchar es la de la asociación Poder Ciudadano, que busca modificar poco más de diez artículos constitucionales, entre ellos, los relativos a la implementación de las Comisiones de Postulación.
Milián Lemus coincide en que «la ruta ideal sería una reforma constitucional de la forma en la que se eligen esos cargos».
