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En 2024, una organización me contó la historia de una comunidad en Alta Verapaz que autogestionaba su propio sistema de captación y distribución de agua. Con su ayuda, logré contactar a sus líderes para publicar esta historia como parte de La última gota, un especial periodístico en el que retratamos la condición del agua en Guatemala —y de quienes, sin legislaciones a su favor, la cuidan y administran en comunidad—.
Horas antes de nuestra visita, recibí una llamada de una de las lideresas comunitarias. Me dijo que en la asamblea comunitaria decidieron cancelar nuestra visita debido a que temían que, si el texto se publicaba, «otras personas malintencionadas o la misma industria podrían ubicar el río y utilizarlo o desviarlo a su antojo». No quiso entrar en detalles, por seguridad.
Hace unos días volví a escuchar preocupaciones similares, cuando entrevisté a dos representantes de la Comisión Plurinacional por el Agua, una alianza conformada por unas 35 organizaciones y asambleas territoriales que defienden y cuidan este recurso.
En la conversación, Blanca Estela Morales y Abelino Chub Caal analizaron las dos iniciativas de ley de aguas en el Congreso de la República: la 6816, construida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y la 6834, presentada por la bancada UNE. (Puedes leer la entrevista aquí).
Uno de los puntos de la iniciativa de ley 6816 que más les preocupa a ambos líderes es precisamente la creación de un Registro Único de Derechos de Aprovechamiento del Agua. Advirtieron que esto podría terminar favoreciendo a quienes se adelanten a inscribir nacimientos y pozos, mientras las comunidades enfrentan problemas para demostrar la propiedad de sus territorios. Chub resume el temor así: «Desde ese inventario se concreta el despojo que todavía no han logrado culminar».
Analistas como Luis Fernando Paiz Lemus, abogado e investigador de la Universidad Rafael Landívar (URL) lo ven diferente. Hablé con él la semana pasada y me comentó que esta iniciativa de ley sí incorpora elementos importantes para la gobernanza del agua. Por ejemplo, reconoce el derecho humano al agua —y a defenderla— y obliga a las empresas extractivas a realizar consultas a las comunidades indígenas previo a establecer sus proyectos.
«No todos van a quedar contentos. No todos van a estar con sus intereses intactos. Tanto las comunidades como el sector privado —y como el mismo Estado—, van a tener que ceder en ciertos puntos», me dijo. Puedes leer la entrevista aquí.
La Comisión Plurinacional por el Agua, al igual que otros actores, como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), buscan participar en la discusión legislativa de estas propuestas.
Sin embargo, a casi dos meses de la presentación de ambas iniciativas, el debate en el Congreso aún no arranca. Nosotras seguiremos de cerca quiénes se sientan a la mesa, qué propuestas llegan al Congreso y cuáles quedan fuera.
