Luego de que la Presidencia vetara el Decreto 10-2026, Ley para Prevenir el Abuso Sexual Infantil, los diputados remitieron el veto a la Corte de Constitucionalidad para pedir una opinión …
Luego de que la Presidencia vetara el Decreto 10-2026, Ley para Prevenir el Abuso Sexual Infantil, los diputados remitieron el veto a la Corte de Constitucionalidad para pedir una opinión sobre las inconstitucionalidades planteadas.
Aprobado el 14 de abril, este decreto, que originalmente era la iniciativa 6430, buscaba corregir la edad mínima de consentimiento sexual, que actualmente es de 14 años.
El objetivo de regularlo según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) es «proteger a los y las adolescentes de los abusos y de las consecuencias que pueden darse al no ser plenamente conscientes en el momento de iniciar la actividad sexual».
Sin embargo, lo que se busca es el castigo a adultos que bajo engaños buscan a menores y no las relaciones entre juventudes. Así lo define Unicef: «Los jóvenes adolescentes pueden ser atraídos a la actividad sexual por parte de adultos mayores a cambio de bienes y favores, por lo que los/las adolescentes de ambientes sociales desfavorables se ven especialmente en riesgo».
El Congreso conoció el veto presidencial el 13 de mayo
Por ello, aunque originalmente la ley tenía la intención de proteger a la niñez de adultos agresores, analistas y el mismo veto del Organismo Ejecutivo alertan por la criminalización de relaciones entre adolescentes y una posible inconstitucionalidad en la nueva ley.
Sin embargo, tras el veto presidencial, la Asociación la Familia Importa (AFI) publicó una serie de videos asegurando que «se atacó a la niñez en Guatemala». Ligia Briz, directora de AFI preguntaba en uno de los videos: ¿a quién interesa continuar abusando sexualmente con impunidad a niños menores de edad?. También aseguraba que «Con este veto están demostrando de qué lado de la historia están».
Video Ligia Briz, directora de AFI
Lo que buscaba la nueva ley
En Guatemala, solo en 2025 se reportaron 77 mil embarazos en menores de entre 10 y 19 años, según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar). De los 4,316 casos reportados entre enero y febrero de ese año, el padre era menor de edad en 492. De los restantes 3,824 casos se desconocía o eran mayores de edad.
Actualmente, con la ley de consentimiento establecida en 14 años, existe una brecha que no protege a menores de entre 15 y 17 años.
Si existe un abuso sexual, aunque no se registre violencia física o psicólogica, los abusadores pueden aludir un consentimiento en la relación sexual. El Decreto 10-2026 (vetado) buscaba un endurecimiento de penas al elevar la edad de consentimiento a 18 años (artículo 173 del Código Penal), considerando violación cualquier acto sexual con un menor de edad. Las penas van de 8 a 12 años.
@raulbarreragt Proteger a las niñas, niños y adolescentes es prioridad.
♬ sonido original – Raúl Barrera
Declaraciones de Raúl Barrera al conocer el veto presidencial
Además del Código Penal, se planteaban reformas en la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.
Esta nueva ley tenía la intención de incrementar las penas cuando las víctimas de violación son menores, llegando a doblar la condena en casos graves.
Sin embargo, aunque se contemplaban excepciones para relaciones consentidas entre adolescentes con diferencias de edad mínima, asegurando que no existiera violencia, coerción o abuso de poder, estas no quedaban claras.
Al no quedar bien definidas en la nueva ley, la confusión jurídica podría llevar a los jueces a criminalizar relaciones entre parejas de adolescentes.
Ejecutivo alude tipo penal ambiguo
El 6 de mayo, el presidente Bernardo Arévalo, en Consejo de Ministros, vetó este decreto con el Acuerdo Gubernativo 68-2026, alegando una inconstitucionalidad, «por lo que no sería admisible su aprobación».
El Ejecutivo utilizó la observación general del Comité de los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, argumentando que Guatemala tiene la obligación de abordar el desarrollo de la sexualidad en la adolescencia desde un enfoque de salud integral y no de forma punitiva.
Por lo mismo, el argumento presidencial es que de ser aprobado el decreto como se mandó al Ejecutivo, provocaría una regresión en el sistema de justicia juvenil nacional.
Según el veto, existe un tipo penal ambiguo, haciendo la ley vaga e imprecisa en las relaciones sexuales entre adolescentes menores de 18 años. Esto queda definitivo en los primeros dos artículos del decreto.
Según el Ejecutivo, la ley no tiene un objetivo diferenciador entre sujeto activo y pasivo en los actos sexuales consensuados. Por lo mismo, al no existir elementos definidos que distingan una conducta de otra, impediría a un juez determinar con certeza jurídica quién es el autor del delito y quién la víctima.
«Las circunstancias descritas tendrán como resultado que no haya reglas claras para saber cuándo se produciría el tipo penal en cuestión ni quién lo cometería. Quedaría un amplio margen de discrecionalidad para los jueces», detalló el acuerdo de veto.
Por lo mismo, el Ejecutivo comenta que aunque reconoce la necesidad de atender las problemáticas que afectan a la niñez y adolescencia, vetan el decreto al incluir la penalización de actos consensuados y no violentos entre personas que pueden dar su consentimiento entre ellos, no así con personas en condición de poder o edad superior.
A favor del veto
Mirna Montenegro, directora del Osar, explica que la organización participó en la iniciativa presentada en 2024 por el diputado Raúl Barrera.
«Nos parecía que el objetivo de cerrar el vacío que había por violencia sexual entre víctimas de 15 a 17 años era bastante bueno».
«Hubo bastantes reuniones (previas) como año y medio», aseguró la doctora Montenegro, quien a pesar de ello reconoce que «el resultado, a nuestro juicio, no salió como se esperaba».
Barrera, diputado ponente de la iniciativa, reconoció que la redacción final del decreto, relativo a las relaciones entre menores podría crear una confusión jurídica. También considera el veto como una oportunidad.
«Es una oportunidad para que el país conozca que existe una realidad devastadora. Las estadísticas de violencia contra la niñez son escandalosas y seguirán proliferando mientras no se reformen los artículo 173 y 173 Bis del Código Penal», mencionó Barrera.
Emma López, psicóloga, educadora e integrante de la Mesa Nacional de Educación Integral en Sexualidad (EIS) también recuerda la urgencia de actuar contra la violencia sexual.
«Las conversaciones son más complejas, especialmente cuando la sexualidad es un tema del que se habla en Guatemala solo con connotación negativa y rodeada de temores y criminalizaciones», indica López.
Para Montenegro, penalizar las relaciones sexuales entre menores de edad es un error, pues según encuestas nacionales, un alto porcentaje las inicia a esas edades.
Según la última Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI 2014-2015), un 8% de las mujeres y un 11% de los hombres ha tenido su primera relación sexual antes de los 15 años de edad.
López ejemplifica que sin la claridad en la ley entre un adulto, una niña y un adolescente, una relación entre adolescentes y jóvenes queda a discreción del sistema de justicia. Un juez podría enviar a la cárcel a un joven de 18 años por tener relaciones sexuales consensuadas con una joven de 17.
La educación sexual
Tanto Montenegro como López hablan de la educación sexual como una herramienta para atender la problemática de la violencia sexual.
«Hay acciones de prevención, como la educación sexual, que deben estar presentes. Vas a lograr mejores mamás y mejores papás si se da educación sexual dentro de la escuela y vas a evitar la violencia sexual. Como organización, nosotros hemos analizado que hay que seguir trabajando para cerrar la brecha. Pero también cerrarla en prevención y atención», indica Montenegro.
López recalca que la evidencia indica que la Eduación Integral en Sexualidad (EIS) contribuye a retrasar el inicio de la actividad sexual, y que si se decide tener, se cuenta con mayor información.
«Si bien hay posiciones que defienden la abstinencia, hay que reconocer que esta es una de las opciones para los jóvenes, no la única. Y que los programas de abstinencia desarrollados en otros países como modelo de educación sexual no han generado los resultados esperados».
«Lo digo como educadora de EIS, como docente universitaria, pero también como mamá. Condeno la violencia sexual y todas las agresiones contra la dignidad de la niñez y la adolescencia. Pero sé que la vía no puede ser llenarles de miedo y persecución, sino en la creación de espacios para preguntar, para hablar, sentirse acompañados y acompañadas y tomar decisiones con información», finaliza López.
