Roberto Molina Barreto ha mantenido su posición en la Corte de Constitucionalidad (CC) como magistrado. Para el periodo 2006-2011 fue desingado por el presidente Oscar Berger y para 2011-2016 fue …
Roberto Molina Barreto ha mantenido su posición en la Corte de Constitucionalidad (CC) como magistrado. Para el periodo 2006-2011 fue desingado por el presidente Oscar Berger y para 2011-2016 fue reelecto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). No fue electo en 2016, pero en 2020-2021 fue designado de nuevo por la CSJ en sustitución del magistrado Neftaly Aldana que cesó por enfemedad. Fue reelecto por la misma CSJ para 2021-2026.
Molina Barreto ha sido uno de los nombres más sonados en la actualidad para la elección desde el Congreso de la República.
Sin embargo, a Fáctica se consultó si sus resoluciones han beneficiado a delincuentes, como circula en redes sociales.
El magistrado ha sido cuestionado por resoluciones que han beneficiado a personajes políticos como los expresidentes Efraín Ríos Monttt y Otto Pérez Molina. Además de miembros del crimen organizado como el pandillero Aldo Dupie, alias «El Lobo» y otras personas ligadas al narcotráfico.
La información es pública pues sus resoluciones pueden consultarse en la página de la Corte de Constitucionalidad. Diversos medios también lo han publicado, principalmente ahora que busca un cuarto mandato en la CC.
Organizaciones como la Plataforma Nacional de Víctimas exigió al Congreso no elegirlo, señalando que sus resoluciones han protegido a responsables de violaciones a derechos humanos.
Juicio por genocidio
Roberto Molina Barreto ha sido magistrado de la CC desde hace 20 años. Una de sus resoluciones más polémicas fue en la se anuló el juicio por genocidio.
En 2013, durante su segundo mandato, voto por la anulación de la sentencia de 80 años de prisión impuesta contra el general Efraín Ríos Montt.
La organización Movimiento Pro Justicia detalla que «según su postura (la de Molina Barreto), el tribunal no cumplió con un amparo que ordenaba resolver previamente una recusación planteada por la defensa y suspender el juicio mientras se tramitaba. Esto implicó que todas las actuaciones realizadas después de la notificación, incluido el juicio, fueran consideradas nulas».
Seis años después (2019), intentaría participar como vicepresidenciable por el partido Valor, junto con Zury Ríos, hija del militar.
Sin embargo, la inscripción de ella fue denegada, porque el artículo 186 de la Constitución prohibe optar al cargo a familiares de presidentes que hayan llegado al poder por la fuerza, como lo hizo Ríos Montt en 1982.
Otto Pérez Molina
En 2015, Molina Barreto defendió el amparo provisional que suspendió la comisión pesquisidora que investigaría al presidente Otto Pérez Molina. El argumento fue que la institucionalidad del país estaba en riesgo si se procesaba a uno de los órganos del Estado.
En septiembre de ese año, el Congreso le retiró la inmunidad por lo que Pérez Molina renunció y luego de ser sometido a la justicia fue condenado por actos de corrupción.
En otro caso de corrupción, en 2021, se evidenció una conexión de Molina Barreto con el caso Fénix, relacionado con lavado de fondos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Este caso lo hizo público por primera vez la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2017.
La vinculación de Molina ocurrió tras comprobarse que en la década del 2000 fue notario en empresas vinculadas a Gustavo Herrera (líder de la estructura), aún prófugo por lavado de Q350 millones en 2003.
«Quiénes lo han elegido»
Astrid Escobedo, abogada de derechos humanos y miembro del grupo Voces Guatemaltecas en el Exilio, explica que «hablar de Molina Barreto es una tradición como personaje del sector justicia, pero lo primero que llama la atención es quiénes lo han elegido».
Oscar Berger fue quien lo designó como magistrado en 2006 y luego la CSJ. Para Escobedo, también es necesario cuestionar su candidatura como vicepresidenciable en el partido Valor.
«¿Quién era la presidenciable de Valor? Zury Rios. Entonces aquí vale preguntarnos, ¿hay algún nexo entre esa candidatura a vicepresidente y el fallo que anuló la sentencia condenatoria de Ríos Montt?».
Sobre el caso de genocidio, para la experta en derechos humanos el problema es «por qué en algunos casos “aparentemente” vamos a ser garantes del debido proceso y en otros no».
Escobedo menciona que en Guatemala no ha habido interés real en que exista justicia transicional, porque se protege intereses de sectores de poder. «Hubo amparos el transcurso del juicio (por genocidio), entonces la pregunta es ¿por qué la CC se abroga el rol de un juez natural?».
Sobre el caso de Pérez Molina, menciona Escobedo que –aunque condenado– se revitalizó su posición después de la salida de la CICIG.
Molina Barreto «no representa el cambio, no representa que se garanticen los derechos constitucionales. Más bien, es selectivo en garantizar esos derechos. Entonces, ¿cómo percibimos esos votos para la democracia y Estado de derecho?»
Benefició a pandilleros
El magistrado también ha tenido fallos cuestionables que se relacionan con el crimen organizado.
El periodista Alexander Valdéz publicó que Molina Barreto emitió un fallo que benefició a integrantes del Barrio 18, incluido Aldo Dupié Ochoa, «El Lobo» en 2021. Esta resolución fue avalada por cinco magistrados de la CC, incluida Dina Ochoa, quien recién fue reelecta por la CSJ para el nuevo periodo en la CC.
«El caso del “Lobo” es para infartarse. Yo siempre he defendido el debido proceso para los pandilleros. Pero ahí está el problema: no se lo dan a todos. Hay jóvenes que los obligan a ser parte de una pandilla y que encima los mandan a recoger extorsión», afirma Escobedo.
«¿Tienen alguna oportunidad estos muchachos? No. ¿Y por qué al que tiene tantos años de prisión encima le dan esos privilegios (traslado de prisión)», se lamenta la profesional y luego pregunta: ¿Están resolviendo para defender el debido proceso y los derechos (de los reos) o están privilegiando un momento político del país?».
Alcalde vínculado al narcotráfico
Una resolución relacionada con el narcotráfico también cuestiona el actuar de Molina. Un artículo de Prensa Comunitaria revela que un fallo de la CC en 2024 evitó que se reactivara una solicitud de antejuicio contra Exadillas Dionel Ramos Aguilar, alcalde de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.
La CC negó a la Fiscalía contra el Narcotráfico la posibilidad para investigar al alcalde un mes antes de que el gobierno de Estados Unidos pidiera a Guatemala su captura y extradición por los mismos delitos.
El magistrado Roberto Molina Barreto, recién asumió el cargo en la actual magistratura, otorgó beneficios a Aldo Dupie Ochoa alias “el Lobo” y a otros miembros del Barrio 18.
— Alexander Valdéz (@J_AlexValdez) March 2, 2026
Consta en el expediente 4279-2021. Un fallo que firmó junto a Dina Ochoa, que también busca la… pic.twitter.com/3jhJXHU1Fd
«Cuando vemos este contexto, vemos que Barreto ha sido un afin muy importante para desestabilizar el país», asegura la abogada Escobedo.
Finaliza con que al buscar su reelección no se pretende «lo mejor para el país ni que vaya en sintonía con la democracia o con los principios del Estado de derecho o estándares internacionales».
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