En 2025, al menos 124 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas a nivel mundial. Sus vidas fueron arrebatadas por «proteger sus tierras y sus medios de vida …
En 2025, al menos 124 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas a nivel mundial. Sus vidas fueron arrebatadas por «proteger sus tierras y sus medios de vida frente a la destrucción», indica el informe Poder colectivo de Global Witness.
La organización fue fundada en 1993. Desde entonces, se dedica a investigar y exponer cómo las industrias que «alimentan la crisis climática se benefician de la destrucción», según su sitio web.
El 97.58% de los asesinatos (121 del total) sucedieron en Latinoamérica. La región ha concentrado la mayoría de estos casos desde hace más de una década, según el informe.
Guatemala, territorio letal para defensores
Guatemala es el quinto país con la mayor cantidad de asesinatos: ocho en total. De las ocho personas asesinadas, según el estudio, seis están vinculadas a minería, agroindustrias e hidroeléctricas.
La cantidad disminuyó un 60% en comparación de 2024, cuando el país acumuló 20 casos. Pero esta disminución sólo es aparente y existe un subregistro de casos, según Leocadio Juracán, defensor del territorio, líder campesino y exdiputado al Congreso de la República por el partido político Convergencia (que se disolvió en 2020)
«Hay personas que no denuncian por temor a represalias. O bien, (el Estado) no los registra como defensores del ambiente y el territorio», explica Juracán.
¿Qué motiva los asesinatos de defensores ambientales y en qué lugares?
En el informe, Global Witness reconoce que es difícil determinar qué motiva los asesinatos de las personas defensoras. «Los mismos factores que alimentan los ataques también dificultan el esclarecimiento de las circunstancias que los rodean», explica la organización.
Sin embargo, en el caso de Guatemala, el informe reconoce que todos los asesinatos ocurridos en 2025 son consecuencia de conflictos u oposición a sectores económicos particulares.
Sobre la ubicación geográfica de los asesinatos, dos de ellos ocurrieron en el departamento de Izabal, con ocho meses de diferencia. Se trata de Misael Mata Asencio y Víctor Manuel Colindres.
Ambos eran líderes comunitarios y participaban en en la resistencia antiminera conformada por 54 comunidades de la Sierra Santa Cruz, donde la empresa Río Nickel S.A buscaba operar, previo a que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) le retirara la licencia ambiental.
Tres de los asesinatos ocurrieron en Zacapa. Hanswer Adolfo Gómez Marroquín y Abel Hernández Ramírez murieron, junto a un agente de la Policía Nacional Civil, en una diligencia judicial realizada por la PNC en la comunidad Santa Rosalía Mármol, Río Hondo para permitirle el ingreso a personal de Inversiones Pasabien a las instalaciones de la hidroeléctrica con el mismo nombre.
La comunidad a la que Gómez y Hernández pertenecían exigían el cese de operaciones de la hidroeléctrica. Tanto ellos como la municipalidad aseguraban que las fincas utilizadas por Pasabien fueron sobretituladas de manera anómala. Siete meses después de sus muertes, en febrero de 2026, el MARN también canceló la licencia ambiental de la hidroeléctrica.
También en Zacapa, Marco Antonio Zuleta Quevedo fue asesinado con arma de fuego cuando se dirigía a su hogar en Usumatlán. Era guardarrecursos y bombero forestal en la Reserva de Biósfera Sierra de las Minas (RBSM) y trabajaba para la Fundación Defensores de la Naturaleza.
Semanas antes, Zuleta había presentado una denuncia ante el Ministerio Público (MP) tras recibir amenazas de muerte vía telefónica. Estas respondían, según aseguraba, a sus constantes denuncias públicas sobre la extracción ilegal de recursos naturales en dicho territorio.
Manuel Orellana y Arelis López eran una pareja que fueron atacados en San José, Escuintla, en un hecho que el informe vincula con la Agroindustria. En ese mismo departamento, fue asesinado el campesino Clovis Aguirre por un conflicto de tierras relacionado al narcotráfico.
La violencia se transforma a una «muerte civil»
La aparente disminución de la violencia física también tiene otra explicación. Según Juracán, los defensores del ambiente y el territorio en Guatemala son también criminalizados, algo que él mismo vivió en 2025.
Esto «traduce la muerte física a la muerte civil», sentencia el entrevistado
Juracán también señala otras vulneraciones contra los pueblos indígenas, como los desalojos. Entre enero de 2010 y noviembre de 2025, se documentaron 6,195 casos a nivel nacional por el delito de usurpación agravada, documentó el informe Desalojo y criminalización de los de los pueblos indígenas en Guatemala: el rol del Ministerio Público, publicado por la Fundación para el Debido Proceso y otras organizaciones.
Según esa publicación, la administración de la exfiscal general Consuelo Porras en el Ministerio Público (MP) judicializó «un sinfín» de casos a partir de «la sola interposición de denuncias o querellas por particulares, sin que conste una verificación suficiente de elementos básicos para la investigación», indica.
«Eso vulnera aún más el hambre y la pobreza extrema. También resurgieron grupos armados que actúan clandestinamente para reprimir a las comunidades», explica Juracán.
La violencia contra las defensoras no siempre termina en asesinato
Aunque solo una de los ocho defensores del ambiente y el territorio asesinados en 2025 en Guatemala es mujer, esto no implica que ellas no sean víctimas de violencia. Según Global Witness, las defensoras sufren agresiones no letales de forma persistente.
Esta realidad está reflejada en el registro realizado por la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras). Entre 2012 y 2023, dicha organización documentó más de 30 mil agresiones no letales en contra de mujeres en México y Centroamérica. Entre ellas, actividades de acoso, campañas de desprestigio, amenazas verbales, vigilancia de las actividades cotidianas y la violencia psicológica.
Durante su visita a Guatemala, el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) también reconoció las vulneraciones adicionales que las mujeres indígenas y defensoras de los derechos humanos experimentan por su condición de género.
«Por ejemplo, quienes las persiguen, las estigmatizan y las criminalizan, utilizan a sus familias, a veces hijas e hijos, para generar mayor presión y silenciar su trabajo de defensa de derechos humanos», dijo Fernanda Hopenhaym, integrante del grupo, a Agencia Ocote.
De la violencia física a la digital
Según el estudio de Global Witness, a nivel mundial, también existe una propagación de otras formas de violencia contra las personas defensoras. Una de ellas, es el uso de la redes sociales para desacreditar y acosarlas, buscando socavar la confianza pública y aislarlas de sus comunidades.
En el departamento de Santa Rosa, a unos 70 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, el pueblo indígena Xinka ha sido sujeto a una campaña de desinformación por oponerse al proyecto hidroeléctrico El Escobal.
Entre 2018 y abril de 2026, 11 cuentas difundieron 201 mensajes con un carácter difamatorio o racista, desinformación e incluso amenazas, según reveló una investigación de Agencia Ocote con el Centro de Investigación Periodística (CLIP).
«Esta diversificación de las estrategias represivas, que comparten el mismo objetivo de intimidar y silenciar a las personas defensoras, podría también explicar, en parte, la disminución del número de asesinatos que se observa en nuestros datos», indica Global Witness.
El MP sigue en silencio sobre las investigaciones
Agencia Ocote consultó sobre el avance de las investigaciones de los ocho asesinatos de defensores del ambiente y el territorio registrados en 2025 al Ministerio Público. Sin embargo, no obtuvo una respuesta.
Mientras el país acumula 113 personas defensoras del ambiente y el territorio los últimos 13 años, la respuesta al problema es limitada.
«Es nula. Existen varias solicitudes de seguridad perimetral, pero no se realizan», dice Juracán.
Global Witness recomienda en su informe que los Estados refuercen la protección colectiva de las personas defensoras y las comunidades. Desde 2025, Guatemala tiene una Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, la cual estará vigente hasta 2035.
Pero esta «no se está implementando. A mi juicio siempre ha existido un Estado opresor, contrainsurgente y violador. Los políticos carecen de voluntad para implementarla», finaliza Juracán.
Ellos y ellas fallecieron en la defensa del ambiente y el territorio:
1. Abel Hernández Ramírez
2. Arelis López
3. Clovis Aguirre
4. Hanswer Adolfo Gómez Marroquín
5. Manuel Orellana
6. Marco Antonio Zuleta Quevedo
7. Misael Mata Asencio
8. Víctor Manuel Colindres
—————————————————–
Créditos:
Redacción: Kristhal Figueroa
Edición: Lourdes Álvarez Nájera
Diseño: Sofia Cabrera
