La Ley de ciberseguridad deja vacíos en violencias de género y abre la puerta a la vigilancia

Guatemala aprobó de urgencia nacional una Ley Marco de Ciberseguridad para delitos digitales. Expertas señalan vacíos para perseguir delitos de violencia de género. Además, advierten que abre un riesgo de control social a través de sistemas de vigilancia masiva.

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Sofía Cabrera

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El robo de contraseñas o el uso de fotografías para crear perfiles falsos ahora se podrán denunciar como delitos a través de la Ley Marco de Ciberseguridad, publicada el 17 de noviembre en el Diario de Centro América. Aun así, expertas en derechos digitales advierten que el enfoque busca priorizar a instituciones y empresas sobre las personas.

La nueva ley incorpora nuevos delitos y sanciones, como el ataque a la integridad de los datos informáticos, la falsificación o el fraude informático. Estos delitos se enfocan en proteger lo que se denomina como «infraestructura crítica».

Esa infraestructura está asociada a la seguridad nacional y el orden público; la economía y estabilidad financiera del Estado; la salud y la vida de la población; o la prestación continua de los servicios esenciales. Afectarla, según la Ley de Ciberseguridad, puede implicar multas o incluso años de cárcel.

Pero la ley tiene un vacío. Las mujeres o niñas que sean víctimas de violencia de género facilitada por la tecnología, como la creación y difusión de deepfakes sexuales, doxing, ciberacoso y ciberhostigamiento sexual, siguen desprotegidas. La norma no nombra ni tipifica estos delitos.

Por otro lado, tampoco sanciona la creación o distribución de pornografía con inteligencia artificial no consentida, tampoco las amenazas de violencia sexual y ataques digitales a lideresas, candidatas o funcionarias en un cargo público.

Nuevos delitos digitales, nueva fiscalía y penas de prisión 

La ley de Ciberseguridad contiene 96 artículos y tipifica ocho nuevos delitos informáticos. Las penas que establece van desde los cuatro hasta los ocho años de prisión y las multas de hasta 300 mil quetzales.

Para atender e investigar estos nuevos casos, el Ministerio Público (MP) deberá crear una fiscalía especializada y una red de asistencia disponible las 24 horas. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) también debe crear una unidad especializada para el apoyo en la investigación científica de este tipo de delitos.

Agencia Ocote solicitó información al MP sobre los detalles, el presupuesto y los tiempos para la creación de la fiscalía especializada pero no se obtuvo respuesta.

El «componente de género» no está previsto

Aunque algunos artículos de la ley de ciberseguridad se pueden utilizar para casos donde se comete violencia contra mujeres, no hay ningún artículo que reconozca la violencia digital de género facilitada por la tecnología. Tampoco se tipifica algún delito que pueda relacionarse directamente con estas violencias ni un agravante por el género.

Para Sara Fratti, abogada especialista en derechos digitales, esta ley no hace un abordaje de perspectiva de género en ninguno de los delitos. «El único que de alguna u otra manera se puede relacionar con uno de los muchísimos tipos de violencia de género facilitada por tecnología, es el relacionado con la creación de perfiles falsos o apropiación de identidades», indica Fratti.

Esta ausencia de la perspectiva de género en la legislación actual sobre el tema representa un reto para jueces y víctimas. 

«Va a ser un desafío, sobre todo en el momento de la implementación de esta de esta nueva normativa, la tipificación adecuada, tanto desde el Ministerio Público como en el organismo judicial. No creo que vaya a cambiar tanto la situación porque el componente de género sigue sin estar previsto», dice Fratti.

En su análisis, «las sobrevivientes de violencia de género facilitada por la tecnología prefieren desistir del proceso, no porque no quieran que se haga justicia, sino porque todo el engranaje judicial es muy difícil de navegar».

De todos modos, Fratti señala que «necesitamos tener una conversación muchísimo más profunda. La ley es insuficiente, pero también hay que entender que una regulación no va a ser la varita mágica».

Añade que las empresas y grandes plataformas digitales también tienen una responsabilidad en cómo se difunden los contenidos: «Muchas veces se cree que la tecnología es neutral y que por eso no va a vulnerar derechos, sin embargo hemos visto cómo en las tiendas de Apple o Android existen muchísimas aplicaciones que desnudan los cuerpos de mujeres a través de inteligencia artificial».

Una ley que protege, sobre todo, a instituciones

Linda García Arenas, cofundadora de CiberfemLab, apunta un poco más allá de la perspectiva de género que no se incluye en la ley de Ciberseguridad. «Ni siquiera es una ley de protección individual de las personas en sus derechos digitales», cuestiona.

García critica que, aunque la ley abre la puerta a que las personas denuncien haber sido víctimas de delitos, la mayoría de estos hacen referencia a ataques o amenazas cibernéticas al Estado, a las instituciones comerciales, privadas, mercantiles, 

Además, a su criterio, presentar una denuncia es complejo: «Las personas no son conscientes de que la violencia digital es violencia». Además, recuerda que muchos casos se desestiman, lo que también causa un rechazo para denunciar.

García no cree que la nueva ley vaya a lograr cambios en ese sentido. «Es una violencia sobre la que muy pocas personas conocen los mecanismos legales», explica. Para eso, recuerda la necesidad de fortalecer el «alfabetismo mediático informacional» que por ahora, considera que no existe en Guatemala.

Y esto se extrapola a la violencia de género, que no siempre se identifica como tal y que la ley no recoge. «Por ejemplo, cuando una pareja quiere controlar a una mujer y le pide sus contraseñas  o su celular, es una forma de violencia. Técnicamente no está infringiendo las medidas de seguridad, no está hackeando, no está robando las contraseñas, pero sí está haciendo uso de la violencia», explica.

«Definitivamente hace falta una ley específica de violencia digital sexual, que vele por las mujeres más que por las instituciones», concluye.

Una ley de doble filo: el control social

Tanto Sara Fratti como Linda García alertan sobre los riesgos de la ley. «Este tipo de leyes pueden llegar a ser graves, porque pueden usarse como un arma de doble filo. Dejando el tema de género y pasando a derechos humanos, aprobar de urgencia nacional la ley de ciberseguridad tiene un trasfondo también de control social», señala García.

La ley crea un Consejo Nacional de Ciberseguridad (Conciber); una Dirección Nacional de Ciberseguridad (Diciber); y un Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad (CRIC-GT).

Instituciones clave en la seguridad nacional, como el ministerio de Gobernación y el de la Defensa Nacional, tendrán atribuciones en ciberdefensa, sobre gestión de riesgos y defensa civil.

«De alguna u otra manera otorga más facultades al Ministerio de Defensa. Podría habilitar también el uso de sistemas de vigilancia, de software de vigilancia masiva, que terminan siendo problemáticos», añade Fratti.

Tampoco se establecen reglas claras sobre los principios de proporcionalidad y necesidad (los límites legales que impiden que el Estado abuse de su poder de vigilancia o castigo), lo que a su criterio, vulnera algunos derechos que están basados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Para conocer detalles de ese proceso de coordinación interinstitucional, Agencia Ocote se comunicó con Rodolfo Zelada, del departamento de comunicación del ministerio de Gobernación, quien aseguró que trasladó la consulta a la cuarta viceministra, Karen Ortiz. Al cierre de edición de esta nota no se había obtenido respuesta. 

También se consultó al Ministerio de la Defensa, pero tampoco dieron respuesta. De obtener alguna de las dos se añadirá a este texto. 


Conoce aquí el especial periodístico A la deriva, sobre violencia de género facilitada por la tecnología


Texto: Lourdes Álvarez Nájera

Edición: Carmen Quintela

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Lourdes Álvarez Nájera

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