Teresa, quien solicitó resguardar su identidad, es una de las usuarias de métodos anticonceptivos que brinda la red de servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) en …
Prioriza Agencia Ocote en Google
Añade Agencia Ocote como fuente preferida
Teresa, quien solicitó resguardar su identidad, es una de las usuarias de métodos anticonceptivos que brinda la red de servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) en el municipio de Jocotán, Chiquimula.
Desde hace dos meses, la rutina de Teresa cambió. Cuando llegó al centro de salud de su comunidad, los salubristas le informaron que las píldoras anticonceptivas que toma a diario ya no estaban disponibles.
Entre febrero y marzo, cada vez que acude al centro de salud para preguntar si ya tienen el método que ella eligió utilizar, no recibe mayores explicaciones. Tampoco sabe las razones del desabastecimiento y dice que no le ofrecen alternativas.
Teresa está muy preocupada. Se vio obligada a suspender el tratamiento porque no se siente cómoda ni segura utilizando otros métodos para evitar embarazos. Comprar las píldoras por su cuenta tampoco es una opción.
«Por la situación económica en la que estoy, el dinero no me alcanza para comprarlas», señala.
Según datos de la Comisión Nacional de Anticonceptivos (CNA), en 2023 se estimó que 1.3 millones de mujeres son usuarias de métodos anticonceptivos que provee el Estado a nivel nacional. En áreas rurales y con población indígena se encuentra la mayor concentración.
Las píldoras que toma Teresa y el inyectable trimestral de acetato de medroxiprogesterona, son los dos métodos de planificación familiar con mayor demanda.
Registros del Ministerio de Salud reportan que por lo menos 500 mil mujeres usan el inyectable trimestral.
Mirna Montenegro, directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), advirtió desde inicios de marzo que las usuarias como Teresa se encuentran en riesgo, porque se vive una crisis por desabastecimiento de esos métodos anticonceptivos.
La gestión de compra internacional que durante 15 años se hizo a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), no se renovó por el Ministerio de Salud en 2025.
Las dificultades iniciaron en 2024
El origen del desabastecimiento no es por falta de fondos. El Ministerio de Salud asignó 125 millones de quetzales para la compra de anticonceptivos en 2025. En 2026, el fondo disponible es de 124 millones de quetzales, según datos obtenidos por información pública.
Hasta mediados de febrero, solo se había ejecutado 4% de ese fondo, según el sistema Sicoin
Consultado al respecto, el viceministro de Regulación, Vigilancia y Control de Salud, Edgar González relata que al momento de iniciar el proceso para la renovación y firma del convenio con UNFPA, se presentaron dificultades en las cláusulas desde el 2024.
«Este es un tema de contraparte -en referencia a UNFPA-, también tenemos problemas con los procesos de liquidación del convenio anterior», dice el funcionario sin especificar mayores detalles.
Agencia Ocote se comunicó a la representación nacional de UNFPA para obtener una reacción. Alejandro Silva, oficial de Salud Sexual y Reproductiva de esa entidad, dice que no emitirán declaraciones.
El viceministro González señala que ante la emergencia, tenían previstas algunas estrategias ante el desabastecimiento calculado entre abril y septiembre de 2025, pero que se prolongó a 2026.
Desde la cartera de Salud se iniciaron procesos para compras a nivel nacional, pero no se concretaron porque las especificaciones técnicas presentadas no estaban acordes a la ley de compras y contrataciones del Estado, en los precios de referencia y vida útil de los productos.
Se establecieron condiciones de precio similares a las que provee UNFPA, lo que resultó poco competitivo para el mercado local e impidió concretar las adquisiciones.
González no brindó nombres de los responsables dentro del Ministerio de esas acciones que derivaron en un mayor retraso.
A través del departamento de comunicación social se solicitó ampliar la información, pero solo se indicó que «las personas encargadas fueron sujetas a procesos administrativos disciplinarios».
Ofrecer cambio de método es un tema complejo
González insiste en que ante el desabastecimiento de los dos métodos de alta demanda, Salud puede ofrecer otros. «Tenemos disponibilidad de todos los demás métodos, menos del ciclo de la píldora y del inyectable de tres meses».
El funcionario reconoce que el nivel de disponibilidad «es crítico en algunos servicios». Afirma que desde el año pasado promueven que las usuarias «cambien de método y usen el inyectable de uno y dos meses, porque son prácticamente lo mismo»
Añade que ese cambio se ofrece a las usuarias por medio de consejerías de salud. Pero Teresa, la usuaria de Jocotán, afirma que en las comunidades la información no fluye como el viceministro indica.
La directora del OSAR, también opina que el alcance del problema es más complejo de lo que plantea el viceministro.
Enfatiza que actualmente siete de cada diez mujeres no tienen el método anticonceptivo -de píldora o inyectable- y subraya que el tema no es únicamente logístico, porque trastoca los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, según la normativa vigente.
Advierte que no se trata sencillamente de «cambiar de método» porque cada mujer también debe modificar sus creencias, hábitos y se debe garantizar condiciones de acceso al cambio.
El OSAR recopila datos sobre el nivel de aceptación y cambio, para emitir recomendaciones a Salud a partir de los 23 observatorios departamentales que tiene a nivel nacional. Ya se registran algunos hallazgos que señalan variaciones en cada región.
En Escuintla, por ejemplo, se ha registrado que algunas mujeres han aceptado otros inyectables anticonceptivos, pero sin datos o información exacta. En otros departamentos, las mujeres no han aceptado y se enfrentan al desabastecimiento de su método habitual.
Montenegro insiste en que el cambio debería de estar acompañado de estrategias claras, «lo menos que tendrías que hacer -desde el Ministerio de Salud- es un proceso de comunicación y mensajes clave para que las mujeres tomen la decisión».
Montenegro reitera que estas condiciones de comunicación no se están cumpliendo. «No hemos oído de campañas y consejería en relación a cambio de métodos anticonceptivos», afirma.
Compras a cargo de las DDRISS
Otra estrategia implementada por Salud incluyó autorizar las compras a nivel de las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS).
En departamentos como Petén, Santa Rosa y el hospital nacional de Chimaltenango se han realizado adquisiciones de anticonceptivos de manera directa, pero en volúmenes reducidos que no logran responder a la demanda.
En general, datos del OSAR estiman que de 29 DDRISS solo 3 han realizado compras y de 42 hospitales solo uno.
«Las áreas -DDRISS- tienen 15 años de no comprar», explicó Montenegro , debido a que históricamente el proceso fue centralizado a través de UNFPA.
Esto ha generado dificultades para identificar proveedores, precios y procedimientos en un contexto de emergencia.
Disponibilidad a plazos
Finalmente, el Ministerio de Salud recurrió a mecanismos de compra de emergencia que ofrece la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA).
No descarta que las negociaciones con UNFPA se logren solventar y el proceso siga también a través de esa vía.
Según el funcionario González, la primera compra que se hizo a través de OPS busca garantizar abastecimiento para tres meses, pero no especificó cuántas unidades son y de qué tipo.
Se espera que el primer lote llegue vía aérea a finales de mayo o inicios de junio. Mientras que la otra compra más grande llegará por barco entre agosto y septiembre.
La directora de OSAR advierte que mientras estos plazos se cumplen «las usuarias seguirán sin acceso a un método anticonceptivo».
Créditos:
Redacción: Jaqueline Gálvez
Edición: Lourdes Álvarez Nájera
