Guatemala obtuvo 68 puntos en el Índice de Interferencia de la Industria Tabacalera (IT) en 2025, una encuesta global que mide cómo los gobiernos responden a la interferencia de la …
Guatemala obtuvo 68 puntos en el Índice de Interferencia de la Industria Tabacalera (IT) en 2025, una encuesta global que mide cómo los gobiernos responden a la interferencia de la industria tabacalera que antepone intereses comerciales y particulares frente a las políticas de salud pública. Esto lo establece el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (CMCT de la OMS), al cual Guatemala es signataria.
Este es el peor desempeño del país en los últimos años en la protección de su población frente al consumo de tabaco. Guatemala se ubica en el puesto 63 de 100 países evaluados y está en la lista de alerta de 11 países de Latinoamérica que no mostraron avances.
Los demás países son Costa Rica, Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras, Bolivia, Argentina, Paraguay, Colombia y República Dominicana.
Lo que se evalúa
El índice evalúa cómo la industria tabacalera influye en la política pública a partir de distintas categorías.
«Por ejemplo, los procesos de creación de leyes y de responsabilidad social cooperativa, que también son interferencia de la industria, porque limpian, por así decirlo, la imagen de las tabacaleras a pesar de que detrás de esta imagen hay muertes, hay enfermedad», explica la médico Sofía Mus, asesora técnica del despacho superior del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
Esta evaluación, que se realiza desde 2021, también analiza los mecanismos que los gobiernos implementan para proteger sus políticas públicas de esa interferencia.
Los 68 puntos que obtuvo Guatemala son el resultado de tres factores:
- La carencia de reglas que regulen o prohíban las contribuciones de esa industria a actores políticos.
- Que sigan detenidas leyes clave.
- La falta de mecanismos para regular la interacción entre el gobierno y la industria.
Muchas muertes y sin regulación
Cada año, unas 4 mil personas mueren en Guatemala como consecuencia del consumo de tabaco, según Mus. Esto es más que las 3,139 muertes violentas de 2025, la más alta de las muertes homicidas de los últimos seis años.
Sin embargo, la única ley con que el país cuenta en esta materia es del año 2008, la Ley de Creación de Ambientes Libres de Humo de Tabaco (Decreto 74-2008).
En 2019, la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) presentó al Congreso la iniciativa 5461, Ley de Control del Tabaco y sus Productos. Esta busca regular la comercialización y el consumo a partir, entre otras medidas, de advertencias en los empaquetados y prohibiciones de publicidad.
Seis años después, en 2025, los diputados León Felipe Barrera Villanueva, Luis Javier López Bolaños, César Roberto Dávila Córdova y César Augusto Fión Morales presentaron la iniciativa 6498, Ley de Restricción de Productos que Contienen Nicotina Destinados a la Inhalación sin Combustión.
Buscan la aprobación de la ley, dijeron, para regular los cigarrillos electrónicos y prohibir su venta a menores de edad. Ambas iniciativas se encuentran estancadas en distintas comisiones de trabajo del Congreso.
Falta liderazgo en la Comisión de Salud
Según Ronalth Ochaeta, diputado independiente electo por el Movimiento Semilla e integrante de la Comisión de Salud, existe una «alta fragmentación y volatilidad» en el liderazgo de la comisión.
«Esto provoca que las iniciativas no caminen como deberían» asegura el diputado.
La comisión arrancó la actual legislatura bajo la presidencia de Evelyn Morataya. En ese año, 2024, se avanzó con iniciativas como la ley de trasplante de órganos y la ley para la atención integral del cáncer.
Sin embargo, Morataya debió abandonar la presidencia tras ser declarada independiente, porque el partido VIVA la expulsó de sus filas.
La comisión pasó a manos del diputado Pablo Cifuentes del bloque CABAL y luego a Gerson Barragán de VIVA, quien también fue electo tercer secretario de la Junta Directiva 2026.
A criterio de Ochaeta, existe una falta de compromiso político en el Congreso. «Hay bastante legislación que está parqueada (estancada) en la Comisión de Salud por falta de liderazgo. Ese es el problema de base».
La injerencia en la legislación
Guatemala obtuvo un puntaje de 16 (siendo 1 el más alto y 20 el más bajo) en la categoría «Prevenir la participación de la industria tabacalera en la política» en el IT 2025. Un ejemplo de ello, según la médico Mus, es la injerencia que el sector tabacalero ha desarrollado durante el análisis de las iniciativas de ley 5461 y 6498.
En ambas ocasiones, la Comisión de Salud del Congreso llamó a la industria tabacalera para discutir las iniciativas de ley. En 2018, los congresistas dieron tiempo a este sector para trabajar y presentar observaciones, lo que, en su momento, frenó la discusión.
El año pasado, los diputados León Felipe Barrera y Luis Javier López, del bloque legislativo UNE se reunieron con empresarios del sector de cigarrillos electrónicos.
En la reunión, «el diputado Barrera reafirmó su disposición a recibir las propuestas de los empresarios para trabajar en conjunto y fortalecer la iniciativa de ley», según se consignó en una nota publicada por el Congreso.
«Esto no puede existir. El regulado no puede regularse. Si estamos creando una propuesta de ley, no se puede sentar ahí la industria para definir cómo va a ser regulada», sentencia la experta.
Por su parte, el diputado Ochaeta indica que no ha visto «un lobby como tal» de la industria tabacalera en la Comisión de Salud.
«Lo que he visto es justamente la falta de conjunción de intereses en el marco de agarrar una agenda mínima para movilizar esta iniciativa de ley», explica.
Necesidad de regular el lobby
El artículo 5.3 del CMCT exige que «al establecer y aplicar sus políticas de salud pública relativas al control del tabaco, las partes actuarán de manera que protejan estas políticas de los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, de conformidad con la legislación nacional».
Esto implica que las interacciones entre la industria tabacalera y las entidades gubernamentales sean limitadas, públicas y transparentes. También obliga a los estados a evitar conflictos de interés entre los funcionarios y los empleados gubernamentales.
En Guatemala, esto es considerado en el código de conducta y ética del MSPAS. Sin embargo, no existe regulación en otros sectores públicos que interactúan con el sector tabaquero, como el Congreso.
«Puede venir la industria tabacalera, la farmacéutica… acercarse con un diputado, ofrecerle dinero y no pasa nada. Es normal que ocurran estas prácticas. El problema en general es que no hay legislación que regule el lobby en el sector público», señala Ochaeta.
El consumo de tabaco es el primer factor de riesgo prevenible en el mundo para las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, eventos cerebrovasculares y bronquitis crónica. Según Mus, es un problema que está alcanzando a niños, niñas y adolescentes.
«Pero la industria tiene mucha fuerza, no permite que pasen estas propuestas de ley. Lo político (la voluntad) se puede conseguir, pero evitar que haya interferencia es difícil, porque no existe una regulación», finaliza la médico.
