Por María del Carmen Peláez La historia demuestra que la justicia es clave para la consolidación democrática. Esto es claro al analizar las circunstancias y roles que ha enfrentado el …
Por María del Carmen Peláez
La historia demuestra que la justicia es clave para la consolidación democrática. Esto es claro al analizar las circunstancias y roles que ha enfrentado el sistema de justicia en diversos contextos en los que varían las condiciones democráticas. Además, un nuevo esfuerzo de Diálogos a través del Observatorio Demokracia 360, que se lanzará en los próximos días, permite reforzar esta conclusión con datos que se enfocan en la designación de autoridades mediante la votación de diputados en el Congreso de la República.
Más allá de mostrar el valor de la nueva herramienta de Diálogos para las mediciones de aspectos esenciales de la democracia, este ejercicio también pone sobre la mesa otros procesos de designación que se llevarán a cabo en el año 2026. En la dinámica de esos procesos, la replicabilidad de los análisis que propone el nuevo observatorio puede resultar especialmente valiosa para anticipar aspectos determinantes, identificar actores relevantes y diseñar estrategias de abordaje. Así, en adelante, el ejercicio y sus insumos ofrecen recursos valiosos para entender e intentar incidir en coyunturas de interés y propiciar que se tomen decisiones basadas en evidencia.
La justicia en el autoritarismo y la transición democrática
Las prácticas antidemocráticas perpetuadas desde el sistema de justicia son una constante en la historia. Durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala, los gobiernos autoritarios impusieron regímenes que repercutían en graves violaciones a derechos humanos. Así, la justicia se convertía en una instancia clave para asegurar impunidad o, incluso, para intentar legitimar lo que ocurría. Un claro ejemplo son los “tribunales de fuero especial”, que tramitaban procesos expeditos que restringían el derecho de defensa, al grado que se desconoce el fundamento jurídico de sus sentencias que se basaron únicamente en confesiones que no fueron libres ni espontáneas.
Los tribunales de fuero especial tenían potestad para conocer procesos, resolverlos, ejecutar lo resuelto, operar en secreto y hasta aplicar la pena de muerte. Por el contrario, cuando una persona denunciaba ante la misma justicia estos abusos que se cometían, la única respuesta que se obtenía era la impunidad. Esto, claramente, porque de todas las formas posibles el poder se aseguraba de que no existieran órganos de justicia independientes. Desde ahí, el deterioro y el control de la justicia demostró la inexistencia de un contrapeso efectivo que asegurara el respeto y la garantía de los derechos humanos y la justicia pronta y cumplida para su ejercicio.
Desde 1986, con la vigencia de la Constitución Política de la República de Guatemala (antes de que se firmara La Paz), se establecieron formalmente importantes garantías personales ante la justicia y directrices de independencia judicial. Posteriormente, en el contexto del autogolpe de Estado de 1993, se identificó la necesidad de reformar la misma Constitución y, en 1994, se aprobaron cambios a normas constitucionales de justicia en función de fortalecer la democracia. Uno de estos cambios fue el diseño del modelo de Comisiones de Postulación, como se conoce actualmente.
Luego, con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se formalizó la necesidad de promover reformas a la justicia para la consolidación democrática. Así surge, en 1997, la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia (CNSAFJ), que durante sus más de 20 años de trabajo (hasta ser disuelta por el gobierno de Jimmy Morales en 2019) emitió una serie de estudios y recomendaciones para la modernización de la justicia en el país.
A partir de allí se impulsó un proceso de reforma constitucional con puntos clave para el fortalecimiento y la modernización de la justicia. Sin embargo, la propuesta fracasó en las urnas, ya que en la consulta popular celebrada para su aprobación predominó el «No». Aún así, la historia registra algunos avances importantes, como el establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) (que también emitió e impulsó una serie de esfuerzos, recomendaciones y hallazgos para fortalecer la justicia en el país) y la aprobación de leyes que contribuyen a fortalecer la investigación penal técnica y científica y la anticorrupción en el país.
La justicia en contextos de regresiones autoritarias
En primera instancia, los avances que se señalan en las ideas anteriores se vieron reflejados en fortalecimientos de la independencia judicial y de la institucionalidad democrática del país. Por ejemplo, se comenzaron a registrar las primeras condenas por delitos cometidos durante el Conflicto Armado Interno y las actuaciones en casos de corrupción paradigmáticos, como el de «La Línea», daban cuenta de que, en efecto, nadie era superior a la ley en el país.
Sin embargo, esos avances también se identifican como momentos críticos, que han sido determinantes para ulteriores retrocesos en el fortalecimiento de la justicia y la democracia. Uno, claramente reconocido por la Doctora Claudia Escobar, es la sentencia del 2013 en la que se declaró culpable del delito de genocidio a un ex jefe de Estado, y cómo eso influyó negativamente en la elección de magistraturas de 2014. Esto se confirma con los hallazgos de la CICIG en el caso denominado «Comisiones Paralelas».
Otro punto crítico que puede señalarse es la decisión de no renovar el mandato de la CICIG en agosto de 2019, que se suma a la disolución de la CNSAFJ en el mismo año. A partir de entonces, se identifica un contexto progresivo de desgastes y retrocesos en materia de justicia. Como evidencia, se pueden anotar: el aplazamiento de la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones (CA), que se extendió desde 2019 hasta 2023; el desmantelamiento de capacidades instaladas del Ministerio Público (MP); lo sucedido en el proceso electoral de 2023 con las actuaciones del MP y el Juez Fredy Orellana; y, la aprobación de normativas o resoluciones que merman el acceso y la independencia de la justicia.
Además, deben contarse los impactos sistémicos que han tenido en la justicia factores como la pandemia, la corrupción, el clientelismo y la persistencia de las grandes desigualdades en el país. En su conjunto, todo esto se suma a debilidades del diseño normativo que, como se reconoció desde los Acuerdos de Paz, condicionan los obstáculos y retos que enfrenta el sistema de justicia en el país.
La gravedad de la situación se muestra, por ejemplo, en el hecho de que en los años 2021-2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó la inclusión de Guatemala en el Capítulo IV.B de sus Informes Anuales, «al constatar un severo deterioro del Estado de derecho, a partir de una serie de injerencias a la independencia del poder judicial, la criminalización de personas operadoras de justicia y otros retrocesos en el combate a la corrupción e impunidad que afectaron gravemente el acceso a la justicia y la vigencia de los derechos humanos».
Hacia esfuerzos que aseguren la consolidación democrática
En medio del contexto que se describe anteriormente, sucedió el proceso de Comisiones de Postulación para la elección de Cortes de Justicia de 2024. Hay que recalcar que, para ese momento, la situación democrática parecía ser más prometedora luego de la toma de posesión de un gobierno reformista en el país. En ese sentido, el proceso de designación se identificó como una ventana de oportunidad para el fortalecimiento de la justicia.
El proceso, a pesar de estar lejos del ideal democrático de asegurar una justicia independiente mediante la designación imparcial de los mejores perfiles, dejó una serie de reflexiones y lecciones aprendidas que se identifican desde el análisis de datos relevantes que ofrece el nuevo Observatorio Demokracia 360. La herramienta realiza un análisis de las dinámicas de toma de decisión para la designación de las magistraturas a partir del método de clustering.
El clustering agrupa elementos similares en subconjuntos llamados clústeres, de tal manera que los elementos dentro de un clúster sean más similares entre sí que con los elementos de otros clústeres. Para el caso de la CSJ, se agruparon, para el análisis, los 26 eventos de votación que se llevaron a cabo para la elección de las magistraturas. Lo mismo se hizo con los 466 eventos de votación que se registraron para el caso de CA.
El ejercicio de clustering trabajado dio cuenta de un proceso de designación fragmentado y complejo, en el que es claro que hubo que sortear dificultades para alcanzar consensos. De ahí que se identificaron, en la elección final que hace el Congreso de la República, tres grandes grupos: clúster tradicionalista, clúster reformista y clúster pragmático.
En términos generales, el clúster tradicionalista corresponde a una clase política que tiene pocos incentivos para el cambio y, por lo tanto, negocia la toma de decisiones con lógicas transaccionales-cleptocráticas que privilegian los intercambios según intereses particularistas que los caracterizan. En este grupo se encuentran los diputados de las bancadas Valor y TODOS, y una buena parte de Vamos, Cabal, UNE, entre otros. Por su parte, el clúster reformista corresponde a actores que, por el contrario, tienen incentivos para el cambio y la implementación de nuevas propuestas, por lo que privilegian esos mismos aspectos en su negociación. El mismo está compuesto, primordialmente, por la bancada Semilla.
Finalmente, se destaca el rol clave que jugó el tercer grupo, integrado por el clúster pragmático, que se identifica por esa orientación utilitarista, que influencia sus incentivos circunstancialmente a partir del contexto y los intereses que se presenten, según los cuales en determinados escenarios se puede votar con orientaciones transaccionales y luego, en otros escenarios, con orientaciones reformistas, según el caso. En este último se encuentra una parte de la bancada UNE (liderada por el diputado Adim Maldonado), la bancada VIVA, y la otra parte de las bancadas de Vamos y Cabal.
Precisamente, dentro de ese grupo se identifica a los actores clave que se reconocen como «últimos decisores» de los procesos de designación de 2024. Así lo refleja el contraste de los datos que se registran para el caso de la elección de magistraturas de CSJ y, luego, para el caso de CA. Para la CSJ, el análisis demuestra que este clúster pragmático tuvo una tendencia de votación similar a la del clúster reformista. Por otro lado, para las CA, el análisis refiere que el clúster pragmático tuvo una tendencia muy afín a la del clúster tradicionalista.
De los datos también hay que decir que, a pesar del contexto prometedor, quedó claro que en las designaciones de 2024 las reglas del juego y los procesos no presentaron cambios sustanciales respecto a ediciones anteriores, y más bien revelaron la gravedad y obsolescencia del modelo actual, cuya necesidad de reforma se identificó desde los Acuerdos de Paz.
Este último hallazgo es clave de cara a 2026, en donde se identifica nuevamente una ventana de oportunidad. En ese año, se llevará a cabo en marzo la designación de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (que estarán en el cargo hasta 2032), en abril la de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (que estarán en el cargo hasta 2031), en mayo la de Fiscal General del Ministerio Público (que estará en el cargo hasta 2030), en julio la de rector de la Usac (que también estará en el cargo hasta 2030), y, en noviembre la de Contralor General de Cuentas (que, de igual forma, estará en el cargo hasta 2030).
Es seguro que el insumo de determinación de patrones de votación y clústeres que ofrece esta nueva herramienta de Diálogos será muy útil para anticipar y comprender aspectos relevantes para las dinámicas de designación, así como para proponer lineamientos para el abordaje estratégico de los procesos. Ese valor concreto de la herramienta, se suma a su valor en términos generales que muestra que la justicia es un elemento clave para la consolidación democrática.
Como ya se argumentó a lo largo del texto, y como lo refieren los datos del Observatorio Demokracia 360, la justicia es clave para la democracia porque el mismo acto de designación de sus autoridades corresponde a una decisión pública en la que, desde el ejercicio del poder, se debe asegurar una selección imparcial de los mejores perfiles para que, en un sistema de división de poderes, la justicia funcione como un contrapeso efectivo que controle el ejercicio del poder y asegure el respeto y la garantía de los derechos de todas las personas en condiciones de igualdad.
Este artículo académico fue elaborado por Diálogos a través del equipo de investigación del Observatorio Demokracia 360. Diálogos es un centro de pensamiento que investiga distintos fenómenos sociales aportando datos y análisis. Demokracia 360 es una iniciativa que promueve el libre acceso a datos y el análisis sobre el sistema democrático en Guatemala. Para más información sobre nuestro trabajo entra a: www.democracia.dialogos.org.gt/
