Por: Mario Ramos El jefe de pelotón gritó ¡Fuego! y el estruendo causó silencio. El tiempo se detuvo por unos instantes a las 6:01 de la madrugada de aquel viernes …
Por: Mario Ramos
El jefe de pelotón gritó ¡Fuego! y el estruendo causó silencio. El tiempo se detuvo por unos instantes a las 6:01 de la madrugada de aquel viernes 13 de septiembre de 1996. El Estado guatemalteco acababa de matar a Pedro Castillo y Roberto Girón.
Las imágenes recorrieron el mundo y cientos de miles pudieron ver la brutal ejecución en una época en la que no existían las redes sociales. El juez a cargo del fusilamiento trató de impedir la entrada de periodistas. No quería testigos, no quería cámaras. Como si supiera la indignación que las imágenes iban a provocar. Pero un grupo de reporteros le forzaron a abrirles paso. Con un amparo.
Castillo y Girón habían sido condenados a muerte tres meses antes por violar y asesinar en 1993 a una niña de cuatro años, y era la tercera vez que se programaba la ejecución. Las dos anteriores fueron suspendidas por recursos de la defensa, pero esta vez no había margen para la prórroga. Trece años después de las últimas ejecuciones, ordenadas en 1983 durante la dictadura de Efraín Ríos Montt, Guatemala volvía a ejecutar una pena de muerte. En la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en el sureño departamento de Escuintla, cerca de un centenar de periodistas nacionales e internacionales se habían apostado desde la tarde anterior en la oxidada talanquera exterior del penal, a casi un kilómetro del edificio central por una carretera de terracería.
Empezaba a anochecer cuando los soldados que controlaban la garita perimetral comunicaron que tenían orden de no dejar ingresar a ningún periodista. El juez de ejecución penal Gustavo Adolfo Gaytán Lara había dado la instrucción. Las presiones de los medios de comunicación en la capital, el ir y venir de llamadas, consiguió en las horas siguientes la promesa de que por la mañana entrarían reporteros, pero el juzgador estaba empecinado: nada de cámaras de foto o video, nada de grabadoras. Nada que dejara registro.
Ya era de noche cuando un grupo de periodistas, algunos de los que cubrían la llamada nota roja y otros que conocían los pasillos de las fuentes judiciales, creyeron dar con una alternativa: presentarían un recurso de amparo. Incluso en una Guatemala que, en medio de negociaciones entre el gobierno y la guerrilla, seguía en guerra civil, la Constitución protegía el derecho a informar. Varios buscaron asesoría legal en sus medios. Algunos directores y editores con conocimientos jurídicos hicieron recomendaciones desde la capital. Se estaba limitando el ejercicio periodístico.
Donald González, que era reportero de Emisoras Unidas, recuerda que hubo división entre los colegas. “Muchos se opusieron”, dice. “Creo que no dimensionaban el impacto que aquel fusilamiento podía tener en el público. El resto les explicamos lo sensible que era el caso y la importancia de velar por nuestro derecho”. Se decidió ir a buscar al juez de paz de Escuintla, a unos 15 kilómetros de distancia, para interponer un recurso.
“Eran como las ocho de la noche y viajamos a Escuintla unos 20 colegas”, cuenta Marco Tulio Trejo, entonces reportero del desaparecido matutino Siglo XXI. Cuando llegaron, el juez primero de paz, José Humberto Orellana Penado, ya no estaba en el juzgado. Se había retirado a su casa.
El tiempo apremiaba. La ejecución estaba programada a primera ahora de la mañana. Entre el grupo de reporteros emergió la voz de Reyes Reali, corresponsal en Escuintla de Emisoras Unidas. Sabía dónde vivía Orellana. Seguía la búsqueda. “Logramos dar con la casa y el señor nos pasó adelante”, cuenta Trejo. “Recuerdo que tenía una mesita y en ella una máquina de escribir. Con esa nos tomó la declaración bajo la figura del amparo verbal. En el documento instruía al juez Gaytán que, por derecho constitucional, nos tenía que dejar pasar. Nos fuimos volados de regreso”.
De nuevo en la talanquera, 23 periodistas firmaron la resolución que poco después entregarían al juez de ejecución. Algunos no quisieron hacerlo por temor a represalias de sus fuentes en tribunales. El texto era claro:
“El gremio de Reporteros, Redactores, Camarógrafos y Fotógrafos de los distintos medios de comunicación de Guatemala, ocurrieron ante este juzgado, a interponer un recurso de AMPARO en su contra, al haberles vedado el ingreso a la fuente de la noticia (…) coartando con ello el precepto constitucional de la libre emisión del pensamiento, contenido en el artículo 35 (…) por lo que como medida de providencia urgente, se les otorgó provisionalmente dicho amparo, agradeciéndole disponer de la revocatoria de tal disposición por ser contraria a las leyes de la materia”.
A las 4:15 horas del día 13, el juez Gaytán llegó al centro carcelario al timón de su Volvo, que parecía diminuto para la altura del juzgador. Los reporteros le pidieron conversar y él accedió a bajar del vehículo. Vestía su usual sombrero negro.
Trejo recuerda el momento: “Donald González le entregó la resolución. El juez se puso a leerlo, primero riendo, pero cuando llegó a la resolución hizo una cara, no de molestia, sino expresando que lo habíamos logrado pese a su decisión”. El juez llamó al militar al mando del contingente y le dijo que dejara pasar a los periodistas.
El amparo provisional concedido por el juez Gustavo Adolfo Gaytán Lara la madrugada del 13 de septiembre de 1996 permitió que el mundo entero viera el último fusilamiento en Guatemala. Entre los 23 periodistas que lo firmaron estaban Donald González, Marco Tulio Trejo, Emi Aqueche, Gerardo Montenegro, Mayra Oxón, Elder Interiano, Edgar Valle, Francisco Ambrosio, Rudy Zepeda, Oneida Najarro, Manuel de Jesús Castillo y el firmante de esta nota, Mario Ramos.
González también recuerda la risa inicial del juez Gaitán: “Se río porque él no nos iba a dejar entrar, pero bendito Dios tuvimos la cobertura, que era en lo que cada uno quería”. Leida Juárez, que era periodista de radio Nuevo Mundo, había estado presente en las dos ocasiones en que a última hora se canceló el fusilamiento, y recuerda aquello como un logro. “La ventaja fue que todos estuvimos unidos”, dice.
A las 5:30 horas del 13 de septiembre de 1996, el paredón estaba listo. Era un muro maltrecho a puertas del penal, con una especie de enramada y un nailon negro como techo. Al frente, el pelotón de fusilamiento integrado por 20 guardias penitenciarios, entre ellos una mujer, todos vestidos de gris. Atrás, a unos 50 metros, el centenar de periodistas.
El sol comenzaba a calentar y el vaho salía de la yerba. En el silencio sepulcral solo se alcanzaban a deslizar algunos murmullos. Lento, se fue acercando el camión de presidios con los sentenciados. Al salir, Pedro Castillo gritó: “La sangre de Cristo tiene poder”. Fueron sus últimas palabras.
Él y Girón fueron llevados al paredón. Los guardias les ataron las manos a dos postes sembrados y les vendaron los ojos. Gaitán leyó la sentencia y pocos segundos después el responsable del pelotón dio la orden. El humo de las detonaciones en las carabinas formó una nube blanca. Los cuerpos acribillados, sujetos a los postes, no cayeron al suelo. No estaban aún muertos. Por orden del forense, un oficial a cargo se acercó a ellos y dio a cada uno un balazo en la sien.
“Fue impresionante presenciarlo. Sobre todo el tiro de gracia”, dice Juárez. González lo recuerda con repulsión: “Habíamos visto cómo mataban a dos personas. Fue horrible”.
El fusilamiento fue transmitido en directo por televisión y fotografías explícitas llenaron las portadas de los periódicos del sábado. Algunas captaban el momento preciso en que los condenados, con el rostro descubierto y desencajado, recibían el tiro de gracia.
En los días siguientes, organizaciones internacionales de Derechos Humanos condenaron la ejecución. También lo hizo la oficina tutelar del Arzobispado de San Salvador. La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica clamó por la abolición de la pena de muerte en Guatemala. La indignación no alcanzó para tanto, pero el espectáculo grotesco de la ejecución de Castillo y Girón llevó al Congreso a reformar pocas semanas después el decreto 234, en vigencia desde 1946, y sustituir el fusilamiento por la inyección letal, en teoría para dar un trato más humano al condenado. Guatemala firmó la paz ese diciembre.
En los cuatro años siguientes, tres personas más fueron ejecutadas. Las tres muertes se vieron en directo por televisión. Hasta 54 condenas más quedaron en suspenso entre 2005 y 2012, hasta ser sustituidas por penas de cadena perpetua. Guatemala abolió la pena de muerte para delitos civiles en 2017.
Treinta años después de aquellos últimos fusilamientos, Trejo, que es hoy empresario y columnista del diario digital La Hora, reflexiona: “Lo importante es que periodistas de las nuevas generaciones conozcan la historia y sepan que tienen herramientas legales cuando se les trata de impedir el acceso a la información”. Leida Juárez radica en Nueva York, Estados Unidos. Donald González ha sido director de comunicación de entidades públicas y sigue vinculado a labores de comunicación. Muchos otros de los firmantes de aquel amparo que permitió mostrar la muerte siguen ejerciendo el periodismo desde cargos de coordinación y dirección.
Yo fui y soy uno de ellos.
Este reportaje se realizó como parte del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Justicia y Lucha contra la Impunidad en Guatemala.
