Este martes, 29 de julio, la Policía Nacional Civil tuvo un encuentro con miembros de la comunidad de la Aldea Santa Rosalía de Mármol, en el municipio de Río Hondo, …
En resumen:
- El relator de la ONU sobre el derecho a la vivienda advierte que Guatemala debe detener los desalojos forzados, especialmente contra pueblos indígenas y comunidades campesinas.
- Balakrishnan Rajagopal recordó que sólo el 3% de la población es propietaria de su vivienda y el 2.5% controla casi dos tercios de las tierras agrícolas.
- La ONU recomienda una amnistía en casos de usurpación y una comisión de reparaciones históricas.
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Este martes, 29 de julio, la Policía Nacional Civil tuvo un encuentro con miembros de la comunidad de la Aldea Santa Rosalía de Mármol, en el municipio de Río Hondo, en Zacapa.
Los agentes habían llegado al lugar para hacer efectiva una orden solicitada por el Ministerio Público, y que el Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad autorizó. La orden buscaba permitir el ingreso a unas propiedades de la empresa Inversiones Pasabién, S.A. para realizar trabajos de reparación.
En este enfrentamiento, el agente Erick Everildo Sacul Xul fue herido y posteriormente falleció en el Hospital Regional de Zacapa. También murieron dos personas de la comunidad, heridas de arma de fuego. Menores de edad sufrieron problemas respiratorios por gas lacrimógeno.
La Policía Nacional Civil informa: pic.twitter.com/tHtl6ej7pe
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 29, 2025
Esta situación ocurrió apenas unos días después de que Balakrishnan Rajagopal, relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, terminara una misión oficial en Guatemala. El relator visitó varias comunidades en Alta Verapaz, Izabal y Zacapa, además de la Ciudad de Guatemala. Durante la misión, pidió un cese a los desalojos forzados.
En su declaración, Rajagopal ya advirtió sobre situaciones como la que se dio esta semana en Zacapa. «Ya sea que estas se lleven a cabo por orden judicial con una participación policial masiva, o extrajudicialmente por parte de particulares con la ayuda de seguridad privada contratada, demasiados desalojos se realizan de forma violenta, con personas que terminan heridas o incluso muertas en algunos casos», dijo el relator. «Esto es inaceptable. Todas las instancias del Gobierno de Guatemala deben tomar medidas inmediatas para poner fin a los desalojos colectivos».
Además, recordó, los desalojos ocurren fuera del marco legal nacional, pues se dan por la noche o madrugada. Advirtió sobre los desalojos forzados violentos, las quemas de casa y pertenencias y la criminalización hacia pueblos indígenas y comunidades campesinas.
Por otra parte, añadió, la policía suele llevarlos a cabo en procesos donde no les notifica a las personas que viven en los terrenos. Según el relator, esto se agrava con el delito de usurpación.
Pide aministía para los condenados de desalojos
«Pido a Guatemala que decrete urgentemente una amnistía para las personas condenadas por estos delitos (usurpación y usurpación agravada), ponga en libertad a quienes se encuentren en prisión preventiva y persiga los casos de usurpación ante los tribunales civiles», dijo el relator en su declaración.
Rajagopal recomendó que se reforme esta ley para reducir las penas o cambiar el enfoque hacia la usurpación por parte de grupos armados u otros intereses privados que utilicen la violencia.
«Solo puedo concluir que la gran mayoría, si no todos, los desalojos colectivos llevados a cabo en Guatemala equivalen a desalojos forzados en virtud del derecho internacional», declaró Rajagopal.
El gran problema: la falta de acceso a la tierra
Al finalizar la misma, mencionó que «no puede haber vivienda adecuada sin acceso seguro a la tierra».
En Guatemala, que tiene una historia marcada por el despojo, la concentración de la tierra sigue siendo problemática. Según el relator, apenas el 2.5% de las explotaciones controlan casi dos tercios de las tierras agrícolas, mientras que el 90% de las explotaciones ocupan una sexta parte del territorio. Y solo el 3% de las personas en Guatemala son propietarias de su vivienda.
Rajagopal recordó que la concentración de la tierra es una forma de monopolio que impide el funcionamiento de un mercado justo. La propia Constitución de Guatemala en su artículo 119 señala que es deber del Estado evitar la concentración excesiva de bienes.
Por esta razón, el relator pidió la creación de una comisión internacional de reparaciones históricas para abordar los efectos del colonialismo y el despojo territorial.
Texto: Mariana Farfán
Edición: Carmen Quintela
Puedes leer este tema sobre el Índice de Pobreza Multidimensional, Alta Verapaz, uno de los lugares visitados por el relator. Es el departamento más afectado, con nueve de cada diez personas viviendo en pobreza. Te invitamos a que lo leas para conocer más del tema.
