La mañana del domingo 13 de octubre, Ramiro José Muñoz Jordán, magistrado electo de la Corte de Apelaciones y exregistrador de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, se presentó al Palacio …
La mañana del domingo 13 de octubre, Ramiro José Muñoz Jordán, magistrado electo de la Corte de Apelaciones y exregistrador de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, se presentó al Palacio de Justicia a entregar su papelería.
Esa tarde tomaría posesión del cargo, lo que le otorgaría la inmunidad que no logró alcanzar.
Mientras estaba en el Palacio de Justicia, fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil bajo cargos por abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes.
Es señalado por el Ministerio Público (MP) de permitir de manera irregular la inscripción del partido Prosperidad Ciudadana en 2022, hasta que en mayo de 2023 una sala revocó la inscripción de su candidato presidencial y otras 1,300 candidaturas.
Al ingresar a la carceleta de la Torre de Tribunales dio declaraciones a la prensa en donde dijo que se habría dado un mal procedimiento, ya que desde que fue electo magistrado gozaba de inmunidad.
«Yo entiendo que ya gozo del derecho de antejuicio en virtud de que el Congreso emitió un acuerdo», aseguró Muñoz.
«Era simplemente un trámite que había que asumir ahora, pero se tendrá que esperar a ver qué se resuelve», dijo.
Y la resolución le fue adversa. El juez Décimo lo ligó a proceso el martes 14, pero le permitió arresto domiciliario, previo pago de Q100 mil.
Horas después, el miércoles 15, el juzgado Tercero le notificó otra orden de detención por la no impresión del partido CREO en la papeleta para alcaldes de San Miguel Petapa.
Muñoz seguirá preso los próximos días, a la espera de qué determine el juez Tercero. De igual forma, seguirá ligado a proceso en el juzgado Décimo.
Pero, ¿tiene inmunidad o no?
Ocote consultó a tres abogados constitucionalistas para conocer sus interpretaciones del caso.
Edgar Ortiz, Javier Urízar y Alexander Aizenstatd tomaron al caso del exjuez Mynor Moto para ejemplificarlo.
Moto, con múltiples señalamientos de corrupción y designado por el gobierno de los Estados Unidos como un actor antidemocrático, fue juramentado por el Congreso, en enero de 2021, como magistrado de la Corte de Constitucionalidad.
Sin embargo, previo a asumir el cargo en la CC, se giró una orden de captura en su contra por el caso Comisiones Paralelas 2020 y estuvo prófugo de la justicia.
«Ese caso nos ayuda a entender la situación en la que él estaba nombrado pero no aún en posesión del cargo, y se consideraba que todavía no tenía derecho de antejuicio», ejemplifica Ortiz.
«Más o menos lo mismo se está aplicando con Ramiro Muñoz. No niego que sea una defensa legal (el argumento del magistrado), porque desde luego que queda una zona de defensa», asegura el constitucionalista.
Presenta también el caso de la vicepresidenta Karin Herrera, que ha sido comparado, pero que según Ortiz, es distinto.
«Sé que hay comparaciones con el caso de Karin Herrera, en donde también había una situación de duda, pero la diferencia es que los candidatos de elección popular tienen antejuicio como candidatos y luego como electos».
«Hay una línea del tiempo en la que el antejuicio la acompaña desde que se inscribe hasta que asume. Lo traía desde su inscripción. Pero en el caso de Muñoz el antejuicio empieza con el cargo», afirma Ortiz.
La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/rsWZ1YvN3F
— CC Guatemala (@CC_Guatemala) January 11, 2024
Alexander Aizenstatd interpreta el artículo 206 de la Constitución, que dice que «los magistrados y jueces gozan del derecho de antejuicio».
Indica que para ser magistrado «hay que estar en el cargo. Y para eso, efectivamente debe tomar posesión del mismo».
Explica que «mientras alguien no tome posesión y alguien más se encuentra en ese cargo, es (esa otra persona) quien tiene el derecho de antejuicio».
El constitucionalista también se refiere al caso de un candidato a cargo de elección popular que goza del beneficio sin aún ser funcionario.
«Al ser candidato eso le otorga el derecho, es una categoría separada. En el caso de un magistrado es hasta que ocupa el cargo y es juramentado. Ahí ya tiene los derechos y obligaciones que el cargo le otorga», afirma Aizenstatd.
Sobre los derechos y obligaciones dice: «Derechos como el salario y el antejuicio, pero tiene obligaciones como cumplir con sus responsabilidades, no abandonar las funciones».
«Si hasta el momento solo tiene la expectativa de ocupar el cargo, pero no lo ha ocupado efectivamente, no puede tener alguno de los derechos o algunas de las obligaciones».
Pero Javier Urízar, abogado especializado en derecho internacional, también argumenta que el caso da a la interpretación.
«Desde una forma legal, muy formalista, muy estricta, la respuesta sería que no tiene inmunidad, pero creo que es una discusión muy compleja, por varios puntos», explica Urízar.
«La Constitución habla de que para ejercer la función pública se tiene que juramentar. ¿Es magistrado solo cuando ejerce la función o también mientras no está ejerciendo?, en ese caso, ¿qué pasa con un magistrado que está de vacaciones? Creo que es algo que se debe considerar».
«El argumento al que más me inclino es a la interpretación finalista de la ley, o sea, al propósito. El propósito del antejuicio no es proteger a una persona, es proteger al cargo, para que quien lo ejerza no esté sujeto a presiones externas por casos espurios, políticos o infundados», afirma.
Tomando en cuenta esos argumentos, Urízar considera que «tendría sentido que los magistrados electos que no han sido juramentados tengan el derecho durante ese período, porque la persona ya está individualizada».
«Tal vez su sala (de Apelaciones) no se ha definido, pero ya existe una exposición política», argumenta.
No es jurídico, «es político»
Urízar cree que el caso de Ramiro Muñoz ya afecta el desempeño normal del Estado. «Si se interpreta la ley de acuerdo a su propósito, la lógica debería ser que sí tiene esa protección».
Sobre la detención específica de Muñoz, los otros abogados también tienen una opinión.
«Yo no creo que sea bueno para la democracia que una persona sea detenida en camino a su juramentación. Creo que no es lo ideal para construir instituciones sólidas», dice Aizenstatd.
Ortiz, por su parte, indica: «Yo estoy en desacuerdo con lo que están haciendo con Ramiro Muñoz. Me parece que el tema no es el antejuicio, es más relevante la persecución política del MP».
«Detenerlo en el Palacio de Justicia es terrible. Deberíamos estar hablando más de lo grave que es que la Fiscalía siga tomando represalias contra la gente que considera su enemigo político».
Y dijo que a Ramiro Muñoz lo están persiguiendo, no por lo que hizo con otros partidos, sino «por no plegarse al Ministerio Público en 2023 cuando trataron de cancelar a Semilla».
Si quieres conocer más sobre las candidaturas que quedaron fuera de las elecciones generales de 2023, te recomendamos leer el artículo Las 1,351 candidaturas de Prosperidad Ciudadana que han quedado fuera, realizado por el proyecto colaborativo La Linterna.
Foto de portada: Sandra Sebastián, Diario de Centroamérica.
