El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, dijo que con esta derogación, “el gobierno Xiomara Castro reafirma su compromiso de lucha contra la corrupción“. Agregó que se espera que la desclasificación brinde acceso a información de lo que sucedió en el pasado y que obligue a las nuevas autoridades “al manejo absolutamente transparente de la misma información”.

“La infame ley de secretos resultó en el uso discrecional y oscuro de los recursos y de las tomas de decisiones desde el poder”, dijo Pastor. Ahora, les competerá a las fiscalías y al Poder Judicial hacer uso de esa información.

El secretario de la Presidencia dijo que el Ejecutivo se compromete con el manejo transparente de la información que se genere a partir de ahora. “Al no haber ley de secretos, el acceso a la información por parte de la ciudadanía está garantizado”, aseguró.

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La ley de secretos

La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional, conocida como la ley de secretos, vulnera el derecho de acceso a la información pública y el principio de transparencia. Su aplicación habilitaba la clasificación de información como reservada, confidencial, secreta y ultra secreta, durante 5, 10, 15 y 25 años respectivamente.

Según indicaba la normativa, podían ser declaradas como “materia clasificada”, aquellos “asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y/o defensa nacional, y el logro de los objetivos en esas materias”.

La ley de secretos fue aprobada por el Congreso en 2013, cuando era presidido por el exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014 – 2022) y entró en vigencia tres días antes de su asunción en el gobierno.

Fotografía de portada: Contracorriente