Esta serie de investigaciones contó con el apoyo del Pulitzer Center. Entre 2022 y 2026, instituciones públicas en Guatemala adjudicaron casi Q70 millones en servicios relacionados con Inteligencia Artificial para …
Esta serie de investigaciones contó con el apoyo del Pulitzer Center.
Entre 2022 y 2026, instituciones públicas en Guatemala adjudicaron casi Q70 millones en servicios relacionados con Inteligencia Artificial para videovigilancia. En la mayoría de casos por compra directa, sin licitación pública. Algunas de estas compras fueron a parar a empresas cuestionadas o se hicieron con poca transparencia.
La opacidad en el manejo de los fondos públicos no es el único problema en la adquisición de inteligencia artificial para la videovigilancia en Guatemala. El riesgo por la falta de protección a los datos personales y control en su uso pone en riesgo a la ciudadanía.
Compras fragmentadas que incumplen estándares internacionales
Agencia Ocote y Sociedad.info documentaron 122 adjudicaciones de IA para videovigilancia, en las que entidades del Estado gastaron Q69,940,405, ($9,125,032.53) en los últimos cuatro años
De las 122 contrataciones, hay 91 que pertenecen a la misma institución pública.
Se trata de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) que solo entre octubre y noviembre de 2024 le adjudicó Q6,777,680 a la empresa Data Expert, Sociedad Anónima. Un total fragmentado en 91 eventos por el servicio integrado de videovigilancia. Incluye el reconocimiento de identidad por medio del rostro y reconocimiento de placas, vehículos y contenedores.
Que la compra se fragmentara en varias adjudicaciones —cada una por Q74,480— evitó que la EPQ tuviera que abrir un concurso de licitación o cotización. La ley en Guatemala establece un tope máximo de Q90 mil —US$11,800— para compras directas.
Las entidades suelen caer en esta práctica. Trocean contratos para evitar entrar a un proceso público, abierto y competitivo, donde otras empresas pueden hacer ofertas y que la sociedad puede fiscalizar.
Este tipo de contrataciones se da a pesar de que existe un estándar internacional para medir compras de inteligencia artificial. La Open Contracting Partnership —la organización que creó el Open Contracting Data Standard (OCDS) con el que Guatecompras publica sus datos— editó en 2026 una guía sobre cómo debería adquirir inteligencia artificial el sector público. Las instituciones deben auditar a los proveedores, especificar por resultados y comprar de forma incremental solo para pilotar y reducir riesgo.
El Estado guatemalteco usa el formato de transparencia de la Open Contracting Partnership mientras incumple sus recomendaciones. Adjudica a empresas cuestionadas sin auditoría documentada y fracciona nueve de cada diez compras para evadir requisitos de licitación o cotización.
Esto abre la puerta a que se firmen contratos con proveedores cuestionados. Por ejemplo, la empresa Data Expert fue señalada en una investigación periodística de elPeriódico publicada el 28 de octubre de 2019. De acuerdo con esta, la empresa le pertenecía a Axel Arturo Samayoa Camacho que después, en 2022, fue sancionado en la Lista Engel por el entonces gobierno demócrata de Estados Unidos.
Según el documento de la Lista Engel, Samayoa «se involucró en una importante corrupción al confabularse indebidamente con funcionarios públicos y pagar sobornos para garantizar que sus empresas obtuvieran lucrativos contratos».
De 2011 a 2024 esta empresa recibió Q119,085,162.35 en adjudicaciones. Principalmente fueron de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC), de la EPQ y de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Con la EPQ tuvo dos contratos en 2019 . Uno por Q14,832,000.00, para el servicio integrado del sistema de control de acceso. Otro de Q26,812,800.00 para el servicio integrado de videovigilancia por medio de un sistema de circuito cerrado de televisión. Actualmente el portal Guatecompras registra como representante legal de Data Expert a Juan José Pirir Catillo.
Data Expert fue constituida en 2011 por Moises Ayala Peralta y Byron Osberto Azurdia Ramírez. De acuerdo con documentos del Registro Mercantil, en 2019 aumentó su capital por Q4 millones.
Agencia Ocote se comunicó al número de teléfono que Guatecompras registra a nombre de la empresa. Respondió una persona que se identificó como Nohe Vásquez, quien fue representante legal de Data Expert en 2014. Vásquez aseguró que el número no es de la entidad y prometió informarles para que devolvieran la llamada, algo que al cierre de edición de esta publicación no había sucedido.
Data Expert no es la única empresa con cuestionamientos que ha recibido adjudicaciones por servicios relacionados con IA para videovigilancia.
Desde los municipios
En 2022 y 2023, la municipalidad de Guatemala adjudicó dos contratos de Q18 millones y Q18.8 millones, a Internet Telecomunication Company de Guatemala, Sociedad Anónima
La comuna contrató a esta empresa por el servicio de enlaces para 800 cámaras, almacenamiento de imágenes y mantenimiento del sistema de monitoreo del espacio público de la ciudad de Guatemala. Los dos eventos suman Q36,848,000 en pagos mensuales a lo largo de 48 meses.
Ambas compras se adjudicaron bajo la modalidad de proveedor único, justificadas con el inciso C del artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado. La norma establece que este tipo de contrataciones puede darse cuando el servicio o producto , por su naturaleza y condiciones, solamente puede ser adquirido de un solo proveedor. Así, la empresa se convirtió en el único proveedor de ambos eventos.
Las especificaciones técnicas de los servicios dan cuenta de que usa inteligencia de video y manejo analítico. Cada servicio debe integrar la visualización de las cámaras de vigilancia y almacenar imágenes. Además, tener la capacidad de analizar lo que ocurre en el espacio público, por medio de acercamiento de imágenes, reconocimiento de placas a gran distancia, estableciendo patrones, alarmas y otras analíticas.
Desde el 2004 hasta el 2026 la empresa Internet Telecomunication Company de Guatemala Sociedad Anónima ha recibido al menos 741 adjudicaciones que suman Q720,955,479.16.
Esta empresa tiene un historial relevante en prestación de servicios para videovigilancia. En el pasado recibió adjudicaciones del Ministerio de Gobernación (Mingob). En 2009 esta cartera le arrendó con opción a compra un sistema de vigilancia electrónica en establecimientos públicos por Q38.9 millones. Para 2010 el Mingob también le arrendó con opción a compra un sistema de videovigilancia en paradas del transporte público por Q95.2 millones.
En marzo de 2017, el medio Prensa Libre reportó que, por una denuncia de la Contraloría General de Cuentas (CGC), los eventos habían quedado suspendidos antes de que se terminaran de pagar a la empresa.
La CGC argumentó que, de acuerdo con el acta de constitución de la empresa, esta tenía un capital de Q100 mil, lo cual evidenciaba que no tenía capacidad financiera para un proyecto de esa magnitud.
En una asamblea general extraordinaria totalitaria de accionistas, celebrada en mayo de 2018, se registra como accionistas de la empresa Internet Telecomunication Company de Guatemala, Sociedad Anónima, a Ciro Carlos Estuardo Nicolás Maselli Cofiño y Luis Pedro Maselli Cofiño.
Además de los dos accionistas, Maselli Cofiño está registrado como representante legal de la empresa Gregorio Adolfo Zepeda.
Los nombres de Maselli Cofiño también coinciden en otras empresas. Son representantes legales de Tecnología en Telecomunicaciones Abiertas Sociedad Anónima, empresa que ha recibido desde el 2009 al 17 de junio de 2026 un total de Q31,793,554.61 en adjudicaciones, principalmente por actividades de telecomunicaciones.
Agencia Ocote trató de contactar con los representantes de la empresa. Una secretaría tomó los datos e informó que las personas encargadas devolverán la llamada para conceder una entrevista.
***
Una de las primeras municipalidades del país que registró uso de IA para videovigilancia fue la municipalidad de Santa Catarina Pinula. Al menos así lo evidencian las especificaciones técnicas del evento para la construcción del monumento de vigilancia para prevención de la violencia, por el que la comuna pagó finalmente —tras una ampliación del costo— Q9,161,514.5. La liquidación del evento ocurrió en 2023.
La obra le fue adjudicada y pagada a la empresa Prequind, Sociedad Anónima, constituida en 2010 con un extenso objeto, que va desde organización de eventos hasta compraventa de granos básicos y construcción. En el 2012 la empresa empezó a recibir adjudicaciones de instituciones del Gobierno. Hasta ahora ha vendido Q47 millones.
Según informó la municipalidad a través de una respuesta a una solicitud de información pública, casi tres años después, en junio de 2026, solo tres cámaras componen el monumento de vigilancia. La comuna aseguró que el centro no usa Inteligencia Artificial.
Transparencia y participación ciudadana
«La ciudadanía debe estar alerta. Las compras de nuevas tecnologías o inteligencia artificial, como son temas nuevos y tecnológicos, no se comprenden a cabalidad, y muchas veces están sobrevalorados. Hacer auditoría social a este tipo de compras es clave», dice Eddie Cux, quien trabaja para la organización Acción Ciudadana y es exdirector de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico.
Cux agrega que es importante que la ciudadanía tome conciencia de la protección de datos y los riesgos. Considera que la gente puede fiscalizar en su municipalidad cómo están utilizando estos datos obtenidos por la videovigilancia.
Para esto, recalca, estos procesos de compra deben tener una fiscalización desde la gente hacia los recursos públicos, pero también un monitoreo para saber cómo se están usando y si se hace en un marco de los derechos humanos.
El Estado tiene obligación de publicar estas compras en Guatecompras y, cuando se abren procesos de licitación o cotización, la ciudadanía puede revisar todos los pasos que se dan desde la publicación de las bases hasta la firma del contrato.
Por ejemplo, la municipalidad de Antigua Guatemala tiene un evento abierto para el control, monitoreo, análisis y videovigilancia inteligente.
En 2025, la comuna había adjudicado un servicio similar a la empresa Wicom Solutions Sociedad Anónima Q11,888,736. El contrato para el arrendamiento de un sistema de videovigilancia nunca se firmó. La adjudicación consta en Guatecompras —Wicom fue la única oferente y presentó una oferta válida el 10 de septiembre de 2025—, pero no hay registro de que el contrato se llegara a suscribir: el proceso no publica número de contrato ni fecha de firma. La municipalidad justificó que el contrato no se hizo porque la empresa no se presentó.
Se contactó al representante legal de la empresa, Mynor Humberto Cabrera Espino, para consultar la razón de que no se firmara el contrato. La persona que respondió la llamada en el teléfono de la empresa indicó que si Cabrera deseaba dar una entrevista regresaría la llamada.
Hasta la fecha de publicación de este reportaje, las solicitudes de entrevista con la Municipalidad de Antigua Guatemala no habían tenido una respuesta del departamento de Comunicación Social.
Ahora publicó el nuevo evento para el servicio de una plataforma integral para el control, monitoreo, análisis y video vigilancia. Recibe ofertas hasta el 15 de julio de 2026. En el enlace podrán revisarse las ofertas de las empresas.
En todo caso, Sara Fratti, experta en Derechos Digitales y coordinadora de alianzas estratégicas de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, considera que es necesaria la fiscalización ciudadana más allá del momento de la compra.
«El tema de transparencia, de rendición de cuentas, es necesario no solo en el proceso de adquisición y de contratación, también al momento del uso, implementación y monitoreo de estos sistemas», dice Fratti.
Para aprender más sobre derechos de la ciudadanía y protección de datos, en la web de la organización Derechos Digitales puedes encontrar variedad de recursos.
Cómo se hizo esta investigación
Los datos de contratación provienen de Guatecompras, el sistema estatal de compras públicas, que publica en el estándar internacional de datos abiertos Open Contracting Data Standard (OCDS). Sociedad.info extrajo y estructuró esos registros con su plataforma de investigación TeseoETL y los cargó en una base de datos analítica.
Para no depender de una lectura manual imposible —el universo supera los dos mil procesos—, se usó una búsqueda semántica asistida por algoritmos: un conjunto de términos en español e inglés («reconocimiento facial», «videovigilancia», «biometría», además de marcas concretas como Hikvision, Dahua o ZKTeco) rastreó las compras relacionadas con inteligencia artificial entre 2020 y 2026. Los resultados se clasificaron automáticamente y luego se verificaron uno a uno de forma manual, descartando falsos positivos. Los documentos de las compras —bases técnicas, contratos, anexos— se procesaron con reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para poder leer los PDF escaneados.
Toda cifra citada se contrastó contra la fuente original en Guatecompras, se duplicó por número de procesos y se trianguló con 180 solicitudes de acceso a la información pública, nueve entrevistas y reporteo en los territorios que hizo Agencia Ocote, además de El uso de estas herramientas no sustituyó el criterio periodístico: la inteligencia artificial ayudó a encontrar y ordenar las compras; la verificación y la interpretación y verificación son humanas.
Investigación y redacción: Eduard Martín Borregón y María José Longo Bautista
Edición: Carmen Quintela
Fotografías: Luis González y Christian Gutiérrez
Diseño: Sofía Cabrera
