Vecinos de Antigua aseguran que la oposición al proyecto Casa Icatú surge de una organización comunitaria previa y más amplia que ahora se intenta desacreditar.
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La oposición de vecinos organizados de San Cristóbal El Alto y San Cristóbal El Bajo, en Antigua Guatemala, al proyecto inmobiliario Casa Icatú, ha generado cuestionamientos, desinformación y procesos penales que buscan individualizar acciones con respaldo colectivo, según denuncian los propios vecinos.
Todo comenzó desde que se conocieron los primeros detalles de ese proyecto, en 2024, cuando vecinos organizados interpusieron una denuncia contra la empresa Trelec, propietaria de postes de alta tensión, por iniciar trabajos sin autorización en lo que más tarde sería el proyecto Casa Icatú.
Tras esa queja, el Juzgado de Asuntos Municipales de Sacatepéquez ordenó suspender temporalmente los trabajos mientras la empresa gestionaba los permisos correspondientes ante la municipalidad de Antigua Guatemala. Esto confirmó la sospecha de los vecinos sobre los trabajos que se iniciaron antes de contar con toda la reglamentación.
Tiempo después, la comuna autorizó continuar con la obra. Pero los reclamos de los vecinos también se incrementaron con dudas sobre posibles impactos ambientales, urbanísticos y administrativos en la zona donde aún se conservan áreas importantes de vegetación.
Ese sector forma parte de lo que se reconoce como el «cinturón verde de Antigua», una franja considerada de protección ambiental alrededor del casco urbano y que ha sido incluida dentro de las gestiones urbanísticas del complejo residencial.
Entre las principales preocupaciones de los vecinos están la alteración de una quebrada que baja de San Cristóbal El Alto; la alteración del cauce natural de otro riachuelo en San Cristobal El Bajo; así como la tala de árboles y la intervención de zonas de la ladera.
En 2025, Fernando García, abogado del proyecto, reconoció en el programa radial Con Criterio que la empresa pagó una multa de Q350 mil para subsanar los incumplimientos señalados por una licencia ambiental.
También en 2025, la Municipalidad de Antigua Guatemala informó sobre una nueva suspensión pero de carácter temporal sobre las obras vinculadas a la licencia LC-071-2025 del proyecto Icatú, decisión que fue aprobada por el concejo municipal.
Poco después esa suspensión también se levantó y el proyecto siguió operando.
Criminalización contra vecinos y denuncia a una diputada
El 6 de junio de 2025, Suzanne Margarite Brichaux Molina, vecina e integrante del movimiento de oposición, cuenta a Agencia Ocote que llegó al área donde se desarrolla el proyecto Casa Icatú durante una diligencia que —según su versión— formaba parte de una inspección vinculada a las denuncias que los vecinos presentaron ante las autoridades municipales.
Brichaux sostiene que acudió al lugar junto con otros residentes para observar el terreno donde se realizaban trabajos relacionados con infraestructura eléctrica. En el sitio, afirma, también estaban representantes del proyecto, el abogado de la empresa y personal que participaba en la diligencia del juzgado municipal, aunque no precisó qué funcionarios específicos.
Luego de esa acción, la empresa Inversiones y Estrategias de Mercadeo, S. A. vinculada al proyecto inmobiliario presentó una denuncia contra Brichaux.
El 25 de febrero de este año, el Juzgado de Paz Penal de Antigua Guatemala resolvió ligar a proceso penal a Brichaux por el delito de allanamiento con agravación específica, porque se dijo que ingresó a esa propiedad sin autorización.
Como parte de las medidas sustitutivas, el tribunal ordenó que Brichaux no se acerque al área del proyecto, mantenga arraigo —lo que implica que no puede salir del país sin autorización judicial— y que se presente cada quince días ante el Ministerio Público para firmar un libro de control, que permite a las autoridades verificar que la persona permanece localizable mientras continúa el proceso.
El Juzgado de Paz Penal de Sacatepéquez también fijó para el 6 de abril la audiencia de etapa intermedia en la que se definirá si el caso avanza a juicio.
Aunque el proceso penal se dirige únicamente contra Brichaux, integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de San Cristóbal El Alto y San Cristóbal El Bajo aseguran que la oposición al proyecto Casa Icatú ha involucrado a más vecinos y líderes comunitarios de la zona.
Según vecinos organizados que pidieron resguardar su identidad, al menos nueve líderes comunitarios han enfrentado denuncias relacionadas con estas acciones.
De los nueve, dos son mujeres. En algunos casos, explican, se les acusa de haber obstaculizado trabajos vinculados al proyecto, además de ingresar sin autorización al área donde se realizan las obras. Las denuncias han sido presentadas también por representantes de la empresa Inversiones y Estrategias de Mercadeo, S. A.
El tema escaló al Congreso de la República. La diputada Sonia Gutiérrez del partido Winaq, ha mostrado su respaldo a vecinos de la zona y ha cuestionado a la Municipalidad de Antigua Guatemala por cómo otorgó la licencia y los permisos para el proyecto.
En una conferencia de prensa en julio de 2025, junto a líderes comunitarios de Sacatepéquez, la diputada también explicó que la empresa vinculada a Casa Icatú presentó una denuncia penal en su contra, después que ella acudiera al Ministerio Público para señalar posibles irregularidades en la licencia, entre ellas la omisión de criterios ambientales.
Cuando se hizo pública la denuncia, Gutiérrez rechazó los señalamientos de los que se le acusa. También calificó la acción como «espuria y política» y señaló que este tipo de acciones pueden interpretarse como un intento de frenar la labor de fiscalización.
Desinformación contra organización vecinal
Luego de conocerse la resolución judicial contra Brichaux, algunas páginas en redes sociales difundieron desinformación sobre el caso y presentaron el proceso como un incidente individual. También la señalaron de «activista».
Brichaux participó anteriormente en política como candidata a diputada por el partido Movimiento Semilla en las elecciones de 2023. En sus redes y en actividades públicas mantiene una postura crítica frente a temas ambientales y de gestión territorial en Antigua Guatemala.
Para los integrantes del COCODE este tipo de publicaciones deja fuera el contexto de la organización vecinal. En un video publicado en TikTok, Vicky Pappa —actual presidenta del COCODE de la aldea Santa Ana y excandidata a la alcaldía de Antigua Guatemala— también cuestionó la forma en que se busca individualizar el movimiento de oposición vecinal.
Organización comunitaria en turnos
Desde el 8 de noviembre de 2025 y durante 35 días, los vecinos de San Cristóbal El Alto y San Cristóbal El Bajo cuentan que comenzaron rondas de vigilancia en el área donde se instalaron los postes de energía eléctrica del proyecto Icatú.
Las familias del sector organizaron turnos de aproximadamente cuatro horas para permanecer en el terreno. La mayoría de los turnos se realizaban durante el día y hasta la medianoche. Sólo en contadas ocasiones se cubrían las madrugadas.
La organización se hizo por familias y participaban mujeres, hombres y niños.
Las horas en el terreno transcurrían entre conversaciones y actividades comunitarias. Preparaban comida, fogatas o caminaban por los senderos. Realizaban lecturas, observación de aves y charlas sobre la historia de la comunidad y el futuro.
La iniciativa también recibió apoyo de vecinos de otras comunidades cercanas a Antigua Guatemala. Personas de San Juan del Obispo, Magdalena Milpas Altas, San Pedro Las Huertas y Santa Ana, entre otras localidades, que llegaron en distintos momentos para acompañar o llevar alimentos.
Un episodio que fue calificado de intento de intimidación ocurrió el 26 de noviembre, cuando el administrador del proyecto, Luis Felipe Valdez Soto, llegó al área acompañado de personas armadas mientras varias familias se encontraban en el sitio.
A más de un año de las primeras denuncias, el proceso contra Brichaux avanza en tribunales, mientras vecinos persisten en gestiones ante instituciones públicas, como el Ministerio de Ambiente.
Otros integrantes de los COCODE de San Cristóbal El Alto y San Cristóbal El Bajo tienen prevista una primera audiencia de conocimiento de cargos el 26 de marzo, por denuncias relacionadas con las acciones de oposición al proyecto.
