La Comisión de Postulación para Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) recibió en febrero un total de 59 expedientes de aspirantes al cargo. De ellos, 11 fueron excluidos …
La Comisión de Postulación para Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) recibió en febrero un total de 59 expedientes de aspirantes al cargo. De ellos, 11 fueron excluidos en la primera revisión debido a que no cumplían con todos los requisitos solicitados. Uno logró continuar en el proceso luego de reparar una omisión.
En el listado final de 49 personas, las mujeres representan únicamente el 24.5% del total de candidaturas, con 12 postulaciones que incluyen a la actual jefa del MP, María Consuelo Porras Argueta.
Entre el martes 10 de marzo y el jueves 19, la comisión de postulación puede recibir objeciones o impugnaciones contra candidaturas, en el módulo habilitado en el Palacio de Justicia.
Luego de ese proceso, trasladarán una nómina de seis propuestas al presidente Bernardo Arévalo, quien designará a la persona que ocupará el cargo de Fiscal General para el período 2026-2030.
El próximo 24 de marzo los aspirantes deberán someterse a pruebas psicométricas y también se realizarán entrevistas públicas entre el 6 y 9 de abril.
Las mujeres que se postulan a Fiscal General
Las 12 mujeres que se postularon al MP son:
(Datos tomados de Projusticia)
- Zoila Tatiana Morales Valdizón
Se desempeñó en varias fiscalías en el Ministerio Público, desde donde llevó varios casos relevantes, como el caso del Espionaje Postal en el edificio de Correos y el caso Conexión Panamá, entre otros por los cuales fue amenazada.
- Gladys Verónica Ponce Mejicanos
Abogada penalista con experiencia en litigio. Trabajó como abogada y oficial legal en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) entre 2011 y 2014. Al momento no se han presentado señalamientos en su contra.
- Sully Claudet Merlos Moya
Tiene carrera fiscal, ha laborado para el MP desde 1999. Actualmente se desempeña como fiscal regional de la Región III Norte, que cubre los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz.
- Thelma Shayne Ochaeta Argueta
En 2018, no superó la nota mínima para ser elegible como fiscal general. En 2017 conformó la lista como candidata para la oficina del procurador de los Derechos Humanos. Ha sido asesora jurídica en diversas instituciones. Fue oficial legal en la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a la que demandó ante juzgado laboral.
- Ana Karina Méndez Vielman
Actual directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG). Ha sido consultora para diversos organismos nacionales e internacionales. Fue asesora en la Secretaría de Política Criminal del MP (2013-2014).
- Liseth Gramajo Trampe
Fue abogada defensora de José Manuel Morales, hijo del expresidente Jimmy Morales, en el caso Botín Registro de la Propiedad. Desde el 2017, ha prestado servicios profesionales para el Ministerio de la Defensa Nacional. Actualmente es asesa jurídica en la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
- Lissy Cristina Guerra Aguirre
Agente fiscal de la Fiscalía de Distrito Metropolitano.
- Brenda Dery Muñoz Sánchez de Molina
En el 2018 integró la nómina de candidatos a fiscal general. En 2022 quedó excluida de la postulación por incumplimiento de requisitos. Directora de Fomento a la Legalidad Laboral en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, desde 2024. Fue asesora en diversas instituciones del Estado. Trabajó más de 16 años en el MP.
- Sandra Elizabeth Acán Guerrero
Ejerce como presidenta en funciones de la Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Penitenciario. Ha sido docente de la USAC.
- María Consuelo Porras Argueta
Actual jefa del Ministerio Público. Fue electa por el presidente Jimmy Morales y reelecta en 2022 por el presidente Alejandro Giammattei. Su gestión ha sido ampliamente cuestionada a nivel nacional e internacional
- Silvia Villalta Martínez
Ha participado anteriormente en procesos de postulación para otros cargos públicos. Alianzas por las Reformas presentó un señalamiento sobre su desempeño como relatora en la Oficina contra la Tortura. En el MP trabajó en la Fiscalía de Delitos contra la Narcoactividad y la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas. La FECI, a cargo de Juan Francisco Sandoval, la denunció por emitir informes a favor de sindicados en casos de corrupción
- Beyla Adaly Xiomara Estrada
Abogada y magistrada guatemalteca con amplia trayectoria en la judicatura penal y docencia. La Asamblea Departamental Multisectorial de Quiché presentó una tacha en su contra en la que cuestiona sus resoluciones. Aseguran que habrían beneficiado a implicados en casos de corrupción cuando integró la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal.
Cuatro períodos con mujeres al frente del MP
Las últimas tres fiscales generales de Guatemala han sido mujeres: Claudia Paz y Paz Bailey (2010-2014), Thelma Aldana (2014-2018) y María Consuelo Porras Argueta (2018-2026). Esta última fue reelecta y lleva en el cargo ocho años. En este proceso volvió a postularse para mantenerse en el puesto un tercer período.
Durante la gestión de Paz y Paz se impulsaron procesos emblemáticos vinculados a violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno, como los casos contra Efraín Ríos Montt y contra los autores de la masacre de Dos Erres. También la extradición de acusados de narcotráfico como Horst Walther Overdick Mejía y Waldemar Lorenzana Lima. Además, se impulsaron estrategias y cambios administrativos para fortalecer la investigación penal.
Con Aldana, el énfasis institucional cambió hacia la investigación de redes de corrupción. Durante ese período se impulsaron investigaciones de alto impacto junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), incluyendo casos como La Línea y Cooptación del Estado.
Pero, durante la gestión de Porras, el MP ha sido cuestionado y sancionado por organismos internacionales. Una de las principales sanciones fue emitida por la anterior administración de Estados Unidos —la de Joe Biden—, en la publicación Actores Corruptos y No Democráticos. También la Unión Europea (UE) emitió sanciones que incluyen la congelación de activos en Europa para Porras y otros fiscales, así como la prohibición de viajar o transitar en cualquier país miembro de la UE.
Se le acusa de debilitar las investigaciones contra la corrupción y la posterior persecución penal contra fiscales y operadores de justicia vinculados a casos de alto impacto.
La comisión de postulación aceptó cinco tachas en contra Porras, presentadas por actores de sociedad civil, políticos y autoridades indígenas que cuestionan su idoneidad y honorabilidad para renovar su cargo.
Más allá de la cuota de género
Gabriela Carrera, analista y politóloga, considera que el análisis de la participación de mujeres en cargos como el de Fiscal General debe ir un paso más allá.
Por ejemplo, en el caso de Porras, cuestiona su desempeño y el enfoque de género de su gestión. Apunta que uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con el rumbo de la investigación criminal. La eficacia del MP en estos últimos períodos, recuerda, tuvo una reducción relativa de 54.08%, de 2018 a 2025, según el informe ¿Eficacia o impunidad?, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.
Sobre datos de género en investigación criminal, las últimas gestiones también tenido cifras negativas. Más de 26 mil denuncias presentadas por violación sexual contra mujeres y niñas siguen en espera.
Carrera añade que esto ha generado una pérdida de confianza en la institución. «Es una institución que carece de confianza ciudadana y esta es la fortaleza que el ente debería de tener para la vida democrática del país».
Andrea Rabanales de la Roca, abogada y directora de proyectos de la organización Be Just, recuerda que el género de quien ocupa el cargo no garantiza automáticamente cambios en una institución como el MP.
«Que una mujer ocupe la posición no significa que se esté aplicando una perspectiva de género o de interseccionalidad en el ejercicio de la persecución penal. Son cosas distintas», matiza.
Rabanales valora como positivo que 12 mujeres se hayan postulado, porque considera que la participación abre posibilidades para que nuevas perspectivas lleguen a las instituciones. «Cuando una mujer entra a instituciones públicas tiene el potencial de transformar desde adentro porque (en algunos casos) lleva temas que muchas veces han sido relegados a un segundo plano», explica.
Milvian Aspuac, del Movimiento Nacional de Tejedoras, lamenta que históricamente las instituciones del Estado han funcionado sin considerar las realidades de las mujeres y de las comunidades a las que pertenecen.
Bajo el mandato de Porras, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, junto a otras organizaciones internacionales, condenó la criminalización de autoridades indígenas y los procesos penales contra miembros de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán.
«La persecución penal no debe ser selectiva, debe ser objetiva y castigar a quien esté cometiendo delitos, no perseguir a quienes buscan construir un país distinto», indica Aspuac.
La dirigente comunitaria también subraya que el proceso actual es clave para recuperar la confianza en las instituciones de justicia. «Necesitamos funcionarios probos, capaces y honestos que puedan aplicar la ley de manera objetiva e imparcial», concluye.
Redacción: Jaqueline Gálvez
Edición: Lourdes Álvarez Nájera
