A las cinco de la mañana Sara sale a trabajar. Vive en la periferia de la ciudad de Guatemala y tiene un bebé de seis meses que queda al cuidado …
A las cinco de la mañana Sara sale a trabajar. Vive en la periferia de la ciudad de Guatemala y tiene un bebé de seis meses que queda al cuidado de su madre, una mujer de 68 años que enfrenta problemas de salud y constantemente debe acudir al médico. El sueldo de Sara apenas alcanza para mantener a la familia y comprar las medicinas. Sin nadie más que pueda ayudarlas, la abuela carga a su nieto de un lado a otro, mientras atiende su salud.
En el departamento de Sacatepéquez vive Carlos, un niño de siete años de edad que tiene parálisis en las piernas. Se mantiene encerrado en su casa, sin poder jugar o estudiar. La escuela de su comunidad no lo admitió porque, según le dijeron a su familia, requiere una atención particular que el centro educativo no puede brindarle.
En la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, vive Mario de 78 años de edad. Siempre trabajó por cuenta propia y no tiene acceso a una pensión o seguridad social. Su esposa falleció y no tuvo hijos. Sobrevive con lo que la gente le regala en la esquina de un semáforo, donde pide dinero.
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En Guatemala, los casos anteriores cuyos nombres fueron modificados para resguardar la identidad de las personas, ilustran una constante en el cuidado de adultos mayores, la niñez de la primera infancia, personas con discapacidad o pacientes que necesitan cuidados paliativos y crónicos, una responsabilidad que el Estado no ha asumido.
La ausencia de una red pública robusta de cuidados integrales sigue sin concretarse y permanece distribuida entre programas e instituciones con alcances, coberturas y presupuestos distintos.
Esto convierte el trabajo de cuidado en una tarea invisible pero que sostiene la vida cotidiana de miles de hogares. Muchas veces a costa del tiempo, la salud y las oportunidades de quienes asumen ese trabajo, en su mayoría mujeres.
El Estado debe garantizar servicios de cuidado accesibles
La especialista en sistema de cuidados María José Romero Ródenas explica que para aspirar a un sistema integral de cuidados primero se deben garantizar servicios públicos accesibles. Por ejemplo, que una madre trabajadora tenga acceso a una guardería cercana y asequible para sus hijos; que una persona con discapacidad o un paciente con enfermedad crónica pueda recibir apoyo especializado sin depender exclusivamente de su familia; o que un adulto mayor cuente con centros de atención y acompañamiento cuando requiere cuidados permanentes.
El Estado tendría que establecer también mecanismos de protección social para quienes realizan las labores de cuidado. Otorgar acceso a seguridad social a personas que dedican tiempo completo al cuidado de familiares, crear subsidios para hogares con personas dependientes, ampliar las licencias parentales y garantizar programas de capacitación y apoyo psicológico.
Esto permitiría completar el ciclo de cuidados, para que quienes asumen esas tareas, más adelante también puedan contar con cuidados dignos. Para ello, se debería asegurar financiamiento público sostenible que permita mantener estos servicios a largo plazo.
La aprobación de una ley en esta materia implicaría crear una política pública permanente, capaz de coordinar a las distintas instituciones del Estado para garantizar servicios de cuidados.
Además, según la experta, permitiría establecer fuentes de financiamiento específicas, ampliar la red de centros de atención especializados, brindar otro tipo de apoyo a las personas cuidadoras y definir mecanismo de corresponsabilidad en distintos niveles: las familias, el sector privado y el Estado.
Pero, por ahora, Guatemala no ha dado ninguno de estos pasos de manera contundente.
Iniciativas de ley sobre cuidados que siguen estancadas
En los últimos 10 años, en Guatemala se han presentado cinco propuestas legislativas relevantes en materia de cuidados, pero aún no existe una gran ley marco. La Ley para la Autorización, Regulación y Control de Centros de Cuidado Infantil Diario, la Ley Marco para Personas con Discapacidad o la Ley de Dignificación Económica para el Adulto Mayor, son algunas de las iniciativas individuales que se plantearon, pero hasta agosto de 2026, se encuentran en fase de reestructuración o debates en el Pleno.
A estas se suma la iniciativa iniciativa 6508 Ley del Sistema Nacional de Guarderías para el Cuidado Infantil de Madres Trabajadoras, impulsada por la diputada Sonia Marina Gutiérrez Raguay, de la bancada Winaq, que posteriormente recibió un dictamen favorable con modificaciones para convertirse en la Ley del Sistema Nacional de Cuidado y Desarrollo Integral para la Primera Infancia. Tampoco ha sido aprobada.
Esta iniciativa va orientada a ampliar la cobertura, coordinar a las instituciones del Estado y garantizar el acceso a servicios de cuidado infantil desde un enfoque de derechos.
A diferencia de ésta, la iniciativa para la Autorización, Regulación y Control de Centros de Cuidado Infantil Diario, busca establecer los requisitos para la autorización, supervisión y funcionamiento de los centros donde se presta el servicio.
En 2025 la diputada Gutiérrez Raguay, también presentó una iniciativa para aprobar la Ley del Sistema Nacional de Cuidados y Desarrollo Integral para la Primera Infancia. Contó con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil, de mujeres y trabajadoras del hogar como SITRADOMSA.
Durante su discusión en la Comisión de la Mujer y en espacios de consulta con organizaciones sociales, su alcance fue ampliado. La iniciativa evolucionó hacia una propuesta de sistema nacional de cuidado y desarrollo integral para la primera infancia, incorporando no solo servicios de cuidado, sino también atención en salud, educación inicial, nutrición y protección para la primera infancia.
Gutiérrez en conversación con Agencia Ocote señala que la propuesta —que se encuentra desde 2025 en fase de modificaciones y procesos de segunda debate en el Pleno— plantea una articulación entre el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Secretaría de Seguridad Alimentaria, Ministerio de Salud y Secretaría de Bienestar Social.
Sin embargo, el alcance de esta iniciativa está concentrado sólo en la primera infancia (de 45 días a seis años) y no incorpora de manera integral a otros grupos de población como personas adultas mayores, personas con discapacidad o con dependencia, ni a quienes realizan trabajo de cuidados no remunerado.
La iniciativa enfrenta obstáculos políticos dentro del Congreso, porque no cuenta con el respaldo declarado de los diputados necesarios para su aprobación o avance, por lo que no ha logrado reunir los apoyos necesarios para avanzar. «Las legislaciones que sí avanzan son muchas veces de carácter clientelar. Esta normativa no entra en esa lógica y por eso no resulta atractiva para muchos diputados», lamenta Gutiérrez.
La diputada Andrea Beatriz Villagrán de la bancada Semilla también ha promovido iniciativas vinculadas al cuidado desde el Congreso. En 2022 presentó una propuesta para aprobar una Ley de Guarderías Universitarias, orientada a garantizar servicios de cuidado infantil para estudiantes con hijos e hijas, y presentó otra propuesta que proponía la creación de centros de cuidado de la niñez y la familia.
Villagrán coincide con Gutiérrez en que las iniciativas relacionadas con los cuidados suelen tener dificultades para avanzar en el Congreso. Según la diputada, este tipo de propuestas compiten con otras prioridades legislativas y no siempre logran reunir los consensos necesarios para su aprobación. Aunque señaló que existen intereses políticos que dificultan el impulso de estas reformas, evitó identificar a partidos o bloques específicos.
También mencionó al gremio empresarial entre ellos sectores industriales como maquilas, agricultura de exportación o servicios. Según la diputada, el gremio se ha opuesto a la aprobación de las iniciativas porque implicarían un aumento de costos operativos y laborales para la contribución del financiamiento de servicios públicos de atención a la infancia y otras poblaciones dependientes.
«No se ha visto el cuidado como una prioridad nacional», concluye Villagrán.
Un informe de Oxfam señala que las políticas de cuidados suelen enfrentar resistencias cuando buscan redistribuir responsabilidades que históricamente han recaído de forma no remunerada en los hogares, especialmente en las mujeres. La construcción de sistemas de cuidados implica redefinir el papel del Estado, las familias, las comunidades y el sector privado en la provisión de estos servicios, un proceso que puede generar tensiones entre distintos actores sociales y económicos.
Según Oxfam, más del 42% de las mujeres en edad de trabajar permanece fuera del mercado laboral remunerado, en gran medida debido a la carga de trabajo doméstico y de cuidados. Tres cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerado en Guatemala y América Latina es realizado por mujeres.
La especialista en sistema de cuidados María José Romero añade que desde el punto de vista cultural, y hablando sobre el caso específico de Guatemala persiste con gran fuerza la percepción de que el cuidado es una «obligación natural de las mujeres y de las familias», no una responsabilidad del Estado.
«Esta percepción, que se retroalimenta con la debilidad institucional y la insuficiencia fiscal, hace que las demandas por políticas de cuidados tengan dificultades para abrirse paso en la agenda política, especialmente en un contexto donde las prioridades gubernamentales han estado históricamente orientadas hacia otros ámbitos», explica.
La académica sostiene que Guatemala enfrenta una «crisis silenciosa» en el tema de cuidados.
La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos muestra que las mujeres destinan alrededor del 22% de las horas del día al trabajo de cuidados no remunerado, mientras que los hombres dedican menos del 4%.
En comunidades rurales, esta carga puede alcanzar hasta 14 horas diarias, una realidad que limita las oportunidades educativas y laborales de miles de mujeres.
Villagrán coincide con ese diagnóstico y asegura que el Estado «ha descargado básicamente todo lo que es el cuidado sobre las familias y sobre las mujeres».
Para la legisladora, la falta de políticas públicas no solo afecta a mujeres adultas, sino también compromete el futuro de las niñas y adolescentes.
«Los roles de cuidador recaen en las madres, incluso en las niñas, muchas dejan de estudiar porque tienen que cuidar a sus hermanos, abuelos o asumir tareas domésticas» afirma.
Reforma fiscal, el primer paso para seguir el ejemplo de otros países
Romero indica que desde el punto de vista fiscal Guatemala tiene una de las presiones tributarias más bajas de América Latina, con una carga fiscal que no supera el 12% del PIB, según datos del Ministerio de Finanzas Públicas y organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Esto se traduce en un margen limitado para ampliar o crear servicios públicos que requieren financiamiento sostenido.
En ese contexto, sostiene que incrementar los recursos destinados al gasto social sería un elemento importante para avanzar hacia políticas públicas de cuidado más robustas y sostenibles.
Sin embargo, también advierte que la creación de sistemas integrales de cuidados no depende únicamente de la disponibilidad de recursos, sino de decisiones políticas, marcos legales e instituciones capaces de coordinar servicios y responsabilidades entre distintos actores.
La experiencia internacional muestra que estos procesos suelen desarrollarse de forma gradual. Uruguay, considerado uno de los referentes regionales, comenzó la construcción formal de su Sistema Nacional Integrado de Cuidados en 2015 mediante la articulación de servicios para la infancia, personas mayores y personas con discapacidad.
«Países como Suecia, Dinamarca y otros modelos nórdicos han construido sistemas desfamiliarizadores, donde el Estado asume parte importante del cuidado mediante servicios públicos universales, licencias parentales extensas y cobertura infantil superior al 80% para menores de tres años», señala Romero.
En Centroamérica, Costa Rica ha avanzado con mecanismos públicos de atención y coordinación institucional, aunque todavía enfrenta desafíos relacionados con la cobertura y las desigualdades territoriales.
Para Romero, estos casos evidencian que la construcción de sistemas de cuidados requiere procesos sostenidos en el tiempo y una combinación de voluntad política, financiamiento e institucionalidad. También permiten dimensionar los desafíos que enfrenta Guatemala, donde aún no existe una política integral que articule los distintos servicios y necesidades de cuidado de la población.
También menciona que en España aunque existen avances importantes como Ley de Dependencia y permisos parentales igualitarios de 16 semanas, todavía enfrenta problemas de cobertura e inversión insuficiente.
En mayo de 2026, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una Ley del Sistema Público de Cuidados que reconoce el derecho de las personas a cuidar, ser cuidadas y al autocuidado, además de establecer responsabilidades compartidas entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado.
La normativa contempla el desarrollo progresivo de servicios e infraestructura para atender a niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia. Es uno de los ejemplos más recientes de institucionalización de las políticas de cuidados en América Latina.
No obstante, para el sociólogo Juan Daniel Flores de la Ciudad de Puebla, México, quien también es padre cuidador y asistente sombra —figura que acompaña a personas con diversidad funcional— de una persona con discapacidad psicosocial; la Ley del Sistema Público de Cuidados no surgió desde las instituciones.
Flores resalta que fue resultado de décadas de organización de grupos sociales, representantes populares y movimientos progresistas que colocaron en la agenda pública las necesidades de cuidados de los grupos históricamente vulnerables en la sociedad mexicana.
Además, destaca que la aprobación únicamente se ha dado en los congresos locales de la Ciudad de México y Jalisco, mientras que a nivel federal aún no existe una legislación equivalente.
Afirma que anteriormente no existían leyes que abordaran integralmente un sistema público de cuidados. Sin embargo, menciona que sí han surgido disposiciones relacionadas con el bienestar laboral, como la denominada Ley Silla, así como debates sobre salud mental, síndrome de burnout y la reducción de la jornada laboral.
«Estas medidas atienden aspectos específicos del bienestar de las personas trabajadoras, pero no constituyen un sistema de cuidados integral», añade el entrevistado.
Flores considera que aún es prematuro hablar de resultados palpables debido a la reciente aprobación de la ley. No obstante, expresa reservas sobre su implementación al señalar que los apoyos económicos existentes para personas con discapacidad y otros grupos vulnerables resultan insuficientes frente a los costos reales del cuidado.
Advierte que una política pública de este tipo requiere diagnósticos más amplios sobre pobreza y necesidades sociales, además de mecanismos de evaluación y participación ciudadana que trascienden la administración gubernamental.
Sostiene que el cuidado no solo involucra a las personas con discapacidad, personas mayores o mujeres embarazadas, sino también a quienes asumen las tareas de cuidado.
«Una política integral debería partir de un análisis de la realidad, considerar la evolución demográfica del país, garantizar recursos públicos suficientes y promover la participación de los grupos afectados en su diseño e implementación», puntualiza.
Sesgo machista en políticas públicas en Guatemala
Para el caso de Guatemala, las debilidades institucionales en el tema de cuidados también se reflejan en denuncias relacionadas con el cumplimiento de los permisos de maternidad y estabilidad laboral.
Según José Merces Pérez Hernández, delegado departamental de Guatemala de la Inspección General de Trabajo (IGT) del Ministerio de Trabajo, los casos más frecuentes son de mujeres embarazadas cuyos empleadores intentan despedirlas, restringir permisos o dificultar su asistencia a controles médicos.
También existe un grave sesgo sobre los permisos que el Ministerio de Trabajo otorga para cuidados. En Guatemala, las madres tienen derecho a 84 días de licencia por maternidad, mientras los padres solo cuentan con dos días de permiso laboral.
Para la diputada Andrea Villagrán, estas posturas evidencian la persistencia de una cultura machista y patriarcal que continúa asignando el cuidado exclusivamente a las mujeres. Indica que esta visión ha tenido consecuencias concretas en la forma en que el Estado guatemalteco ha diseñado sus políticas sociales durante décadas.
La legisladora hace el recordatorio de los recientes sucesos donde propuestas para ampliar la licencia de paternidad o implementar salas de lactancia en espacios laborales enfrentaron resistencia política y empresarial dentro del Congreso, por lo que no fue aprobada.
Por su parte, Romero sostiene que la experiencia europea demuestra que los permisos parentales igualitarios e intransferibles son fundamentales para promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y reducir la feminización del cuidado.
«En Suecia tienen hasta 480 días por pareja— con tasas de sustitución salarial muy elevadas y con cuotas de uso obligatorio para cada progenitor que incentivan la corresponsabilidad masculina real; y una cultura laboral que normaliza el uso de los permisos de cuidados por parte de los hombres, sin penalización profesional».
¿Qué programas tiene Guatemala para atender a la primera infancia?
Actualmente, el Ministerio de Educación impulsa programas de atención para la primera infancia de cero a cuatro años, a través de los Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil Integral (CECODII), vinculados al programa Acompáñame a Crecer. Sin embargo, este modelo aún no funciona como una red pública de escuelas infantiles de atención diaria.
Brenda Borrayo, técnica por parte del Ministerio de Educación y responsable de educación inicial y preprimaria, explica que el programa se basa principalmente en sesiones semanales de orientación para padres de familia y cuidadores sobre estimulación temprana, crianza y desarrollo infantil.
Según la funcionaria, atienden alrededor de 73 mil niños menores de cuatro años en los departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula, Chimaltenango, El Progreso, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Quiché y San Marcos. La funcionaria reconoce que el modelo enfrenta importantes limitaciones de infraestructura. Cuando el ministerio creó el programa en 2020 no contempló la construcción de centros especializados, por lo que muchas actividades se desarrollan en espacios prestados por comunidades, iglesias, municipalidades o vecinos.
En una familia donde ambos padres trabajan y necesitan dejar a su hijo durante toda la jornada laboral difícilmente encontrará en los CECODII una solución de cuidado permanente
Según la información pública solicitada por Agencia Ocote, el presupuesto anual de 2020 a 2025 es un poco más de 9 millones de quetzales para este programa.
Consultado el Ministerio de Educación (MINEDUC), no proporcionó datos registrados de niños atendidos durante el año 2020 y 2023.
A estos programas se suman los Centros de Atención Integral (CAI), administrados por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala (SBS). A diferencia de los CECODII, que se enfocan en el proceso de estimulación temprana y orientación a madres, padres y cuidadores mediante sesiones programadas una vez a la semana, los CAI funcionan como centros de atención y cuidado diario para niños y niñas de ocho meses a seis años. Estos espacios ofrecen alimentación, educación inicial, estimulación temprana, atención integral y acompañamiento psicosocial durante la jornada.
Según la SBS, los CAI están orientados principalmente a hijos e hijas de madres trabajadoras y familias en situación de vulnerabilidad. En varias de sus comunicaciones institucionales, la entidad presenta estos centros como un apoyo para las madres que necesitan incorporarse al mercado laboral. Aunque en publicaciones más recientes también se refiere a madres y padres trabajadores.
Para acceder al servicio, las familias deben acercarse al centro más cercano y cumplir con los criterios de ingreso establecidos por la institución, que incluyen la presentación de documentación del niño o niña y de la persona responsable, así como la evaluación de las condiciones socioeconómicas del hogar.
Los CAI funcionan durante la jornada laboral y ofrecen un espacio de cuidado diario para niñas y niños mientras sus familias desarrollan actividades laborales.
Sin embargo, al igual que ocurre con otros programas públicos de cuidados, la cobertura sigue siendo limitada. Cuenta con 45 centros, distribuidos en los departamentos de Guatemala, Chiquimula, Alta Verapaz, Baja Verapaz. Jalapa, Jutiapa, El Progreso, Santa Rosa, Zacapa, Izabal, Petén, Chimaltenango, Quetzaltenango, San Marcos, Escuintla, Huehuetenango, Quiché, Suchitepequez, Sololá y Retalhuleu.
Esta cobertura limitada de escuelas infantiles hace que el cuidado infantil se resuelva mediante redes familiares, centros privados, organizaciones o iniciativas de beneficencia.
Guarderías laborales: una obligación poco supervisada
El Código de Trabajo, en el artículo 155, establece que las empresas con más de 30 trabajadoras deben contar con espacios de cuidado infantil. Esto implica empresas privadas y públicas.
José Merces Pérez Hernández, el delegado de la Inspección General de Trabajo, asegura que muchas empresas cuentan con guarderías propias o contratan un servicio externo de cuidado infantil.
«La mayoría de empresas que están constituidas formalmente sí cumplen», dice el funcionario.
Agencia Ocote solicitó información pública para verificar lo declarado por Pérez Hernández y conocer detalles de las empresas o instituciones del Estado que cumplen la normativa. Pero en la resolución se indicó que en el archivo de la institución no existen esos detalles.
Cuando una empresa decide tercerizar el servicio, la Inspección General de Trabajo debe verificar que la guardería realmente exista y que los trabajadores puedan acceder fácilmente a ella junto con sus hijos.
En los casos donde la guardería funciona dentro del centro laboral, las inspecciones se deberían realizar con apoyo de personal técnico de Salud y Seguridad Ocupacional y de la Sección de Mujer Trabajadora, quienes evalúan si el espacio reúne las condiciones necesarias para la atención de niños y niñas.
Esta sección también es la encargada de proteger, orientar y promover los derechos laborales de las mujeres. Su enfoque principal es garantizar el cumplimiento de las leyes laborales evitando la discriminación y la desigualdad de género y por eso el nombre y énfasis en las mujeres.
Pérez reconoció que durante las inspecciones también han detectado irregularidades. Como ejemplo, mencionó una maquila –sin citar el nombre– que presentó un contrato para acreditar la contratación de una guardería externa, pero al verificar la dirección, los inspectores constataron que el centro de cuidado no existía.
Cuando se detectan estos incumplimientos, la Inspección General de Trabajo puede iniciar procesos sancionatorios. Las multas que establece el Código de Trabajo pueden oscilar entre seis y doce salarios mínimos, dependiendo de la gravedad y reincidencia de la infracción.
A pesar de estos mecanismos de supervisión, el Ministerio de Trabajo no proporcionó los datos públicos que permitan conocer cuántas empresas operan guarderías propias, cuántas utilizan servicios tercerizados ni cuántas trabajadoras son beneficiadas por estas modalidades de cuidado.
La diputada Sonia Gutiérrez dijo que en este tema el Ministerio de Trabajo dispone de apenas 177 inspectores «una cifra insuficiente frente al número de empresas existentes» en Guatemala.
En los datos que el Mintrab entregó a Agencia Ocote a través de información pública indicó que en 2026 poseen 175 inspectores.
El Instituto Nacional de Estadística en el último informe publicado en 2024, indica que en Guatemala operan alrededor de ocho mil empresas medianas y grandes.
Adultos mayores: una cobertura limitada
En Guatemala viven más de un millón de personas de 60 años de edad o más, según los resultados del Censo de Población 2018, equivalentes a cerca del 7% de la población.
La atención pública para el cuidado de este grupo de población se concentra en programas estatales con centros de atención diurna y un hogar de estancia permanente. Uno de los principales es Mis Años Dorados, administrado por la SOSEP.
Según datos de la SOSEP, actualmente operan 72 centros diurnos en el país, que atienden cada año entre 3 mil y 3 mil 500 personas mayores mediante terapias físicas, apoyo psicológico y actividades recreativas.
En contraste, la red pública de atención residencial permanente es considerablemente más reducida. La SOSEP administra un único centro de estancia permanente a nivel nacional, ubicado en la Ciudad de Guatemala, donde residen 17 personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad o extrema pobreza.
En Guatemala, según el artículo 2 de la Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad, una persona de 60 años o más ya es considerada un adulto mayor, aunque no necesariamente necesite de cuidados.
Las proyecciones demográficas indican que este grupo continuará aumentando durante las próximas décadas como consecuencia del envejecimiento poblacional.
Sobre el programa Mis Años Dorados, Natalee Contreras, subsecretaria de promoción representante del programa, explica que los 72 Centros de Atención Diurna funcionan de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
Sin embargo, reconoce que la cobertura es insuficiente. «Lo ideal sería tener en todos los municipios del país», afirma Contreras.
Hasta agosto de 2026, los centros diurnos funcionan en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango, San Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez y Zacapa.
El programa Mis Años Dorados se financia con recursos asignados a la SOSEP con un presupuesto anual de 39 millones de quetzales, según datos proporcionados en información pública, por lo que su funcionamiento depende de las prioridades y asignaciones de cada gobierno.
En relación a asilos de estancia permanente, la capacidad estatal sigue siendo reducida. Sobre el único centro permanente de la SOSEP que se encuentra en funcionamiento en la Ciudad de Guatemala, Contreras señala que al asumir la administración en 2024, encontraron varios centros cerrados desde la pandemia de COVID-19 y sin evidencia de atención continua durante esos años.
Cuidado de personas con discapacidad y dependencia
La falta de una política de cuidados también afecta a personas con discapacidad y dependencia. Según el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi) en el último informe de 2024, existe registro de un millón de personas en Guatemala que tiene alguna discapacidad.
Aunque la Secretaría de Bienestar Social administra centros especializados para niños de 0 a 18 años y programas de apoyo económico, estos alcanzan a una fracción de la población que requiere atención permanente.
Por medio de información pública la SBS indica que hasta julio de 2026, cuentan con 45 centros en donde atienden a 2,497 infantes.
La SBS tiene un programa de Subsidios Familiares, que cubre actualmente a 3,403 niñas, niños y adolescentes con discapacidad mediante un aporte mensual de Q500 para cubrir gastos como medicamentos, transporte a terapias e insumos médicos. Pero según datos de CONADI, en Guatemala hay 200 mil niñas y niños con discapacidad.
Sin embargo, este programa constituye un apoyo económico y no un servicio de cuidados. Actualmente el Estado no cuenta con un programa nacional de asistencia personal, atención domiciliaria para personas adultas con discapacidad o en situación de dependencia, que brinde apoyo directo a las familias en las tareas cotidianas de cuidado.
La deuda pendiente a largo plazo
A diferencia de otros países de América Latina como Uruguay, México, Chile, Argentina, Costa Rica y Colombia, que cuentan con encuestas nacionales especializadas sobre uso del tiempo y trabajos no remunerados, y han sido realizadas periódicamente a partir de 2007 en su mayoría; Guatemala tiene estadísticas limitadas.
Los primeros indicadores recientes sobre uso del tiempo de cuidados fueron presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2023.
Romero advierte que sin datos es imposible diseñar políticas públicas sólidas, calcular necesidades reales de cobertura o dimensionar el impacto económico del trabajo de cuidados no remunerado.
La experiencia internacional muestra además que estos sistemas suelen impulsarse cuando existen coaliciones políticas amplias capaces de sostener reformas más allá de un período de gobierno.
En Uruguay, por ejemplo, el sistema fue impulsado desde una visión de protección social respaldada por distintos ministerios, academia, organizaciones feministas y sindicatos.
En Guatemala, una reforma de esta magnitud requeriría legisladores dispuestos a priorizar políticas de largo plazo, aprobar asignaciones presupuestarias permanentes y coordinar esfuerzos entre salud, educación, desarrollo social, trabajo y seguridad social.
Romero sostiene que a nivel general «el Derecho del Trabajo nació mirando al obrero varón sin cargas familiares; hoy debe mirar a quienes sostienen la vida con sus cuidados, porque sin cuidados la vida simplemente no se sostiene».
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Como parte del especial periodístico La república descuidada, profundizamos en otros aspectos del cuidado en Guatemala. Te invitamos a leer más notas aquí.
Redacción: Jaqueline Gálvez
Edición: Lourdes Álvarez Nájera y Carmen Quintela
Fotografías: Christian Gutiérrez
Ilustración: Sofia Cabrera
