Jorge Giovanni Castellanos Gudiel es actualmente subcontralor de Calidad del Gasto Público y uno de los seis candidatos que integran la nómina para elegir al contralor general de cuentas para …
Jorge Giovanni Castellanos Gudiel es actualmente subcontralor de Calidad del Gasto Público y uno de los seis candidatos que integran la nómina para elegir al contralor general de cuentas para el período 2026-2030. Castellanos obtuvo 18 votos de los 27 integrantes de la comisión.
Es el más cercano al actual contralor y juntos han participado en capacitaciones y asistido al Congreso de la República a presentar los informes anuales de fiscalización a instituciones del Estado en 2025 y 2026.
El 28 de septiembre se hizo público que es investigado por la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), que solicitó a la comisión de postulación que lo eligió una copia del expediente completo del candidato. Extraoficialmente se supo que el caso podría estar relacionado con la obtención de su título de doctorado en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
De acuerdo con la información recopilada por el Movimiento Pro Justicia, Castellanos Gudiel, acumula 34 años de trayectoria en la Contraloría General de Cuentas (CGC), donde ingresó como Técnico II en 1992.
Ha ocupado distintos cargos como director de Auditoría al Sector Educación, Ciencia, Cultura y Deportes (2020 – 2021), director de Auditoría al Sector Salud y Seguridad Social (2021-2022). Llegó a la subcontraloría en 2022, ascendido por el actual contralor, Frank Helmuth Bode Fuentes.
También ha ejercido como docente de posgrado en la Usac y es autor del libro La fiscalización del fideicomiso público.
Su relación con el actual contralor es uno de los elementos que más ha destacado en el análisis de su candidatura.
Un trato diferenciado
Lissette Vásquez, directora de la Fundación Myrna Mack y Kristel Martin, abogada y coordinadora de Be Just explican que la relación con Bode y otras alianzas políticas hicieron que su perfil fuera considerado entre los de mayor preocupación dentro del proceso.
Ambas cuestionan el tratamiento que la comisión de postulación dio a una inconsistencia detectada en su expediente. Al momento en el que el candidato presentó una constancia del Centro Universitario del Nororiente (Cunor) de la Usac, la fecha de emisión era posterior a la presentación de su expediente.
El caso generó dudas entre los comisionados sobre su validez. Sin embargo, la mayoría decidió mantenerlo dentro del proceso, en lugar de rechazar el expediente o permitir su corrección.
Vásquez señala que otros candidatos fueron sometidos a criterios más estrictos ante inconsistencias similares. Por ello, el cuestionamiento no se centra únicamente en la constancia, sino en la diferencia de criterio aplicada.
Tachas que no logró desvanecer
El Movimiento Pro Justicia registra seis tachas admitidas contra Castellanos Gudiel durante el proceso de postulación. Cinco estuvieron relacionadas con su trayectoria y documentación académica y una con la contratación de su expareja y madre de su hijo en la Contraloría.
Las tachas académicas cuestionan principalmente la autenticidad y el momento en que fue emitida la constancia DEP-74-2026 del Cunor, usada para acreditar experiencia docente.
El documento está fechado el 28 de agosto de 2026, es decir, tres días después del cierre del plazo para presentar expedientes (25 de agosto). Las denuncias ante la comisión de postulación señalan además inconsistencias en la numeración de los documentos; un posible fraude de ley académico.
También un presunto tráfico de influencias relacionado con su doctorado, y un eventual conflicto de interés político-académico, incluyendo su cercanía institucional con el actual contralor, Frank Bode.
La sexta tacha cuestiona la contratación en la Contraloría General de Cuentas de Ana Lucía Ortiz Arellano, expareja e identificada como la madre del hijo de Castellanos Gudiel. La objeción cuestionó que la contratación hubiera ocurrido cuando Castellanos ya ocupaba la Subcontraloría de Calidad del Gasto Público. Plantea que él intervino en el proceso.
Castellanos tuvo opción de desvanecer los señalamientos. Sin embargo, la comisión de postulación rechazó los seis descargos presentados, por lo que las tachas quedaron en su expediente. A pesar de ello, Castellanos obtuvo 81 puntos en la calificación de su historial.
Elecciones de 2027
Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), expresó preocupación ante la posibilidad de que el Congreso elija a Castellanos.
Según Barrientos, ningun candidato presenta un perfil plenamente probo; sin embargo, consideró que la elección de Castellanos sería el peor escenario.
Ve posible que el Congreso se incline hacia él por el papel de la Contraloría durante las elecciones, dada la importancia de los finiquitos para la inscripción de candidaturas.
Existen precedentes de mala práctica en el otorgamiento del finiquito. En 2023, estando ya en el cargo el actual contralor, le fue retirado el documento que ya le habían extendido al exprocurador de derechos humanos, Jordán Rodas. Por ello, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no inscribió a Rodas como candidato a la vicepresidencia con el partido MLP y en consecuencia el binomio que hacía con la presidenciable Thelma Cabrera fue rechazado.
🇬🇹𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗟𝗢𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟲
— Guatemala Visible (@guatevisible) September 21, 2026
🏛️Congreso elegirá Contralor en octubre
El presidente de la Junta Directiva indicó que la elección se podría incluir en las agendas de sesiones del martes 6 o jueves 8 de octubre próximo.
📌 El nuevo funcionario debe tomar… pic.twitter.com/uOiDQFdykH
En 2019 ya había ocurrido algo similar con la exfiscal general Thelma Aldana. Ella ya tenía el finiquito y fue postulada a la presidencia por Movimiento Semilla. Sin embargo, previo a ser inscrita le fue retirado el documento por la Contraloría. Ambos exfuncionarios fueron criminalizados y hoy se encuentran en el exilio.
A juicio de Barrientos, un contralor con esos vínculos dentro de la institución tendrá margen para utilizar ese proceso para favorecer o impedir candidaturas.
El economista también advierte que ese margen de decisión podría operar para favorecer candidatos de organizaciones políticas que denomina «narco partidos». Entre los partidos que menciona bajo esa denominación están Vamos, UNE, Cabal y Todos.
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