La pena de muerte es un tema que recurrentemente —y más en época electoral— regresa al debate político de Guatemala. En enero de 2026, después de los ataques contra agentes …
La pena de muerte es un tema que recurrentemente —y más en época electoral— regresa al debate político de Guatemala.
En enero de 2026, después de los ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras se discutía la aprobación de un estado de sitio en el Congreso, la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo propuso restablecer esta condena.
«Es un pendiente que tiene el país», dijo entonces Marroquín. «La pena de muerte está vigente en el país y es voluntad del presidente de la República llevarla a cabo o no», añadió.
Esta afirmación es falsa. La pena de muerte no puede aplicarse en Guatemala. Aun así, en las últimas semanas, algunos políticos con miras a las elecciones de 2027 han integrado este ofrecimiento entre sus discursos.
En septiembre, Roberto Arzú —quien se incorporó al Partido Fuerza por Guatemala en octubre — también reiteró su intención de aplicarla para delitos graves.
Carlos Pineda, excandidato a la presidencia y quien lidera el nuevo partido Servir, mantiene un perfil activo en sus redes sociales y en entrevistas. En estos espacios ha sugerido que la pena de muerte debería aplicarse para políticos y empresarios corruptos.
Las restricciones legales que impiden aplicar la pena de muerte
El artículo 18 de la Constitución Política de Guatemala contempla la pena de muerte, pero establece restricciones. Su reconocimiento constitucional no significa que actualmente pueda ejecutarse.
En febrero de 2016, la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró inconstitucional la disposición que permitía imponerla por asesinato, mediante el expediente 1097-2015. En octubre de 2017, mediante el expediente 5986-2016, invalidó las disposiciones que la contemplan para otros delitos, como secuestro, parricidio y desaparición forzada.
Entre sus argumentos, la CC determinó que utilizar la peligrosidad futura del acusado como criterio para imponer la pena de muerte vulneraba el principio de legalidad.
La Corte también concluyó que Guatemala había extendido la pena de muerte a delitos que no la contemplaban cuando el país ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José. Este está vigente en Guatemala desde 1978.
El artículo 4 de este tratado prohíbe a los Estados que no han abolido la pena capital aplicarla a delitos que no la tenían prevista en ese momento.
La misma convención reconoce el derecho de toda persona condenada a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de su pena. Sin embargo, en Guatemala no existe un procedimiento para pedirlo desde que el Congreso derogó en el año 2000 la Ley de indultos de 1892, mediante el Decreto 32-2000. Este vacío impide aplicar la pena, y desde ese año no ha habido ejecuciones.
La pena de muerte como promesa electoral
En diciembre de 2018, durante la proclamación del binomio del partido Valor, Roberto Molina Barreto, entonces aspirante a la vicepresidencia junto con Zury Ríos, aseguró que podía implementar jurídicamente la pena de muerte.
Durante la campaña de 2019, Roberto Arzú, entonces candidato presidencial por PAN-Podemos, prometió impulsar su aplicación contra integrantes de pandillas.
Por su parte, Sebastián Arzú, aspirante a la alcaldía capitalina por Podemos, prometió recuperar la pena de muerte, junto con su padre, Roberto Arzú. Esto, a pesar de que una alcaldía no tiene facultades para tomar esa decisión.
También la promovieron Amílcar Rivera, candidato de Victoria, quien planteó denunciar el Pacto San José.
En 2023, Carlos Pineda, que era aspirante presidencial por Prosperidad Ciudadana, pidió públicamente al diputado Edwin Lux que apoyara una iniciativa relacionada con la pena de muerte. Pineda aseguró que los delincuentes ya no temían ir a prisión, pero que sí temerían una condena de muerte.
