Texto: Carmen Quintela y Kristhal Figueroa El Congreso de la República aprobó el 10 de noviembre la Ley de Cine de Guatemala. La iniciativa venía de lejos. Trece diputados de …
Texto: Carmen Quintela y Kristhal Figueroa
El Congreso de la República aprobó el 10 de noviembre la Ley de Cine de Guatemala. La iniciativa venía de lejos. Trece diputados de diferentes bancadas la habían presentado en 2021, en la legislatura anterior, pero pasó años estancada. En 2026 se retomó: pasó en segunda lectura en febrero, pero no fue hasta el martes pasado que el Legislativo finalmente la aprobó, con 132 votos a favor; más del 80% del pleno.
Desde entonces, en redes sociales han circulado publicaciones e imágenes que han buscado desacreditarla con desinformaciones. Se trata de perfiles que constantemente publican falsedades, como el de Giovanni Fratti —abogado vinculado al movimiento conservador Guatemala inmortal — o páginas que se hacen pasar por medios de comunicación, como Noticiero 502 gt.
Una de las piezas compartidas es una imagen que afirma que la ley destinará «Q100 millones del dinero del pueblo» a producir películas «con ideología zurda», «documentales de adoctrinamiento» y contenidos para «la agenda socialista», y a financiar a «aliados del gobierno».
Los 100 millones de quetzales del Fondo de Fomento de Cine
La nueva ley crea un «Fondo de Fomento de Cine», administrado por una nueva institución, el Instituto Guatemalteco de Cine; una entidad autónoma encargada de impulsar y coordinar el desarrollo de la industria.
En algunos medios y columnas de opinión se publicó estos días que el fondo será de 100 millones de quetzales.
En la ley no se especifica ningún monto. El artículo 25 indica que es el Instituto Guatemalteco de Cine el que destinará los recursos para el funcionamiento del fondo, que deben estar proyectados en su presupuesto anual. Además, la ley establece que es el Ministerio de Finanzas el encargado de asignar este presupuesto.
Joaquín Ruano, director y productor de cine y presidente de la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía, conocida como AGACINE, califica la afirmación sobre los Q100 millones como «pura desinformación». La ley, aclara, no asigna un monto específico porque, en unos años, la inflación o los cambios en la industria podrían hacerlo inviable.
«El monto que se le asigne al instituto depende de una proyección basada en las necesidades de la industria y lo que el mismo Estado, a través del Ministerio de Finanzas, considere que tiene disponible para la industria de cine», agrega Ruano.
La narrativa del «adoctrinamiento»
A pesar de que en algunas publicaciones de redes sociales se afirma que se usarán los fondos para promover películas y documentales «con ideología zurda» o «de adoctrinamiento», lo cierto es que la propia ley establece unos límites para evitar financiar contenidos «de propaganda política»:
Tampoco podrán beneficiarse de las medidas de fomento las obras financiadas íntegramente por instituciones públicas, las de carácter publicitario o las constitutivas de delito.
Estas restricciones, como la de la propaganda política, son comunes en este tipo de normas. Por ejemplo, el Fondo para la Promoción Cinematográfica de República Dominicana también la incluye.
La Ley de Cine también establece que la asignación de los fondos se hará mediante convocatorias a concursos. Y, tras una enmienda, se estableció que «un mismo beneficiario no podrá optar al fondo en años consecutivos para la misma etapa de producción», para garantizar la alternabilidad.
Además, en otra enmienda, los congresistas aclararon que las licencias de rodaje —que ahora estarán reguladas— tendrán «caracter exclusivamente administrativo y su otorgamiento no podrá condicionarse a la evaluación, aprobación o modificación del contenido». «En ningún caso podrá utilizarse como mecanismo de censura previa ni para restringir la libertad de creación y expresión», aclara la norma.
«Tener fondos públicos, con convocatorias abiertas, reglas claras, obligación de transparencia y jurados autónomos garantiza que las películas no sean financiadas solamente por donantes, empresas u otras fuentes que tienen una agenda específica», agrega Ruano.
No, Kathya Archila no cobró Q80 mil mensuales
La imagen replicada por Fratti y otras páginas muestra a varias personas celebrando la aprobación de la iniciativa, en uno de los palcos del Congreso. En concreto, destaca a varias personas que, según su análisis, serían beneficiadas con la nueva Ley de Cine, aunque no da ningún argumento.
Esta misma información fue publicada el 10 de noviembre en el perfil de Yes Master, cuenta anónima señalada como el nodo principal de una red de acoso digital o netcenter:
Un dato verificable de la imagen es que «con los Q3 millones de la academia de cine (gestionados por la diputada semillera “Palala”)», Kathya Archila cobró «hasta Q80,000 mensuales estando en la junta directiva».
Estos 3 millones de quetzales que se mencionan corresponden a un convenio de 2025 entre el Ministerio de Cultura y Deportes y la Academia Guatemalteca de Artes y Ciencias Cinematográficas.
Según el informe final publicado por el propio ministerio, los fondos se recibieron el 9 de octubre de 2025, se ejecutaron Q2,612,295.24 y se reintegraron al fondo común Q398,798.90. Con ese dinero se financiaron festivales, residencias de formación, un catálogo de 500 películas guatemaltecas y la preservación de archivos audiovisuales, entre otras actividades.
El informe enlista una serie de personal contratado del que detalla el monto del contrato. Entre el personal está Kathya Archila, videógrafa, fotógrafa y productora audiovisual guatemalteca, quien no era parte de la junta directiva de la academia como indica la imagen. Según confirmó Archila a Agencia Ocote, en ese momento trabajaba como directora ejecutiva de la organización.
En el documento se especifica que el pago fue de Q80 mil, pero este fue el monto total, por el contrato, y no un desembolso mensual, como afirma la imagen. «Fueron tres desembolsos, uno de Q32 mil y dos de Q24 mil. En los TDR se estableció que el contrato fue del 20 de octubre al 31 de diciembre (de 2025) y el trabajo consistió en coordinar 17 proyectos», explica Archila.
La videógrafa aclara también que ella no es la persona que se atribuye en la imagen difundida en redes sociales. La fotografía es la de una actriz guatemalteca.
