Hasta septiembre, el Congreso de la República aún no ha iniciado la discusión de dos iniciativas de ley de aguas,la 6816, impulsada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales …
Hasta septiembre, el Congreso de la República aún no ha iniciado la discusión de dos iniciativas de ley de aguas,la 6816, impulsada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la 6834 presentada por la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Para profundizar en los contenidos de ambas iniciativas, un centenar de personas se reunió en el salón social del gremio obrero, en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, el 22 de septiembre.
Son integrantes de la Comisión Plurinacional por el Agua, una alianza conformada por 35 asambleas territoriales (integradas por autoridades ancestrales en departamentos, barrios y comunidades de la Ciudad Capital y sus periferias). Algunas personas viajaron desde distintos puntos del país como San Pedro La Laguna en Sololá y Santa María Cahabón, en Alta Verapaz.
Todas las organizaciones y asambleas participaron en el «Proceso Nacional del Agua», una serie de diálogos territoriales a través de los cuales el MARN aseguró que construyó la iniciativa de ley.
Además, entregaron sus propuestas por escrito, pero aseguran que estas no fueron incluidas en la iniciativa final, presentada el 3 de agosto de 2026.
Abelino Chub Caal, vocero de la comisión y defensor del territorio criminalizado, lo resume en una frase: «La intención de hacer una iniciativa es buena, pero que sea para todas y todos y una alternativa para el país, no solo para un grupo», sentencia.
En entrevista con Agencia Ocote, Chub Caal y Blanca Estela Morales, del colectivo Chiviricuarta, analizan ambas iniciativas de ley, sus fortalezas y debilidades y el posible escenario para su aprobación.
En su análisis, ¿consideran que la iniciativa de ley 6816 toma en cuenta las distintas realidades territoriales que viven las comunidades de Guatemala?
Blanca Estela Morales: La iniciativa 6816 no recoge en sí el posicionamiento de los pueblos, no integra todos los saberes y conocimientos ancestrales que hemos heredado a través de los años. Tampoco toma en cuenta la cosmovisión.
En los diálogos que ellos pretendían tener, en los que nos juntaron e impusieron ciertas respuestas guiadas, no se recogió ni tuvo el alcance que debería tener una iniciativa de ley a nivel general.
¿Creen que contiene aspectos positivos la iniciativa 6816 impulsada por el MARN?
Abelino Chub Caal: Está bien la provocación de una ley de esa naturaleza. En lo que fallaron fue en no valorar los conocimientos y la sabiduría de los pueblos indígenas. Lo que hay (en la iniciativa) es racismo y es clasismo, porque solo dos o tres personas van a decidir al final. A los pueblos originarios se les consulta, pero de forma no vinculante.
Lo positivo es que se provocó la intención de crear una ley que regule el elemento agua, pero debe ser bajo la perspectiva de que sea declarado sujeto de derecho.
(El artículo 153 de la iniciativa de ley 6816 crea el Consejo Consultivo del Agua, una entidad de la Superintendencia del Agua. Este se encargará de brindar asesoría y recomendaciones sobre temas estratégicos relacionados a la gestión del agua; dar a conocer las necesidades, desafíos y oportunidades que se presentan en las cuencas; y conocer las propuestas de políticas y planes en dicha materia.
Entre los integrantes de este consejo, establecidos en el artículo 154, se encuentran tres representantes del pueblo maya, un representante del pueblo Xinka y uno del pueblo garífuna.
La iniciativa señala que las recomendaciones de este consejo no serán vinculantes; sin embargo, el directorio o la autoridad correspondiente de la Superintendencia deberá brindar los argumentos suficientes cuando estas no sean adoptadas.)
La iniciativa 6816 plantea la participación de los pueblos indígenas en las mesas técnicas de cuenca y en un Consejo Consultivo del Agua en los artículos 151 y 154. También en el artículo 156, reconoce la validez del uso de instituciones tradicionales para prevenir y resolver conflictos particulares de agua. ¿Esta participación es «suficiente» para representar a los pueblos indígenas en la gestión del agua en el país?
En la iniciativa de ley no aparecen los argumentos de algunas autoridades ancestrales, (por ejemplo, el reconocer a los ríos y lagos como sujetos de derecho). Esta (iniciativa) tiene un espíritu clasista y racista sobre todo.
Plantea que se les va a consultar nada más a los representantes, pero esa consulta no va a ser vinculante en la decisión de la Autoridad Nacional del Agua. Entonces el pensamiento ladino va a seguir diciendo «solo nosotros que somos académicos. Los indígenas no, porque no pueden pensar, no pueden comparar».
Eso es racismo, no tendría que ser así. Los pueblos indígenas tienen también sabiduría y tienen posturas de cómo defender este elemento desde su cosmovisión y espiritualidad.
¿Qué temas concretos les preocupan a ustedes como comisión sobre la iniciativa 6816?
Abelino Chub Caal: La poca valoración de la espiritualidad y la cosmovisión de los pueblos, la privatización, la legalización del despojo y que la Autoridad Nacional del Agua (la autoridad descentralizada encargada de hacer cumplir esta ley, proteger el derecho humano al agua, aprobar licencias de aprovechamiento y regular, por ejemplo la perforación de pozos) se convierta en un andamiaje de corrupción y autoritarismo.
La mayor preocupación es la privatización y la iniciativa no habla de esos tipos de situaciones. Por ejemplo, en esta iniciativa no hay ningún artículo que limite al finquero, al terrateniente o alguna empresa y que garantice que las comunidades también puedan tener acceso al agua.
Creo que la iniciativa es injusta porque en nuestra forma de ver, nosotros como territorios o pueblos indígenas, bajo ninguna ley, el elemento agua podría estar regulado, percibiendo desde el espíritu como un ser vivo, como un sujeto de derecho. Los que salen ganando son esos grandes intereses en el país.
La propuesta también crearía un Registro Único de Derechos de Aprovechamiento del Agua, al cual pueden inscribirse los sistemas de autogestión y administración del agua. ¿Cómo evalúan esta propuesta?
Blanca Estela Morales: ¿Por qué es un inventario y no un censo? Son cuestiones diferentes. Las personas de buena fe, los campesinos, van a llegar a decirlo; mientras que la persona que está vendiendo agua —porque es un negocio el traspaso de agua— y que saca camionadas de pipas para surtir complejos habitacionales, va a llegar a decir: «Yo solo tengo un pozo en mi propiedad» con su declaración bajo juramento.
La otra cuestión es: ¿Por qué quieren saber directamente dónde tenemos nuestro nacimiento de agua? No es que uno sea celoso, pero también «piensa mal y acertarás».
Por ejemplo, resulta que yo no sabía que en la propiedad del vecino había agua y ahorita que él se está moviendo para ir a inscribir, yo voy a comprar ahí. No existe una medida que diga: «yo tengo mi pozo aquí y a 30 metros puede estar el pozo del vecino, pero el que lo declaró primero es el que va a tener el derecho y al vecino le tocará correrse en su terreno o perforar en el terreno contiguo».
Tampoco nos explican al ir a inscribir qué requisitos nos van a pedir. En nuestras comunidades, si alguien donó el terreno pero nunca lo pasó a nombre de la comunidad aunque quedó en donación, ¿qué título nos van a pedir? ¿Que esté a nombre de la comunidad o de la asociación?
A la larga lo que va a pasar es que va a aparecer otro más pilas que diga: «Mire, yo tengo todo en orden, aquí están las fotos, mi declaración jurada, inscriban mis derechos». Y cuando la comunidad llegue, dirán: «Fíjese que esa persona vino antes». Ese es el problema del inventario.
Abelino Caal: Desde ese inventario se concreta el despojo que todavía no han logrado culminar.
La iniciativa de ley también plantea la creación de incentivos similares a los que brinda el Instituto Nacional de Bosques (INAB) por el cuidado de los bosques. ¿Puede esto ser ventajoso para las comunidades con sistemas ancestrales de gestión y cuidado del agua?
Blanca Morales: Entiendo lo que dicen, pero nosotros ya cuidamos el bosque sin necesidad de que nos paguen, porque si no lo cuidamos, no tenemos agua. La ley no está hecha para nosotros, sino para las grandes empresas.
¿Bajo qué norma se van a regir para que una comunidad tenga derecho a estos incentivos? Muchas comunidades no tienen escrituras registradas, y si se van a titulaciones supletorias, son años para recuperar títulos de tierras usurpadas. En cambio, a una hidroeléctrica que necesita caballerías de terreno y que sembró en el contorno para evitar deslizamientos, sí les llegará ese dinero del incentivo.
Abelino Chub Caal: Un ejemplo es El Estor, solo 7 comunidades tienen título de propiedad de un aproximado de 68 comunidades porque el INAB pregunta si la tierra está en el Registro de la Propiedad de Inmueble para dar el incentivo. Hay traslape de fincas de bancos, sociedades anónimas o propiedad privada sobre la tierra comunitaria. ¿Y qué pasa con el resto de comunidades que tipifican como invasión, aunque vivan 50 o 100 años ahí?
Blanca Morales: así es la legalización del despojo: cuando otorgan las licencias sobre lo que ya está concedido.
¿Y nos pueden comentar qué opiniones o sensaciones ha generado la iniciativa de ley en las comunidades, cómo la perciben?
Abelino Caal Chub: La desconocen. Nosotros la conocemos porque estuvimos ahí y pudimos llegar porque trabajamos en alguna institución. Las comunidades no lo saben, el MARN no ha divulgado su contenido en los medios de comunicación y, si lo divulga, es en español.
Blanca Estela Morales: Incluso aquí, en la capital y el área urbana: ¿Están en La Bethania, Chinautla, zona 6 o zona 1 viendo la ley de aguas? Tal vez ni siquiera están enterados.
En el Congreso la bancada UNE presentó también una iniciativa de ley de aguas, la 6834. ¿Cómo la evalúan?
Abelino Caal: La iniciativa 6816 es un folclorismo que utiliza la identidad de las autoridades ancestrales para respaldarse y la 6834 es una iniciativa criminal, que privatiza el recurso y que viene a concretar y asegurar los privilegios de los poderosos en el país. En ninguna de las dos iniciativas prevaleció la consulta libre, previa e informada.
¿Por qué consideran que la UNE presentó esta iniciativa en este preciso momento?
Blanca Estela Morales: Están tratando de dividir para desviar la atención. Al tener estas dos iniciativas de ley tratan de desvincularse, desvirtuarnos, dividirnos y confundirnos, porque ninguna de las dos nos favorece.
Abelino Chub Caal: Hay un protagonismo político detrás de estas iniciativas. La 6816 es del gobierno para llamar la atención al final de su gestión y salir «en caballo blanco».
La 6834 de la UNE es para protagonizar, pero también privilegiar a sus financistas políticos: las hidroeléctricas, minería y agroindustria, buscando recuperar su alianza con sectores económicos. Es una ley que busca concretar el despojo de los ríos de las comunidades.
Ustedes solicitaron un espacio para participar en la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso. ¿Cuál es su objetivo?
Blanca Estela Morales: Queríamos hacer ver ante la comisión que no estamos de acuerdo con esta ley (la iniciativa 6816) y que no vendan la idea de que los pueblos están a favor.
¿Como comisión apoyan ustedes la aprobación de estas iniciativas de ley?
Abelino Chub Caal: No, porque vemos que en el espíritu de la ley se desconoce a los pueblos indígenas. Es imposible aceptar que en esta iniciativa (6816) se diga que se le puede consultar a la representación de los pueblos indígenas, Garífuna o Xinka, pero que esa consulta no va a ser vinculante en la decisión. Esas cosas no caben en nuestra manera de pensar como pueblos indígenas.
Blanca Estela Morales: En los diálogos se dijo una cosa, pero la iniciativa de ley (6816) es muy distante a lo que nosotros como pueblos y directamente como nación necesitamos. Entonces, no estamos de acuerdo ante estas dos iniciativas.
La discusión de las iniciativas iniciarán en etapa preelectoral. ¿Ven que existen algunospeligros?
Abelino Chub Caal: Creemos que los personajes que plantean estas iniciativas pretenden protagonizar para jalar a las personas, para ofrecerse como «buena persona» y como políticos decir «creemos en tu necesidad y sabemos cuál es, y cuando estemos en el poder lo vamos a hacer, voten por nosotros».
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Conoce los pronunciamientos y actividades realizadas por la Comisión Plurinacional por el Agua en las redes sociales de los colectivos Maíz de Vida, Chiviricuarta, Anpük o el Consejo del Pueblo Maya (CPO).
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Entrevista: Kristhal Figueroa
Edición: Lourdes Álvarez Nájera
Fotografía y video: Christian Gutiérrez
