El presidente Bernardo Arévalo participó en la primera entrega del armamento para el Ejército de Guatemala. Foto: Ejército de Guatemala.
Los fusiles M4A1 que el Gobierno de Bernardo Arévalo le compró a Estados Unidos llegaron a Guatemala el 21 de septiembre de 2026. El propio presidente recibió el primer lote después de que el gobierno estadounidense levantara el embargo que mantuvo vigente en contra de Guatemala desde 1977.
Este embargo se justificó entonces en las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército durante la guerra interna.
Pero la brutalidad del Ejército no terminó con el embargo. Se abrieron nuevos mercados para el abastecimiento. Por ejemplo, Israel o Colombia, al que Guatemala compró 8 mil fusiles en 2019.
Ahora, con el levantamiento del embargo el Ejército de Guatemala, puede regresar al proveedor Estados Unidos.
La primera entrega de armamento es parte de una compra por 5,033,645.01 de dólares; unos 38.5 millones de quetzales.
Por este monto se compraron 2,699 fusiles M4A1, 59 ametralladoras, 57 lanzagranadas y 11,220 tolvas de 30 cartuchos para M4A1. Según dijo entonces Henry David Sáenz Ramos, ministro de la defensa, las compras de equipo para el Ejército continuarán.
Medios nacionales e internacionales publicaron fotografías del momento en que el presidente Bernardo Arévalo sostuvo uno de los fusiles , durante el evento de recepción de las armas.
Dentro de los Q4,256 millones del presupuesto del Ministerio de la Defensa para el 2026, hay un monto de Q400 millones para adquisición de equipo y armamento para el Ejército.
El ministro Henry Sáenz justificó el gasto en la modernización del Ejército de Guatemala. Según el presidente Bernardo Arévalo, serviría para combatir al narcotráfico y al crimen organizado, y así garantizar la seguridad ciudadana.
Ante esta premisa surgen preguntas: ¿armar al Ejército es siempre sinónimo de seguridad ciudadana? ¿Basta con dar armas a las fuerzas de seguridad?
Las armas como (falsa) narrativa
Carmen Rosa De León, socióloga y directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, IEPADES Internacional, explica que históricamente ha existido una narrativa en la que se asocia la seguridad con el uso de la violencia y de las armas. Es una idea que se ha difundido a nivel mundial y que en Guatemala está muy ligada al conflicto armado interno.
«Cuando hay una percepción de inseguridad siempre se piensa en más armas y que el Ejército debe estar presente en los temas de seguridad ciudadana», dice De León.
Esto pasa aunque, en realidad, la naturaleza del Ejército es otra. «El Ejército está capacitado para eliminar al enemigo en el menor tiempo posible, con el uso de la fuerza mayor», explica De León. Y, en paralelo, «la lógica de la Policía es la defensa de los derechos del ciudadano y utilizar la violencia solo en último momento», añade.
Esta narrativa juega con una emoción: el miedo.
Jordi Calvo Rufanges, doctor en Paz, Conflictos y Desarrollo, explica que la «securitización» —presentar un asunto cotidiano como una amenaza que justifica medidas excepcionales— es un mecanismo que activa el miedo. Y este se materializa en amenazas y enemigos, justifica una guerra contra todo y promueve la necesidad de armarnos, añade.
Cuando hay una percepción de inseguridad —que no siempre tiene relación con los datos de violencia— la población comienza a exigir más presencia de fuerza o de las armas, recuerda De León. Y puede llevar a tomar decisiones basadas en ese miedo. Por ejemplo, elegir a un candidato que ofrece medidas extremas o «mano dura».
Además, para Gladys Tzul Tzul, socióloga maya K’iche’, hay otra lectura. Describe la fotografía del presidente Arévalo sosteniendo el fusil como una imagen «delicada y obscena». Recuerda que el armamento en manos del Ejército de Guatemala tiene una carga semántica para los pueblos indígenas. «En el genocidio, a punta de armas de fuego se expropiaron las tierras a los pueblos a manos del Ejército», expone Tzul.
La realidad: no hay pruebas de que armar más al Ejército aumente la seguridad ciudadana
El discurso de aumentar las armas y la presencia del Ejército para reducir la inseguridad ha sido una constante en Latinoamérica. Pero los estudios que se han hecho hasta ahora para comprobar si esto ha sido exitoso, demuestran precisamente lo contrario.
Estudios en Cali (Colombia) y en México demuestran escasa o nula evidencia de que la vigilancia militar reduzca la delincuencia o mejore la percepción de seguridad. De hecho, después de analizar situaciones específicas observaron que había exacerbado la violencia y habían aumentado las violaciones de derechos humanos.
El paper «Bases, balas y papeletas: El efecto de la ayuda militar de EE. UU. en el conflicto político en Colombia» analizó el efecto de esta ayuda entre 1988 y 2005. En este período Estados Unidos aportó cerca de 5 mil millones de dólares para apoyar la lucha antinarcóticos y contrainsurgente.
Las conclusiones: aumentaron los ataques paramilitares, no tuvo efecto sobre la guerrilla —que era el objetivo— y no redujeron la producción de coca.
Una de las explicaciones que encontraron fue que el Ejército había entregado armas a paramilitares.
Las armas pueden ser contraproducentes si acaban en malas manos
En octubre de 2025 se hizo público el robo de armamento militar en las instalaciones del Comando Aéreo del Norte, ubicado en Petén. Según informó eP Investiga, fueron 74 fusiles, 14,422 municiones de 5.56 milímetros, 111 tolvas y tres lanzagranadas M-79.
Ante este y otros robos de armamento del Ejército, De León considera importante que el Estado tome precauciones para que el armamento comprado no termine en grupos criminales.
Esta falta de control alimenta el tráfico de armas. «Una parte importante de las armas decomisadas a civiles en el país tiene origen estadounidense», recuerda la socióloga.
Las armas no bastan
Claudia Paz y Paz fue fiscal general del Ministerio Público de Guatemala de 2010 a 2014. Durante su mandato, el país avanzó en la justicia transicional para las víctimas de la guerra, y también en la captura y extradición de algunos de los narcotraficantes más buscados.
-En la experiencia de Paz y Paz, para combatir el crimen organizado hay algo más importante que las armas: la inteligencia criminal.
Conocer cómo actúan estas redes, cómo mueven el dinero, sus vínculos con países vecinos, si son par de una red nacional o internacional, si hay funcionarios involucrados o no…
Las armas, analiza, se pueden utilizar para ciertos momentos pero el trabajo fino, eficiente y que desarticulará a las redes será un trabajo de investigación y análisis de información.
«Se pone el foco como que fuera una guerra, en que “debemos tener este armamento”, pero para mí no es la mejor apuesta», dice Paz y Paz.
«La mejor apuesta es profesionalizar y darle recursos a las personas que están a cargo de la investigación criminal y contar con un conocimiento profundo de este fenómeno criminal. Esa es una vía mucho más eficiente», agrega.
La estrategia de Estados Unidos
Tanto Carmen Rosa De León como Gladys Tzul coinciden en que, aunque el embargo inició por un tema de derechos humanos, el levantamiento no tiene relación con su defensa o protección. Obedece más bien a un asunto comercial de Estados Unidos.
«Responde a la nueva dinámica de Estados Unidos de armar a todo el mundo y además vender armas», analiza De León.
En julio de 2026, Radio Francia Internacional publicó que la OTAN, integrada por países de Europa y Norteamérica, había anunciado nuevos contratos de armamento para demostrar a Estados Unidos que Europa se toma en serio el aumento del gasto en defensa.
Dos meses antes, Infobae publicó que Estados Unidos había aprobado la venta de armas por 25,800 millones de dólares a países de Medio Oriente. Incluía la entrega de cientos de interceptores de defensa aérea y otras armas a Baréin, Israel, Kuwait, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.
Tzul se basa en este tipo de hechos para señalar que, así como el enemigo interno o el comunismo eran una justificación en los años 80, las drogas son ahora el discurso para la ampliación del presupuesto armamentista, para la intervención de Estados Unidos en determinados países y para la dirección del presupuesto del Ejército en armas.
«Por lo menos en la OTAN es más transparente la información. Para el caso de Latinoamérica o de Centroamérica no es transparente. Aquí no hay una conferencia centroamericana sobre seguridad. El levantamiento de un embargo no ocurre por casualidad», concluye Tzul.
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Agencia Ocote consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la presidencia y a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala sobre las medidas que tomarán para evitar que las armas se usen contra la población civil, vulneren derechos humanos o terminen en grupos criminales; los motivos comerciales de su compra y las acciones que se tomarán en inteligencia criminal.
Julio Lara, de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, indicó que los temas comerciales y la inteligencia criminal le competen al Ejército. Entonces se consultó con la mayor Natalia Mollinedo, portavoz del Ejército.
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Si deseas leer más sobre el tema, aquí puedes encontrar una lista de libros de Jordi Calvo Rufanges, profesor sobre conflictos armados, paz, seguridad y economía de la defensa.
Investigación y redacción: María José Longo Bautista
Edición: Carmen Quintela
Diseño: Sofía Cabrera
