Asamblea de la Sociedad Civil

Con el acuerdo de calendario de las negociaciones para una paz firme y duradera, se estipuló cuál era la ruta apropiada para discutir y firmar cinco acuerdos sustantivos que permitirían avanzar en la búsqueda de una solución negociada al Conflicto Armado Interno (CAI) en Guatemala.

En ese calendario se estableció la instalación de una Asamblea de la Sociedad Civil (ASC), presidida por monseñor Rodolfo Quezada Toruño, acompañado por personalidades de la vida social y académica; y que también se integraría por los sectores que habían asistido previamente a reunirse con la Comandancia General de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

La ASC se constituyó en abril de 1994, con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el aval de la URNG, el ejército y el Estado guatemalteco. Funcionó durante los siguientes meses, en la casa de la reconciliación, ubicada sobre la 6a. Calle de la zona 9, de la Ciudad Capital. En ella se realizaron reuniones diarias, para lograr discutir y aprobar seis propuestas, previamente a cada ronda de negociaciones.

También se estableció que Monseñor Quezada Toruño y representantes de la ASC acudirían a la ciudad en la que se celebraría la ronda de negociaciones. De manera previa le entregaron a las partes el documento con la propuesta.

En pocos meses, durante la administración del expresidente Ramiro de León Carpio, se avanzó mucho más que durante los ocho años previos. Se firmó el Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos y el que contemplaba una solución a los problemas que enfrentaba la población desarraigada. Posteriormente, debido a la poca voluntad y divisiones internas del ejército, se produjo un aletargamiento, que provocaría que avanzaran lentamente las negociaciones.

Paralelamente, en esa época, el mandatario propiciaba cambios profundos. Uno de ellos fue el inicio de un proceso que implicaba que el Estado abandonaría la práctica de cometer violaciones a los derechos humanos. Aun así, en octubre de 1995, se produjo la masacre de Xamán en la que perdieron la vida diez personas y más de una treintena quedaron gravemente herida.

El exministro de la defensa, Mario Enríquez, inmediatamente intentó desligar al ejército de esa masacre. En algún momento se dijo que no había presencia militar en el lugar. Luego se señaló a la URNG de ser la responsable. No imaginó que desde dentro de esa comunidad, acompañantes de movimientos humanitarios que venían del extranjero, iban a transmitir por radio en tiempo real lo que sucedía.

En pocos días se esclareció ese hecho. Esa intención de mentir por parte de Mario Enríquez le costó la destitución. Todavía en la actualidad esa masacre sigue esperando justicia, incluso ya se produjo una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las negociaciones continuaron a pesar de este crimen, habiendo adquirido matices de mayor rapidez con la llegada del siguiente mandatario.