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Según datos de la plataforma de la Comisión Nacional de Anticonceptivos (CNA) del 2023, un estimado de 1.3 millones de mujeres son usuarias de la red de servicios públicos del Ministerio de Salud. Ahora ellas se encuentran en peligro, porque los métodos anticonceptivos que utilizan con regularidad —y que les provee el Estado—, dependen de una compra internacional que el ministerio no renovó a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Se consultó a comunicación social del Ministerio de Salud sobre la fecha de la renovación u otro posible proveedor, pero al cierre de edición de esta nota no se respondió.
Mirna Montenegro, directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), señala que la situación afecta principalmente a mujeres de áreas rurales e indígenas, donde se concentra la mayoría de usuarias del sistema de salud pública.
El OSAR, integrado por universidades, sociedad civil y asociaciones de medicina obstétrica, mantiene un monitoreo a nivel nacional sobre embarazos en niñas y adolescentes, métodos anticonceptivos, muertes maternas y la ejecución del presupuesto público para planificación familiar.
¿En qué situación se encuentra la distribución de métodos anticonceptivos en Guatemala?
Estamos frente a una crisis de desabastecimiento. El convenio que permitía comprar anticonceptivos a través del UNFPA —y que se renueva cada cinco años— venció el 31 de diciembre de 2024.
Desde julio de 2025 no hay anticonceptivos orales en el sistema público. La inyección trimestral (de acetato de medroxiprogesterona), utilizada por aproximadamente el 50% de las mujeres que planifican en Guatemala, también presenta desabastecimiento crítico en Huehuetenango, Alta Verapaz y Chiquimula.
La falta de anticonceptivos afecta a 1.3 millones de mujeres en todo el país. Negar el acceso a métodos anticonceptivos constituye una forma de violencia, según la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer.
No comprendemos cómo, tras 15 años sin problemas de abastecimiento, entre 2025 y 2026 enfrentamos esta crisis. Consideramos que la causa es la falta de priorizar la salud reproductiva y el derecho a planificación familiar.
¿El origen del problema es presupuestario, logístico o de compras?
No es un problema de dinero, el presupuesto existe y está garantizado por ley. Guatemala tiene un financiamiento específico del 15% del impuesto a la distribución de bebidas alcohólicas destinado a salud reproductiva.
Somos uno de los pocos países de la región que tiene un financiamiento específico para ese tema. En 2025 hubo 126 millones de quetzales asignados. Sin embargo, 33 millones de quetzales destinados a compra de anticonceptivos, no se ejecutaron (por el retraso en la gestión de la renovación del contrato para surtir en 2026).
Este año también hay 126 millones de quetzales proyectados, pero hasta mediados de febrero solo se ha ejecutado el 4%, según datos de Sicoin. Estamos en números rojos.
¿Por qué esto representa un problema particular para las mujeres indígenas y de áreas rurales?
En Guatemala se ha reducido la muerte materna por el acceso a la planificación familiar que tienen las mujeres. Por cada 100 mujeres en edad fértil, 67 usan métodos de planificación familiar.
Cuando hablamos de la capital del país hay más opciones para acceso a métodos (por otras redes de servicios y también por oenegés) pero no para una mujer que vive en Santa Eulalia (Huehuetenango) o Chisec (Alta Verapaz).
Queremos que se garantice la compra de los métodos anticonceptivos y la logística para que lleguen a los lugares más lejanos, donde está la mayoría de usuarias que no pueden pagar servicios privados.
¿Qué estrategias se implementan para enfrentar la crisis?
Desde las organizaciones sociales se han sostenido reuniones con el Ministerio de Salud para exponer la magnitud del desabastecimiento y exigir una solución inmediata. También se han emitido pronunciamientos públicos.
Hemos insistido en concretar la compra a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) u otro mecanismo internacional que garantice precios accesibles y abastecimiento continuo, como anteriormente ocurría con el convenio vigente hasta diciembre de 2024.
Paralelamente, se ha comentado por parte del Ministerio de Salud que se analizan compras temporales a nivel departamental como medida de contingencia. Esto permitiría atender la emergencia inmediata y evitar que las usuarias se queden sin método durante meses.
También se debe implementar campañas de comunicación para informar a las mujeres sobre cambios temporales de método y evitar la desinformación o el abandono de la planificación.
Es necesario fortalecer la capacitación del personal de salud para ampliar el uso de métodos de larga duración, como implantes subdérmicos y dispositivos intrauterinos (DIU), como alternativas ante la escasez de anticonceptivos orales e inyectables.
¿Desde OSAR han identificado cuáles son los principales obstáculos sobre educación sexual en el país?
Es precisamente la falta de acceso a información, métodos, educación. También la resistencia religiosa, sumada al machismo sobre el control del cuerpo de las mujeres y los retrocesos en el enfoque de derechos sexuales y reproductivos.
El sistema en general muchas veces no opera con sensibilidad frente a las niñas víctimas de violencia sexual.
Aunque hay avances en marcos legales, desde 1999 cuando se aprobó la Ley de Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer.
En 2000 y 2004 se consolidaron leyes clave como la de Planificación Familiar y la asignación del 15% del impuesto a bebidas alcohólicas.
Además, entre 2008 y 2012, cuando se vivió un momento de mayor avance en educación integral en sexualidad, con modificaciones al Currículo Nacional Base (CNB) y la elaboración de materiales con estándares internacionales.
Sin embargo, en 2025 lo que vemos es un retroceso en el marco y contexto de los derechos humanos, especialmente en los derechos sexuales y reproductivos.
El desafío es ampliar la visión social en el marco de los derechos humanos y garantizar que, más allá de las diferencias ideológicas, el Estado responda a las niñas y mujeres que ya han sido vulneradas.
Conoce más sobre la cobertura al tema de derechos sexuales y reproductivos de Agencia Ocote aquí.
Créditos:
Redacción: Jaqueline Gálvez
Edición: Lourdes Álvarez Nájera y Carmen Quintela
Fotografía: Christian Gutiérrez
