Guatemala lleva décadas haciendo cine, sin haber terminado de reconocer que tiene una cinematografía. Ahora, por fin, empieza a saldar esa contradicción. El martes 10 de noviembre, el Congreso de …
Guatemala lleva décadas haciendo cine, sin haber terminado de reconocer que tiene una cinematografía. Ahora, por fin, empieza a saldar esa contradicción.
El martes 10 de noviembre, el Congreso de Guatemala aprobó con 132 votos el Decreto 27-2026, Ley de Cine.
La decisión culmina casi veinte años de esfuerzos colectivos del sector cinematográfico. Es una victoria, pero también el comienzo de una larga etapa de construcción.
El primer proyecto se impulsó alrededor de 2006. Roberto Díaz Gomar († 2024), fundador de AGACINE, fue uno de sus promotores.
En 2007 se presentó la iniciativa 3728, que recibió dictamen favorable en 2009, pero no avanzó.
Tras otros intentos legislativos, la iniciativa 5906, presentada en 2021 y trabajada por AGACINE junto a otros sectores, fue la que finalmente se convirtió en decreto.
La ley propone crear el Instituto Guatemalteco de Cine; una Comisión Fílmica; una Escuela Superior Nacional de Cine; una Cinemateca y un Registro Cinematográfico, bajo la orientación de un Consejo Nacional.
El presupuesto del Instituto, sin embargo, aún deberá concretarse. Los recursos del fondo se distribuirán mediante convocatorias. La licencia de rodaje tendrá carácter administrativo y no podrá utilizarse para censurar ni condicionar el contenido de una obra.
Para productores, esto abre nuevas oportunidades de financiamiento. Para técnicos y trabajadores de sonido, arte, montaje, subtitulado y producción, puede significar más rodajes, formación y mejores condiciones laborales.
Una producción cinematográfica requiere hoteles, transporte, catering, alquiler de equipos, construcción, seguridad, comercios y servicios locales.
La Comisión Fílmica, junto al Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), puede presentar Guatemala como destino de rodajes e inversión.
Pero atraer producciones extranjeras solo tendrá un efecto sostenible si contratan personal guatemalteco, compran servicios locales y transfieren conocimientos. No se trata solo de traer cámaras al país, sino de hacer que el trabajo y la inversión permanezcan también aquí.
No olvidemos que el cine no se mide únicamente en empleos e ingresos. Conserva la memoria, interroga la historia y muestra cómo una sociedad se comprende a sí misma.
Desde mi trabajo en la transcripción, traducción y subtitulación —también de producciones en idiomas mayas—, sé que traducir no consiste solo en trasladar palabras: permite que otras formas de narrar y entender el mundo lleguen a otros públicos.
Es una plataforma para que las comunidades aparezcan en pantalla desde su propia mirada, más allá de la postal turística o la representación folclórica.
Guatemala puede presentarse al mundo no solo a través de sus paisajes, sus artesanías y sus tradiciones, sino también a través de las historias que sus propias comunidades tienen que contar.
La aprobación de la ley no concluye el esfuerzo; abre una nueva etapa. Ahora falta poner en marcha las instituciones, aprobar el reglamento y asegurar recursos, además de garantizar convocatorias transparentes y una representación efectiva de la diversidad cultural y lingüística del país.
Durante años, Guatemala hizo cine sin una estructura pública. Ahora existe la posibilidad de construirla. La ley de cine no hará películas por sí sola, pero puede crear las condiciones para que quienes cuentan nuestras historias tengan herramientas, trabajo y espacios para hacerlo.
Después de tanto cine y tan poca ley, el verdadero desafío será construir una cinematografía capaz de sostenerse, generar empleo, preservar la memoria y permitir que Guatemala se reconozca en sus propias imágenes.
Texto escrito por: Christian Baumann Noriega




