Por Daniela Castro y Joan Suazo

principios de julio David Velásquez, de 29 años, empezó a sentir dolor y fiebre, síntomas de que podría tener COVID-19. Su hermano José lo llevó rápidamente a un centro de emergencia en la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras, para que le hicieran el examen del virus y lo sometieran a un tratamiento, pero todo lo que encontró fue caos. “Era una desorganización bárbara. Deberían haberle dado prioridad a los pacientes más graves y no ponerlos a todos a hacer fila por igual”, recuerda.

Días después, el estado de salud de David empeoró y su médico le dijo que tenía que ingresar a urgencias, pero todos los hospitales que su familia contactó estaban llenos. Un hospital privado tenía espacio pero le pedían más de 24.000 dólares para internarlo y ponerle un respirador, mucho más de lo que podían pagar.

A David le tocó quedarse en casa. Por suerte, el médico que lo atendió encontró un tanque de oxígeno para mantenerlo con vida. Algunos de sus vecinos no fueron tan afortunados. En ese momento, la pandemia ya estaba desbordando el precario sistema de salud de Honduras. Antes de la Covid-19, este país centroamericano de 9,3 millones de habitantes, sólo tenía 0,7 camas de hospital por cada mil personas, una de las peores tasas de América Latina. A principios de julio, más de 20.000 personas habían sido infectadas y medios de comunicación locales reportaron que la mayoría de los hospitales estaban desbordados.

Esta era una situación que el gobierno de Honduras había intentado evitar con una inversión de emergencia. A mediados de marzo, después de que se detectaron los primeros casos de coronavirus en el país, el Estado gastó millones de dólares en siete hospitales móviles. Marco Bográn, el entonces director ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), se encargó de las adquisiciones de emergencia. Su objetivo era sumar más de 450 camas al sistema de salud para quintuplicar la capacidad instalada de su red hospitalaria.

Se han escrito muchos artículos, auditorías e informes sobre el desastroso – y posiblemente ilegal – proceso de contratación directa de estos hospitales móviles. Ahora, OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y el medio hondureño El Pulso revelan cómo fue esa operación: INVEST-H encontró en Internet una compañía aparentemente desconocida y pagó una tarifa inflada de 47 millones de dólares por los hospitales sin firmar previamente un contrato. Documentos confidenciales muestran que un intermediario incrementó los precios en por lo menos 16 millones de dólares, mientras entregó equipos inútiles para la tarea, con meses de retraso.

Nuevos documentos también muestran que la compañía estadounidense mintió acerca de dónde obtuvo los equipos y exigió estricta confidencialidad y control sobre todo el procedimiento. Tuvieron que pasar seis meses para que los dos primeros hospitales llegaran. Ambos en malas condiciones y sin los respiradores mecánicos necesarios para atender a los pacientes con cuadros graves de coronavirus. Otros dos hospitales móviles aterrizaron en el país recién el 11 de octubre pasado.

“Las instalaciones no son de cuidados intensivos, son definitivamente hospitales para triaje y las vendieron como si fueran hospitales de cuidados intensivos”, indicó el doctor Carlos Umaña de la Asociación de Médicos del Seguro Social.

El hombre detrás del negocio, Axel G. López, es difícil de encontrar. Durante varios meses los autores de este reportaje trataron de contactarlo sin éxito. Después de desaparecer por varias semanas, parece que López está ahora en el proceso de construir los nuevos hospitales. Pero no está claro cuándo estarán todos listos.

Mr. HispanoPreneur™

Axel López, de 59 años, es originario de Guatemala y migró a Estados Unidos, donde obtuvo la ciudadanía.

En un libro con citas autobiográficas que publicó en 2014, López describe cómo un grupo de mexicanos lo secuestró en su juventud mientras buscaba entrar a Estados Unidos. Apenas su familia en Los Ángeles pagó el rescate, dice, lo entregaron a un coyote que lo escondió en un compartimento secreto en la parte trasera de una camioneta y lo pasó de contrabando por la frontera.

Después de graduarse de la universidad en Los Ángeles, se casó y se enroló en la Armada de Estados Unidos. Cinco años después López se retiró y se mudó con su familia a Orlando, Florida, donde se lanzó en el mundo de los negocios.

López afirma haber tenido muchos apodos que se refieren a sus proezas empresariales a lo largo de los años, incluyendo “Mr. Cash King” (Señor rey del dinero) y “The Hispanic Guru” (El gurú hispano). Hoy se presenta como “Mr. HispanoPreneur™” (Una contracción entre “hispano” y “emprendedor” en inglés) y se publicita como un experto en marketing y consultoría de negocios en América Latina.

En su libro, titulado “How to Do Successful Business in Latin America” (Cómo hacer negocios exitosos en América Latina), López habla de sus aprendizajes y destila consejos a quienes quieren seguir sus pasos. Sus secretos para ser exitoso en América Latina incluyen acercarse a las élites políticas y empresariales locales, así como pagar sobornos cuando sea necesario. Aunque recomienda conseguir a otra persona que lo haga por uno.

Los reporteros encontraron siete empresas en Estados Unidos vinculadas a López. Seis de ellas están registradas en una misma dirección y tres tienen socias en Turquía con prácticamente el mismo nombre: Vertisa Medical Waste Technology, DLR Medikal y Elmed Medical Systems.

Con esta última el gobierno hondureño negoció para comprar los hospitales móviles durante la crisis por el coronavirus. La dirección oficial de Elmed corresponde a un buzón dentro de un local de la empresa de logística UPS, ubicado en un centro comercial en Orlando. Esa misma dirección es usada por cientos de empresas más, según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el capítulo hondureño de Transparencia Internacional. Aunque en su página web Elmed ofrece “hospitales móviles, clínicas y soluciones móviles”, bases de datos de comercio exterior que revisamos muestran que no registra la venta de este tipo de productos.

Marco Bográn, ahora exdirector ejecutivo de INVEST-H, dijo que encontró la compañía navegando por Internet. Según su versión, Elmed opera bajo el nombre comercial de “HospitalesMoviles.com (Hospitales Móviles USA)” y fue la única empresa que prometió suministrar los equipos que necesitaban.

Pero hay otras evidencias que indican que López tal vez aplicó algunos de los consejos que da en su libro y pudo haber usado contactos políticos para sellar el trato. Por un lado, él mismo le dijo a un medio hondureño que la Embajada de Honduras en Estados Unidos pasó la información para que lo contactaran.

Hay también una foto antigua que circula en las redes sociales que parece mostrar que tuvo en el pasado contactos con la familia Bográn. La imagen muestra al empresario guatemalteco-estadounidense con la tía de Marco Bográn, María Antonieta Guillén de Bográn, quien fue vicepresidenta de Honduras de 2010 a 2014.

Porfirio Lobo Sosa, entonces presidente de Honduras, le dijo a El Pulso que considera que la fotografía es real y que pudo haber sido tomada en la oficina de Guillén de Bográn entre 2010 y 2013.

Tanto Marco como Guillén de Bográn han negado haber tenido vínculo alguno con López. Mientras que María Dolores Agüero, quien era embajadora de Honduras en Washington en marzo, también negó haber tenido contacto con López.

Millones de vidas en riesgo

En marzo INVEST-H comenzó a buscar hospitales móviles, mientras la Covid-19 se propagaba rápidamente alrededor del mundo. Según Sireya Díaz, portavoz de la entidad, buscaron varios proveedores, pero ni en Honduras ni a nivel internacional encontraron lo que necesitaban.

Sin embargo, un informe de ASJ revela que el organismo de contrataciones hondureño no adelantó el proceso de licitación adecuado y solamente envió correos a varios proveedores pidiendo información sobre hospitales móviles. El reporte cuestiona la adjudicación de la compra a Elmed porque se le emitió casi de inmediato una orden de compra para los dos primeros hospitales, mientras los otros proveedores todavía pedían información sobre las especificaciones de los hospitales.

El documento concluye que INVEST-H “no ha desempeñado adecuadamente su función de manejar transparente y efectivamente la responsabilidad de usar los más de USD 80 millones invertidos en responder a la pandemia de COVID-19”. Esta falla, advierte, “podría poner en riesgo la vida de millones de hondureños”.

Otro informe del centro de Asistencia Legal Anticorrupción de ASJ encontró que INVEST-H “no siguió ni sus propios lineamientos de contratación en las compras de emergencia Covid-19”.

Bográn manifestó ante el Congreso Nacional que las compras no fueron aprobadas por la junta directiva de INVEST-H por la declaración de emergencia. Este mes lo arrestaron por cargos de malversación de caudales públicos.

Un documento obtenido por OCCRP y El Pulso muestra que la compañía de López le envió a INVEST-H la orden de compra por dos hospitales móviles el 18 de marzo. Ese mismo día, López mandó una propuesta de acuerdo comercial a SDI GLOBAL LLC, un proveedor militar que vende desde armas hasta equipos de salud. El mensaje está escrito de manera confusa, pero López parecía estar haciendo un pedido.

López incluyó estrictos requisitos de confidencialidad. “Por favor no proporcione más información a nadie a menos que lo haya definido conmigo directamente”, escribió en mayúsculas en un correo.

En esa comunicación, el empresario indicaba que el embajador de Honduras en Alemania o el consulado de Honduras en Turquía llamaría al director general de SDI Global LLC en Turquía, quien sólo debería dar información sobre las camas. También insistió en que los hospitales móviles deberían llevar la marca de HospitalesMoviles.com y no la de SDI Global.

Al tomar parte en este acuerdo, López subrayó: “Usted y los socios de negocios acuerdan, en un momento posterior, fecha a determinar en la visita a Turquía y la reunión entre nosotros, y con el interés de forjar un acuerdo más fuerte, acordará formar una nueva empresa con nuestro nombre comercial actual”.

Aparentemente SDI no contestó y a los seis días, López volvió a enviarles un mensaje.

La empresa finalmente le respondió el 26 de marzo, cuando el director Göktuğ Luay Humud envió una propuesta pidiendo más información. López nunca confirmó y no se hizo ningún contrato.

Pero López ya se había comprometido a suministrar los hospitales móviles a Honduras. El mismo día que recibió la orden de INVEST-H – y antes de que SDI Global le contestara – emitió una primera factura por 15.9 millones de dólares. Un segundo recibo de 31.5 millones de dólares siguió un par de semanas más tarde.

INVEST-H pagó estas dos facturas por más de 47 millones de dólares en la cuenta bancaria de Elmed en el Chase Bank en Estados Unidos el 20 de marzo y 2 de abril, respectivamente. Estos giros se hicieron sin ninguna garantía o penalización por el retraso en las entregas. Un correo electrónico, obtenido por solicitud de acceso a la información, muestra que un día antes de que se realizara el primer pago, el órgano de contrataciones hondureño le solicitó a Elmed documentos que probaran su existencia.

Marco Bográn defendió la decisión de pagar a Elmed 47 millones de dólares sin muchas preguntas. Solo dijo que fue necesario por la dificultad de conseguir material médico en medio de la crisis sanitaria global. “En este momento de emergencia internacional el mercado está dictando las reglas del juego”, dijo a El Pulso en mayo. “Si queremos obtener los insumos tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad de un mercado volátil y errático”, añadió.

En junio SDI Global negó haber tenido cualquier relación con Elmed y señaló que crearon una “propuesta falsa” porque utilizaron sus códigos de proveedores militares y “usaron ilegalmente nuestro folleto con fotos y descripción de nuestros productos”. Su presidente, Michael Murphy, dijo que pusieron demandas contra López ante el FBI y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como en Turquía, pero no dio más detalles.

Precios inflados

Unas semanas después de realizar el pago, Marco Bográn aseguró a El Pulso que estaban ya construyendo los hospitales móviles y que tenía contacto regular con el fabricante, que él suponía que era Elmed, la compañía de Axel López.

En realidad, Elmed era una empresa intermediaria, como se evidencia en el acuerdo que mandó a SDI Global con la que buscaba subcontratar la “fabricación” de los hospitales.

Pero el “HispanoPreneur™” sí parece haber tenido un rol importante en el incremento del valor de los equipos.

Un documento conocido por El Pulso y OCCRP detalla los beneficios que López pensaba obtener. Ahí, presiona a SDI Global para que le hagan descuentos y reduzca el precio de una unidad de 91 camas de 5.25 millones a 4.45 millones de dólares y de un hospital de 51 camas de 3.7 millones a 3.175 millones de dólares.

López escribió en sus comunicaciones con el fabricante: “Esto será de Honduras ¡Todo en efectivo!” y les informó también que en pocos días podían cerrar otro trato para un hospital de 91 camas para Bolivia. Una periodista boliviana no encontró a Elmed como proveedor en ninguna base de datos oficial y el Gobierno no respondió a una solicitud de información.

Sin embargo, en sus facturas a INVEST-H, Axel López cobra 7.95 millones de dólares por una unidad de 91 camas y 5.75 millones de dólares por una unidad de 51 camas. Basándose en esas cifras, el Gobierno de Honduras pagó sobreprecios de más del 50 por ciento o de más de 16 millones de dólares.

Otros llegaron a la conclusión que Honduras pagó incluso más.

En su auditoría, ASJ informó que contactó a dos compañías turcas que hacen hospitales similares y que le dieron precios de 2 a 3 millones de dólares menos cada uno. Basándose en cálculos similares, el Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras (CNA) estimó que el Estado pagó 69 por ciento más de lo debido y que la empresa de Axel López ganó una comisión de más de 32 millones de dólares.

“El intermediario falsificó documentos fiscales a fin de hacer poder cuadrar los montos recibidos por parte de Invest-H”, señaló el CNA en su informe. “Tal acción constituye un delito de carácter transnacional”.

El ex presidente de Honduras, Lobo Sosa, cree que definitivamente, su sucesor el presidente Juan Orlando Hernández tenía que haber estado al tanto de la compra. “No hay forma de que él no supiera lo que se iba a hacer. No podían autorizar que se diera ese dinero sin que él lo autorizara”, dijo.

Un portavoz del Gobierno fue consultado sobre esta afirmación, pero no contestó.

Antiguo, usado y dañado

No está del todo claro dónde – o cuándo – se hicieron los dos hospitales móviles que Honduras recibió en julio. Llegaron casi cuatro meses después de que fueron comprados y mucho después del plazo de entrega que López había prometido.

Carlos Aguilar, exministro de Salud y neumólogo en Tegucigalpa, dijo que se podría haber hecho más por los pacientes con Covid-19 si hubieran llegado antes. “Creo que los tratamientos se pudieron haber comenzado más rápido y estoy seguro que hubiesen incidido positivamente al tener desde luego mayores espacios, mayor número de camas”, explicó.

Inspecciones realizadas por el Ministerio Público y el CNA encontraron que varias de las unidades parecían ser de segunda mano y estaban en algunos casos visiblemente dañadas y corroídas, según el periódico hondureño La Prensa.

Una auditoría oficial de los hospitales encontró que hacen falta 61 respiradores necesarios para atender a pacientes con síntomas severos de coronavirus, mientras que una lista de equipos revisada por los reporteros confirma que ningún aparato de este tipo fue entregado con las unidades.

La auditoría, publicada el 8 de octubre, también señaló que los hospitales no han sido puestos en servicio, en parte porque los ingenieros responsables de su instalación nunca llegaron.

INVEST-H todavía está trabajando con Axel López y publicó imágenes que muestran que el resto de los hospitales están siendo fabricados por una compañía turca llamada Vertisa Cevre Tek.

Esa compañía también tiene vínculos con López: incluye a Vertisa Medical Waste Technology, LLC, una de sus empresas en Florida, como su distribuidor en Estados Unidos. Y un texto sin fecha publicado en un foro empresarial en línea cita a López diciendo que las dos empresas se asociaron para formar VERTISA Medical Waste Technology.com.

OCCRP trató de contactar al CEO de Vertisa Cevre Tek, pero no obtuvo respuesta.

El propio López sigue escurridizo. El Pulso y OCCRP han tratado de contactarlo desde finales de mayo, pero no ha respondido a los mensajes ni a las llamadas. Incluso INVEST-H tuvo dificultades para contactarlo en el verano.

“Te pido que nos mantengas informados de ser posible cada 3 a 5 días y si hay algún tipo de evidencia que puedas mandarnos de que en realidad todo eso está sucediendo”, escribió la directora encargada de INVEST-H, Evelyn Bautista, en un correo electrónico el 13 de julio.

Axel López finalmente reapareció en agosto, cuando INVEST-H publicó un documento diciendo que Elmed estaba en el proceso de hacer el resto de los hospitales y compartió fotos que aparentemente muestran que los estaban fabricando. En un comunicado emitido al mismo tiempo, López se disculpó por los retrasos y prometió que estarían terminados para finales de este mes.

Dos hospitales más llegaron a Honduras a comienzos de octubre, pero al cierre de este artículo, tres hospitales móviles aún no habían llegado. Un informe de una comisión técnica de INVEST-H que visitó la fábrica en Turquía enumeró 57 problemas técnicos y deficiencias con las unidades, incluyendo malos olores, programación incorrecta de los sensores de las puertas y acumulación de agua en sus techos.

Y aunque cuando se publicó este artículo no habían dado detalles, inspectores habrían encontrado desperfectos en los dos hospitales que llegaron a Honduras este mes.

José Gustavo Boquín, miembro de la junta encargada de dirigir temporalmente a INVEST-H, dijo que decidieron “acelerar el ritmo y apoyar al proveedor en todos los pasos posibles para que pueda cumplir con la entrega de los hospitales lo más rápido posible”.

Bográn renunció a su puesto a finales de junio. Lo arrestaron este mes por cargos de “malversación de caudales públicos” después de que lo acusaron a él y a cuatro empleados más de INVEST-H de gastarse más de 4.000 dólares para hacer una cuarentena de 15 días en un hotel de lujo. Otra orden de captura fue emitida en su contra poco después porque le habría entregado a su tío un contrato para supervisar la construcción de uno de los sitios donde se tiene que instalar uno de los hospitales móviles.

Cuando le preguntaron sobre la desastrosa compra de los hospitales móviles, Boquín dijo: “Los tipos que hicieron eso no tienen perdón de Dios, jugar con la salud de los seres humanos”.

Kelly Bloss (OCCRP) y Nelfi Fernandez (El Deber) contribuyeron con esta historia.