La organización Incide Joven publicó su cuarto informe sobre Gasto Público en Derechos Sexuales y Reproductivos (GPDSR) 2025. En él, revelaron que la inversión para esta temática continúa siendo una …
La organización Incide Joven publicó su cuarto informe sobre Gasto Público en Derechos Sexuales y Reproductivos (GPDSR) 2025. En él, revelaron que la inversión para esta temática continúa siendo una deuda del Estado: de cada 100 quetzales del Presupuesto General de la Nación, solo 61 centavos se invierten en este rubro.
En el informe se evalúa el comportamiento del financiamiento y la cobertura de los proyectos, los programas y las acciones priorizadas en seis temáticas: salud materna; prevención y atención a infecciones de transmisión sexual (ITS) y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH); acceso a métodos anticonceptivos; educación integral en sexualidad (ITS); y prevención y atención de la violencia hacia las mujeres, salud sexual y reproductiva.
Según el informe, en términos generales, el GPDSR ejecutó un total de 1.872.9 millones de quetzales, equivalente al 91,1 % del presupuesto establecido.
De este gasto total, el gobierno central ejecutó 857 millones de quetzales, lo que representa tan solo el 0.61% del presupuesto total de egresos de 2025.
En contraste, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó, en mayo de 2023, una inversión de aproximadamente $10.60 dólares anuales (unos 81 quetzales).
Esta inversión, según la organización, brindaría múltiples beneficios sociales, económicos y de salud. Entre ellos, una disminución en embarazos no deseados, muertes maternas y abortos inseguros y un aumento en la habilidad de las mujeres y niñas para ejercer sus derechos.
La poca inversión en derechos sexuales y reproductivos tiene consecuencias nocivas en la vida de niñas y adolescentes. Por ejemplo, en 2025, Guatemala registró 56,889 nacimientos de madres entre 10 y 19 años de edad, según datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva.
«Creo que ellas pueden ser perfectamente la cara más visible de esta escasa inversión en distintos niveles, desde la falta de educación integral en sexualidad, hasta dar opciones para embarazos forzados o no deseados», explica Emma López, investigadora del programa de estudios y género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
La ejecución sobre salud sexual se reporta desde la Ciudad de Guatemala
El 50% del GPDSR (936.9 millones de quetzales) se concentró en el departamento de Guatemala. La otra mitad se distribuyó en el resto del país, siendo El Progreso, que solo recibe el 0.4% del total, el departamento con menos presupuesto.
Una de las explicaciones, según Carlos Gossmann, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y autor del informe, es que no todas las entidades (como los ministerios) tienen unidades enfocadas en derechos sexuales y reproductivos en los territorios.
Esto quiere decir que los equipos técnicos viajan desde las oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de Guatemala a los diversos departamentos para garantizar el servicio, por lo que su operación se reporta desde allí.
«Aunque estas instituciones tienen cobertura nacional, la concentración de recursos, personal y procedimientos en la ciudad capital genera barreras territoriales que afectan especialmente a la población residente en otros departamentos, restringiendo su acceso efectivo a servicios de salud, educación y justicia», indica el informe.
La atención a la maternidad concentra el mayor gasto
La salud materna concentró el 48.2% del GPDSR, que equivale a 903.3 millones de quetzales.
Esto, según Gossmann, refleja que existe un «sesgo hacia el rol reproductivo de la mujer».
El investigador considera que al Estado de Guatemala le sigue preocupando más mantener activos los espacios para el tratamiento prenatal, el parto y el puerperio de las mujeres, que brindarles también la atención necesaria para una educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos y evitar los embarazos forzados en niñas y adolescentes o los embarazos no planificados.
La mayor parte del presupuesto ejecutado en salud materna fue responsabilidad del Ministerio de Salud y Previsión Social (MSPAS) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Los gastos del MSPAS se enfocaron en donación de micronutrientes a mujeres en edad fértil, servicios de apoyo, atención prenatal, durante el parto limpio y a recién nacido, y seguro,atención de la persona recién nacida y atención prenatal oportuna.
La ejecución de fondos del IGSS, por su parte, se enfocó en la construcción del hospital regional de oriente y los servicios de prestaciones por maternidad, emergencia y servicios hospitalarios.
Sin embargo, ninguna de las metas designadas por el MSPAS alcanzó el 90% de ejecución total.
Por ejemplo, en 2025, la suplementación con hierro y ácido fólico para las mujeres en etapa postmarto disminuyó. Se suplementó a 205,368, frente a una meta inicial de 267.647, lo que equivale al 79,5 % de la población programada.
Entre 2021 y 2023, las muertes maternas presentaron una tendencia a disminuir: de 129 pasaron a 91 por cada 100 mil habitantes. No obstante, en 2024, el dato volvió a aumentar a 103.
Huehuetenango fue el departamento con mayor cantidad de muertes maternas (con 191), seguido por Quiché (152) y Sololá (143). Todos se caracterizan por poseer «una alta proporción de población indígena y por la persistencia de desigualdades territoriales en el acceso a los servicios de salud», según el estudio.
El departamento de Guatemala concentra el 50% del gasto público en salud materna. Aunque Huehuetenango es la segunda región con mayor inversión, solo recibe el 5% del total nacional.
Pero «Huehuetenango es muy grande, entonces los servicios y las atenciones no están llegando a todas las personas y en específico a todas las mujeres», explica Ludmila Trujillo, coordinadora de Investigación de Incide Joven y coautora del estudio.
La educación integral en sexualidad (EIS), la gran deuda
En Guatemala también persiste la ausencia de una estrategia de EIS. Esta temática solo recibió 1.7 millones de quetzales, que equivale al 0.1% del gasto total de derechos sexuales y reproductivos.
Fue ejecutado por el Ministerio de Educación (Mineduc), el cual realizó programas de actividades comunes en primaria, básicos y diversificado con la actividad de «servicios de educación en valores y sexualidad».
Sin embargo, el 95.2% de los gastos se destinó al pago de salarios y el resto a materiales y suministros, «lo cual limita el margen de acción real para el desarrollo de propuestas serias, que es algo que requiere la EIS para tener un impacto real», dice López.
La investigación de Incide Joven reveló que no existe información detallada sobre los resultados o el cumplimiento de metas vinculadas por la EIS.
En la respuesta a una solicitud de información pública realizada por el equipo de investigación de Incide Joven, el Mineduc respondió que la EIS se aborda como un «eje transversal dentro del Currículo Nacional Base (CNB) y que se implementa a través de contenidos integrados en el área de Ciencias Naturales» y no con actividades o programas especializados.
López explica que «la evidencia ha demostrado que (la EIS) es un “derecho puerta”, es decir, que al garantizar la EIS, como en efecto dominó, otros derechos sexuales y reproductivos son garantizados por naturaleza, por inercia».
Ante la carencia de esfuerzos del Estado por implementar la EIS, organizaciones de sociedad civil solían visitar las escuelas y brindar talleres en la temática.
No obstante, en mayo de 2025, el Mineduc envió una circular en la que prohibía las capacitaciones de organizaciones no-gubernamentales (oenegés) «que tengan relación con el tema Ideología de Género o Educación Integral».
En junio de 2025, Agencia Ocote entrevistó al viceministro técnico de educación, Francisco Cabrera sobre el tema.
En ese momento, él explicó que la medida fue una respuesta a un proceso de ordenamiento de las «intervenciones que suceden en los centros educativos» del sector público, con el objetivo de identificar sus propósitos y garantizar que estén en sintonía con los objetivos del Mineduc y con el currículum nacional base.
«Hemos visto que entre 2024 y 2025 (las actividades realizadas por otras organizaciones) pueden ser bien intencionadas, pueden tener incluso temas interesantes, atractivos y deseables, pero ocupan demasiado tiempo, lo que significa que algo le tienen que quitar ese tiempo que ocupan», señaló el viceministro.
El vacío de información en los anticonceptivos
Las otras áreas evaluadas por el informe también presentan vacíos. En 2025, el gasto total para el acceso a métodos anticonceptivos alcanzó una ejecución del 75.8% (61.7 millones de quetzales).
El último dato sobre acceso a anticonceptivos que los autores del informe encontraron fue de 2024. Ese año, se atendió a 531,327 personas en consultas de planificación familiar, 283,689 menos que en 2021.
Agencia Ocote accedió por medio de una solicitud de información pública, a los datos del consumo promedio mensual de métodos anticonceptivos del MSPAS.
Para el 29 de diciembre de 2025, el método más consumido en fue el condón: con 277,688 demandas en promedio.
Le siguen las soluciones inyectables con 35,128 solicitudes. No se tiene información de la demanda de dispositivos intrauterinos (DI, también conocidos como T de cobre) e implantes.
El MSPAS tuvo disponibilidad para cumplir con esta demanda en Direcciones de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS) y la bodega central del Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y Sida (PNS), según la información brindada.
Para dicha fecha, tenía 626,392 condones, 689,383 inyectables y 14,976 DIU.
Prevención de la violencia y atención del VIH, entre las deudas del Estado
Hace más de diez años que no existe una estrategia vigente para la atención y prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). En 2025, el MSPAS registró 2061 casos nuevos de VIH.
Por su parte, desde que el informe comenzó a realizarse en 2022, el cumplimiento de las metas de las instituciones encargadas de atender a víctimas de violencia sexual ha mejorado, según Gossmann.
No obstante, no es posible afirmar lo mismo sobre el componente de prevención. En su mayoría, las instituciones encargadas como el Ministerio de Cultura y Deporte y el Ministerio de Gobernación (Mingob) realizaron capacitaciones con mujeres, niñas y juventudes para fomentar la cultura de denuncia y actividades físicas, recreativas y de sensibilización hacia las violencias.
Pero los hombres no fueron incluidos en esta conversación. «El Estado está diciendo que las mujeres y las juventudes reciban las capacitaciones para identificar violencias y no que los hombres reciban capacitaciones para no ser violentos y para no violentar», señala Trujillo.
Según Gossmann, estas temáticas «mantienen inversiones que no han cambiado mucho desde que se inició este ejercicio de revisión y observación de los presupuestos desde el 2022. Lo que demuestra es una baja atención del gobierno para atender este marco de derechos que deberían de ser prioridad».
Emma López advierte que, de no aumentar los esfuerzos en esta materia, la niñez, adolescencia y juventudes serán las que sufran los efectos adversos.
«Estamos hablando de derechos, no de concesiones. Entonces, pero lo que me demuestran los informes es que los esfuerzos en derechos sexuales y reproductivos parecen ser tratados como de segunda clase», finaliza López.
Conoce mayores detalles del informe de Incide Joven aquí
Créditos:
Texto: Kristhal Figueroa
Edición: Lourdes Alvarez Nájera
Fotos: Christian Gutiérrez
