Organizaciones de sociedad civil asumen acompañamiento a víctimas de violencia sexual digital que deciden o no presentar una denuncia ante el MP
Mientras organizaciones de mujeres y colectivos de derechos digitales han impulsado reformas para reconocer y sancionar de manera específica la violencia sexual digital, la respuesta legislativa ha sido lenta.
La Iniciativa 6280 Ley Contra la Violencia Sexual Digital, fue presentada el 5 de septiembre de 2023, pero permaneció más de un año sin discusión en el Congreso de la República.
Fue conocida hasta el 4 de abril de 2024 y solo logró un dictamen favorable de la Comisión de la Mujer en julio de 2025. Posteriormente avanzó al primer y segundo debate, pero sigue sin aprobación definitiva.
En marzo de 2021 también fue conocida otra iniciativa, la 5890, que propone la Ley para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Sexual y Psicológica de la Mujer dentro de Instituciones Públicas, con algunos puntos que incluyen el tema digital.
Ese mismo año también ingresó la Iniciativa 6011, que plantea reformas a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas para fortalecer la persecución de estos delitos y la atención a las víctimas.
Sin embargo, ninguna de estas propuestas aborda de forma específica conductas como la difusión no consentida de imágenes íntimas, la sextorsión, los deepfakes sexuales u otras formas de violencia sexual digital, reconocidas como parte de la Violencia de Género Facilitada por la Tecnología.
Acompañamiento a las víctimas ante el vacío legislativo
La organización No Más Violencia Digital, han brindado un acompañamiento constante en casos derivados y casos directos, donde priorizan el trabajo digital en contención ante hechos de violencia sexual digital.
Durante el 2025 brindaron apoyo a 56 víctimas, de las cuales 42 personas presentaron una denuncia ante el Ministerio Público. Al finalizar el proceso, 31 denuncias fueron desestimadas por las autoridades.
Aunque los registros de organizaciones civiles representan únicamente los casos que llegan a ellas de forma voluntaria y no representan cifras estadísticas a nivel nacional, sí reflejan una tendencia similar a las cifras del Ministerio Público: la mayoría de denuncias no pasan por un proceso judicial.
El Ministerio Público registró 2,746 denuncias relacionadas con delitos informáticos entre 2020 a junio de 2026, en los cuales 1,812 fueron desestimados y solo 216 avanzaron a una fase de investigación.
Un caso similar sucede con el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), quienes a través de la red nacional de Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS), brindan asesoría jurídica especializada para encuadrar delitos como el ciberacoso o extorsión digital dentro del marco legal vigente. Asimismo, ofrecen contención emocional y acompañamiento psicológico.
En datos compartidos con Agencia Ocote –que no son públicos para resguardo de las víctimas– el GGM documentó que entre enero de 2025 y junio 2026 atendieron cuatro casos relacionados con violencia de género facilitada por la tecnología.
Una de las víctimas decidió no presentar denuncia por temor a la exposición pública, desgaste emocional y consecuencias personales y familiares que implicaría un proceso judicial.
A partir de los casos que han dado acompañamiento, la organización ha identificado patrones que se repiten en la mayoría de agresiones: el uso de imágenes íntimas como mecanismo de amenaza, control e intimidación; el empleo de aplicaciones de mensajería y redes sociales como principales espacios donde ocurren estas violencias.
Señalaron la dificultad para identificar a las personas agresoras cuando actúan desde perfiles anónimos o falsos y el temor a la revictimización, son de los principales factores por los cuales la víctima decide no denunciar.
El acompañamiento integral a una víctima puede incluir asesoría legal especializada, atención psicológica, preservación de evidencia digital, solicitudes para retirar contenido de plataformas, seguimiento del proceso penal y acompañamiento emocional durante meses.
Sobre el costo que puede representar la atención a un solo caso, puede representar una inversión superior a los ocho mil quetzales, considerando que los gastos de alimentación y transporte son cubiertos por la víctima cuando no se tienen rubros específicos.
A este trabajo de organizaciones civiles, también se suma el acompañamiento técnico especializado para reducir los riesgos que enfrentan las víctimas en entornos digitales.
Guías de seguridad y primeros auxilios digitales
La organización CiberfemLab, que acompaña casos de violencia digital desde un enfoque de derechos humanos. También elaboran guías de seguridad digital, imparten talleres y desarrollan materiales de prevención para distintos sectores de la población.
Gabriela Ruiz, integrante de la organización, explica que cuando reciben una solicitud de apoyo, el primer paso consiste en aplicar lo que denominan «primeros auxilios digitales», un protocolo para contener el riesgo inmediato y recuperar el control de las cuentas comprometidas.
«Verificamos el cambio de contraseñas, la configuración de privacidad de las redes sociales y evaluamos cuál ha sido el peligro o la amenaza», explica.
El acompañamiento también incluye la preservación de evidencia digital, la identificación de accesos no autorizados y, cuando existe difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, la articulación con organizaciones especializadas que apoyan en la eliminación del contenido de plataformas y sitios web.
Además del acompañamiento a víctimas, CiberfemLab desarrolla procesos de prevención mediante talleres y charlas dirigidas a niños, adolescentes, mujeres, comunidades, padres de familia y centros educativos.
Las capacitaciones forman parte de sus proyectos de cooperación y, en la mayoría de los casos, se brindan de manera gratuita.
Como parte de su estrategia de prevención, la organización también ha elaborado guías de seguridad digital adaptadas a distintos públicos, principalmente a la niñez como El cuento de Irene y Mariana, incluidas versiones traducidas a idiomas mayas para facilitar el acceso a comunidades indígenas, donde explican estos término de violencia facilitada por la tecnología.
Para Ruiz, la prevención no pasa por restringir el acceso de niñas y adolescentes a internet, sino por fortalecer sus capacidades digitales desde edades tempranas.
Recomienda utilizar autenticación en dos pasos, contraseñas robustas y diferentes para cada servicio, revisar periódicamente la configuración de privacidad y generar espacios de confianza donde niñas, niños y adolescentes puedan hablar sobre las situaciones que enfrentan en línea.
«La mejor estrategia es enseñarles cómo proteger su información, cómo proteger sus datos y verificar protocolos de seguridad» , afirma.
La violencia digital ocurre en un contexto donde niñas, niños y adolescentes tienen una presencia cada vez mayor en entornos digitales, pero no necesariamente cuentan con herramientas para identificar los riesgos.
Un estudio de ChildFund realizado con 71 niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Guatemala y Honduras determinó que pasan entre tres y seis horas diarias conectados a internet y que más de la mitad desconoce qué es, por ejemplo el grooming, factores que incrementan su exposición a este tipo de agresiones.
Lo virtual es real y las consecuencias también
Para el coordinador de Protección Digital para las Américas –quien prefiere guardar el anonimato– indica que una de las principales limitaciones para comprender la magnitud de la violencia digital en Guatemala es que el Ministerio Público no clasifica las denuncias según el tipo de agresión como sextorsión, difusión no consentida de imágenes íntimas o acoso digital, sino bajo categorías generales de delitos informáticos.
«Lo que no se nombra pareciera que no existe. Si no existe una categoría para identificar estos delitos, muchas personas ni siquiera saben que lo que vivieron pueden denunciar o que tienen derecho a buscar justicia», señala.
María Cristina Enríquez, psicóloga clínica y coordinadora de género de No Más Violencia Digital, han atendido casos en los que la exposición a la violencia en línea ha derivado en autolesiones e ideación suicida, además de alteraciones del sueño, aislamiento, abandono escolar, disminución del rendimiento laboral y rupturas en las relaciones familiares y comunitarias.
«Lo virtual es real», enfatiza la especialista, explicando que las agresiones que ocurren en internet no terminan al cerrar una aplicación, sino que impactan la salud mental, la trayectoria educativa, la vida laboral y el proyecto de vida de quienes las sufren.
«Reconocer esta realidad exige respuestas integrales que combinen acceso a la justicia, atención psicológica especializada, educación digital y mecanismos efectivos de protección tanto dentro como fuera de las plataformas», concluye.
Puedes encontrar recursos, guías de seguridad y opciones de acompañamiento aquí.
Créditos:
Redacción: Jaqueline Gálvez
Edición: Lourdes Álvarez Nájera y Carmen Quintela
