A inicios de 2026, una joven de 22 años de Ciudad de Guatemala recibió un mensaje por WhatsApp. Su familia le informó que la habían visto desnuda en una red …
A inicios de 2026, una joven de 22 años de Ciudad de Guatemala recibió un mensaje por WhatsApp. Su familia le informó que la habían visto desnuda en una red social.
«Mi mamá y mi tía me escribieron para decirme que mi primo me había visto desnuda en Twitter (ahora X)» cuenta la joven.
Ella se extrañó. Asegura que nunca publicó fotografías íntimas en sus redes sociales. Cree que alguien tomó una imagen de su perfil general y con inteligencia artificial (IA), creó un desnudo falso que rápidamente comenzó a circular en internet.
Su testimonio —anónimo, para proteger su intimidad— forma parte de una recopilación de la colectiva No más violencia digital. La oenegé apoya a las víctimas de este tipo de delitos.
«No quiero sentirme vista. No quiero que nadie más vea esto. Van a creer que soy de las mujeres que venden contenido… me da asco y vergüenza», relata la joven, sobre las secuelas que hoy persisten en su vida.
Lo que vivió esta joven es solo una de las múltiples formas de violencia de género facilitada por la tecnología que han sido identificadas y estudiadas a nivel mundial.
Dentro de estas violencias caben decenas de acciones que utilizan herramientas digitales —redes sociales, aplicaciones de mensajería, plataformas, inteligencia artificial o dispositivos electrónicos— para ejercer control, intimidación, hostigamiento. Aunque ocurren en entornos virtuales, sus consecuencias trascienden las pantallas y afectan la seguridad, la salud mental, la vida laboral, académica y las relaciones personales de las víctimas.
En Guatemala, las investigaciones sobre este tema aún son incipientes. Aún hay pocos registros oficiales.
Entre 2025 y 2026 FLACSO Guatemala recopiló datos sobre ciberdelitos y violencia digital en jóvenes de Chiquimula y Escuintla. Hasta agosto, la información de esa investigación aún no se encontraba pública.
El Centro de Estudios Feministas (CEF) del Observatorio contra el Acoso en Guatemala (OCACGT) también impulsó en agosto una encuesta digital como parte de un proyecto de investigación sobre violencia sexual digital contra mujeres en el país. Los datos aún se encuentran en fase de recopilación.
A nivel regional, la violencia digital se ha documentado y estudiado más en el caso de México, este tipo de investigaciones han sustentado legislación importante como la Ley Olimpia, donde se reconoce la ciberviolencia.
El estudio multinacional Prevalence and Impacts of Image-Based Sexual Abuse Victimization, realizado con más de 16 mil personas de Australia, Bélgica, Dinamarca, Francia, México, Países Bajos, Polonia, Corea del Sur, España y Estados Unidos encontró que el 22.6 % de las personas encuestadas había experimentado al menos una forma de abuso sexual basado en imágenes.
Casi una de cada tres víctimas (30.9 %) nunca contó lo sucedido ni buscó ayuda.
Guatemala: una acusación por cada 259 casos desestimados
Dos instituciones que cuentan con alguna información sobre la violencia digital son el Ministerio de Gobernación (Mingob) y el Ministerio Público (MP).
Los datos obtenidos por Agencia Ocote a través de información pública revelan que desde la Unidad de Ciberdelitos del Mingob se dio seguimiento a 7,177 denuncias entre 2020 y el primer semestre de 2026 en todo el país.
En los documentos de esa institución no se registró el seguimiento realizado a esas denuncias, para conocer si se presentaron o no ante el Ministerio Público. Tampoco se documentó ningún otro tipo de resultado o número de expediente.
En el mismo período de tiempo, en el Ministerio Público bajo la dirección de la exfiscal general Consuelo Porras, se catalogaron 2,746 casos, que fueron clasificados como: uso de información, manipulación de información, destrucción de registros informáticos, registros prohibidos, alteración de programas y reproducción de instrucciones o programas de computación.
También en este mismo período hubo 1,812 desestimaciones y 598 casos archivados. Solo 216 casos pasaron a fase de investigación.
En 19 casos el MP dio criterio de oportunidad: se logró un acuerdo entre la víctima y la persona denunciada antes de continuar el proceso en un proceso penal.
En 43 casos hubo aceptación de cargos (la persona denunciada aceptó haber cometido un delito); 24 están en procedimientos de etapa intermedia; nueve en sentencia por procedimiento común (se registran casos con sentencia final).
Estos datos revelan que por cada expediente que llegó a una acusación hubo cerca de 259 casos que fueron desestimados.
En comparación de datos, los delitos informáticos registrados por el Ministerio de Gobernación han aumentado considerablemente desde el 2020 con 317 casos; frente a 1,808 casos en 2025.
Sara Fratti, experta en derechos digitales y gerente de Alianzas Estratégicas en ILDA, considera que existe un mayor reconocimiento social sobre el impacto de la violencia ejercida en entornos digitales que tiene consecuencias reales sobre las víctimas; y esto ha motivado a las personas a denunciar.
Por otro lado, también advierte que ante el rápido desarrollo y mayor accesibilidad a las tecnologías que han facilitado nuevas formas de agresión; más mujeres están dispuestas a acudir a las instituciones oficiales para reportar estos hechos.
Sin embargo, sostiene que «la denuncia no es el último paso, sino lo que abre justamente todo el engranaje judicial para acceder a la justicia».
Agencia Ocote acudió al Ministerio Público para conversar con el actual fiscal general Gabriel García Luna y conocer las acciones para abordar los casos de violencia digital. Sin embargo, no se brindó la entrevista.
Génesis Urbina directora contra la violencia sexual y Lorena Velásquez directora contra la trata de personas, ambas de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), explican que esa institución tampoco sistematiza la información bajo el concepto de violencia sexual digital, ya que no se encuentra tipificada de esa forma.
«Se realiza una sistematización de datos más enfocada en delitos que puedan estar asociados al uso de la tecnología», explica Urbina.
Entre estas categorías Urbina menciona la violación a la intimidad sexual, así como los delitos de seducción y chantaje cuando involucran menores de edad a través del uso de medios tecnológicos.
«No se hace un monitoreo como tal, sino una sistematización o análisis de los datos. Cada institución genera la información en diferentes temporalidades, generalmente el análisis completo se hace cada tres o cuatro meses», añade.
La viceministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Gobernación, Karen Ortiz, refuerza lo que dicen las funcionarias de SVET, e indica que uno de los principales vacíos que enfrenta el Estado es que actualmente no existe una clasificación específica que permita identificar cuándo un delito sexual fue cometido mediante entornos digitales.
«Esto impide generar estadísticas precisas y, en consecuencia, dificulta diseñar políticas públicas enfocadas en el problema», añade Ortiz.
Ortiz considera que Guatemala debe avanzar hacia un registro más especializado de estos delitos, ya que contar con información diferenciada permitiría comprender mejor la magnitud del fenómeno y orientar las acciones institucionales.
La funcionaria explicó que, mientras tanto, el Ministerio de Gobernación ha optado por fortalecer la coordinación entre las instituciones que intervienen en estos casos.
Actualmente trabajan junto con SVET en la Comisión Interinstitucional contra las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CITIC), integrada por alrededor de 14 instituciones.
Este mecanismo ha impulsado acciones en coordinación interinstitucional, por ejemplo Modo Digital, con recursos interactivos educativos para estudiantes; guías sobre seguridad en internet que se traducen a idiomas indígenas del país; y algunos protocolos para fortalecer la ruta de denuncias.
Telegram: el nuevo espacio de violencia digital
La oenegé No más violencia digital ha identificado que a medida que las plataformas y redes sociales implementan mecanismos de moderación para contener las denuncias sobre algún tipo de violencia digital, o bien eliminar determinados grupos que la promueven; quienes los integran migran a otros espacios digitales, modifican su lenguaje y reconstruyen los grupos.
En el registro de denuncias Pantallas que hablan de marzo a diciembre de 2025 registraron 56 casos de violencia digital, donde las víctimas acudieron a la oenegé para acompañamiento.
En los registros obtenidos por la organización se muestra una tendencia al alza en los casos de violencia digital que atendieron. Tras documentar 25 casos en 2022 y 42 en 2023, la organización acompañó 23 casos en 2024. Sin embargo, en 2025 la cifra ascendió a 56.
Para llevar un monitoreo de los casos, la organización diseñó una metodología a partir de las denuncias y testimonios de las víctimas, donde identificó los grupos en redes sociales desde donde se cometen las agresiones, tipo de perfiles y plataformas donde se distribuía el contenido íntimo sin consentimiento.
Con esa información, la organización logró dar seguimiento a esos espacios digitales para documentar sus dinámicas, identificar patrones de comportamiento, registrar los códigos que utilizan para evadir la moderación de las plataformas y también para reportar perfiles o comunidades.
Javier Yantuche, pedagogo, coordinador y fundador de la colectiva No más violencia digital, asegura que esta evolución en sus registros ha sido evidente durante los últimos seis años. Los primeros hallazgos de la colectiva identificaron que los grupos que lograron identificar a través del monitoreo interno, inicialmente operaban en Facebook, Twitter y WhatsApp compartiendo contenido pornográfico o material sexual previamente disponible en internet.
«En Guatemala predominaba el intercambio de pornografía o contenido sexual que ya circulaba en internet. Sin embargo, entre 2021 y 2022 gran parte de estas comunidades migró hacia Telegram, plataforma que ofrecía mayor anonimato, menor trazabilidad de la actividad de los usuarios y la posibilidad de administrar grupos con miles de integrantes», añade el entrevistado.
«Cuando se dan cuenta de la utilidad de Telegram por la poca huella digital que deja, el enfoque cambia: en lugar de compartir contenido que ya estaba en internet, se empieza a difundir contenido de personas que ignoran que su privacidad está siendo vulnerada», explica.
En los casos relacionados con menores de edad, los grupos identificados por la oenegé, presentan un mayor nivel de organización: utilizan perfiles falsos, se hacen pasar por adolescentes para ganar la confianza de las víctimas y emplean códigos específicos para referirse al intercambio de material de explotación sexual infantil.
A nivel regional la colectiva cuenta con 40 personas voluntarias en el monitoreo constante de este tipo de violencia digital. A su vez también tienen alianzas regionales con activistas de seguridad digital como Olimpia Coral Melo, quien impulsó la aprobación de la Ley Olimpia en México. En Guatemala, con otras asociaciones como Asociación LAMBDA y ECAP.
El trabajo de monitoreo, aunque solo refleja una parte de los casos que llegan a la institución, ha permitido reportar perfiles y grupos completos ante las plataformas digitales. Cuando estos espacios son identificados, las empresas pueden suspender cuentas o eliminar comunidades que incumplen sus políticas.
Sin embargo, la organización ha documentado en los casos que da seguimiento, que se crean nuevos perfiles, se modifica el lenguaje, cambian los enlaces de acceso y migran nuevamente entre plataformas.
Yantuche advierte que las estructuras continúan adaptándose para permanecer activas en esos ecosistemas digitales, mientras la respuesta institucional sigue siendo limitada.
Aunque algunos grupos han logrado ser identificados por la colectiva y las víctimas han presentado denuncias con el acompañamiento de la organización, los procesos de investigación rara vez avanzan.
No más Violencia Digital atribuye las complicaciones que enfrenta la investigación de estos casos y la atención a las víctimas, porque no existe un delito específico de violencia sexual digital; también a la falta de sensibilización de las instituciones encargadas de recibir las denuncias y archivar los expedientes; y por falta de seguimiento o de mecanismos especializados para investigar este tipo de hechos.
La viceministra Karen Ortiz también reconoció que uno de los problemas detectados durante la atención de denuncias es el manejo inadecuado de la evidencia digital y la revictimización de quienes acuden a las autoridades. Por ello, indica que el Ministerio de Gobernación trabaja en un protocolo interinstitucional que establezca cómo deben actuar las instituciones desde el primer contacto con la víctima hasta que el caso llegue a judicializarse.
La viceministra explica que el protocolo busca evitar prácticas como revisar el contenido del teléfono celular durante la recepción de la denuncia.
«Las víctimas únicamente deberían informar que poseen evidencia en su dispositivo, mientras que la extracción y análisis de esa información debe realizarse por personal especializado para preservar la cadena de custodia».
Los monitoreos de No Más Violencia Digital muestran que estas comunidades han desarrollado un lenguaje propio para evitar los sistemas de moderación de las plataformas como Facebook y TikTok. Expresiones como «rolar pack» se utilizan para referirse al intercambio de fotografías y videos íntimos sin consentimiento.
La colectiva también ha identificado dinámicas internas en las que algunos grupos de Telegram organizaban el intercambio de contenido por temáticas y días específicos. «Los martes eran fotografías de adolescentes y los jueves de compañeras de trabajo», relata Yantuche.
Los códigos ocultos detrás de las publicaciones
Entre los hallazgos más relevantes que hizo la organización se encuentra la identificación de códigos utilizados para solicitar material de explotación sexual infantil.
A través del análisis de publicaciones en X —antes Twitter—, No más Violencia Digital detectó cuentas que invertían números para hacer referencia a edades de adolescentes y utilizaban la sigla «CP», abreviatura de child pornography.
Al ser denunciadas y conforme esa expresión comenzó a ser detectada por las plataformas, los grupos la reemplazaron por términos aparentemente inofensivos como «caldo de pollo», que conservaban las mismas iniciales y permitían a los usuarios seguir comunicándose sin levantar sospechas.
La colectiva encontró referencias a estos códigos desde 2016, lo que evidencia una evolución constante de las estrategias para evadir los controles digitales.
Los patrones identificados por No Más Violencia Digital coinciden con los hallazgos de otra organización de sociedad civil, JOLU Guatemala, que ha trabajado junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en salud mental para apoyar a la niñez y adolescencia guatemalteca.
En un monitoreo realizado durante 2026, la organización documentó que las agresiones digitales contra mujeres se centran principalmente en la sexualización de sus cuerpos, la deslegitimación de su participación pública y el uso de insultos misóginos, mientras que contra personas LGBTIQ+ predominan los discursos de odio dirigidos a su orientación sexual o identidad de género.
Un informe que compartieron con Agencia Ocote y que hasta julio aún no se encontraba disponible para consulta pública, advierten un incremento en el uso de herramientas de inteligencia artificial para manipular fotografías con fines de humillación, ridiculización o sexualización de las víctimas. Gran parte de ese contenido proviene de cuentas con identidades difíciles de verificar.
El análisis de JOLU también identifica diferencias entre ataques aislados y campañas coordinadas, como las ciberturbas. En algunos casos, más de 150 cuentas participan simultáneamente en la difusión de una misma narrativa para amplificar el hostigamiento contra una persona.
Parte de esos perfiles presenta indicios de ocultar su ubicación o de operar desde distintos países, lo que dificulta la identificación de los responsables y el seguimiento de las investigaciones.
De ellos, 28 corresponden a mujeres, 19 a niñas, niños y adolescentes, cinco a personas LGBTIQ+ y cuatro a hombres. Aunque 42 víctimas presentaron denuncias ante el Ministerio Público, 31 fueron desestimadas, un dato que refleja las dificultades para acceder a la justicia en este tipo de delitos.
A nivel internacional, una investigación publicada por el medio español Maldita.es en mayo de 2026 reveló más de 1,300 perfiles de pedófilos en Tik Tok que utilizaban expresiones como «CP», «Caldo de Pollo» o «Código Postal» para solicitar contenido y dirigir a otros usuarios hacia aplicaciones de mensajería como Telegram, donde continuaba el intercambio.
Los hallazgos coinciden con los patrones documentados por No Más Violencia Digital en Guatemala.
Para determinar si los términos documentados por dicho medio continuaban vigentes en TikTok, Agencia Ocote verificó si aparecían en esa plataforma. Inmediatamente se desplegó un mensaje de advertencia sobre términos asociados a conductas ilícitas que representan un riesgo para menores de edad.
Adultos que se hacen pasar por adolescentes
No Más Violencia Digital, identificó entre 2021 y 2023 que en la frontera entre Guatemala y México, adultos usaban perfiles falsos para hacerse pasar por adolescentes y establecer relaciones de confianza con niñas y adolescentes durante semanas o incluso meses.
Esta práctica con fines de chantaje sexual consistía en obtener primero fotografías íntimas y posteriormente utilizarlas para extorsionar a las víctimas con amenazas de enviarlas a sus familiares o de «rolar el pack» en grupos de Telegram si no aceptaban continuar enviando más contenido.
«Ya tengo tu fotografía. Si no me envías más, le voy a decir a tu mamá o a tu papá» , relató Yantuche que les decían a las víctimas.
En 2026, de enero a mayo, la organización documentó siete víctimas menores de edad mujeres y cuatro menores de edad hombres, que han sido acompañados por la organización.
Las víctimas adolescentes, terminaban atrapadas en ciclos de chantaje que podían prolongarse durante meses. El temor a que sus familias descubrieran las fotografías o ser expuestas públicamente, las llevaba a continuar enviando contenido.
«Nos dimos cuenta de que no eran otros adolescentes. Eran personas adultas ubicadas en regiones fronterizas del país», explica.
En esas regiones fronterizas, informes del Ministerio Público, la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, revelan que operan redes de trata de personas.
La directora de contra la trata de personas de SVET, Lorena Velásquez, reconoce que en las zonas fronterizas sí existen denuncias y riesgos asociados a la trata de personas, pero resalta que la investigación corresponde al MP, desde la Fiscalía contra la Trata de Personas.
«Nosotros desde la SVET, desde el ámbito de nuestra competencia, iniciamos acciones de prevención, capacitamos actores de primera línea para la detección de la trata de personas y trabajamos con diferentes instituciones que tienen presencia en fronteras».
Indica que en todos los departamentos fronterizos siempre existirá un mayor riesgo o vulnerabilidad en función de que hay un flujo tanto humano como de capital económico.
Explica que ese movimiento constante de personas y mercancías incrementa las oportunidades para que operen redes de trata, por lo que considera indispensable una respuesta coordinada entre instituciones públicas, organizaciones sociales y otros actores.
«Hemos reforzado las estrategias de prevención en relación con la captación digital de víctimas por medios tecnológicos, porque es una de las formas que se ha identificado en las cuales están las estructuras criminales y los tratantes para contactar a las personas», enfatiza la funcionaria.
El Estado impulsa mesas técnicas para delitos sexuales
La viceministra Karen Ortiz informa que actualmente se impulsa una mesa técnica especializada para abordar exclusivamente los delitos sexuales cometidos en entornos informáticos contra niñas, niños y adolescentes. En ella participan el Ministerio Público, el Organismo Judicial, la Oficina de Cibercrimen e Informática Forense de la Policía Nacional Civil y SVET.
Esto como parte del mandato macro de la CITIC. Pero Ortiz también considera que el país mantiene un desafío legislativo importante. Aunque reconoce que existe normativas vigentes que permiten investigar algunos delitos sexuales cometidos mediante tecnologías, sostiene que la principal deuda continúa siendo la aprobación de una Ley de Protección de Datos Personales, pendiente en el Congreso de la República desde el 2025 y que no ha reportado avances para su aprobación en 2026.
Desde la SVET, el enfoque ha estado dirigido principalmente hacia la prevención y la articulación institucional. Génesis Urbina directora contra la Violencia Sexual, explicó que la Secretaría continúa trabajando con los tipos penales vigentes, como el delito de violación a la intimidad sexual; o seducción o chantaje de niñas y niños mediante el uso de tecnologías.
Reitera que la violencia sexual digital aún no figura como una categoría jurídica independiente dentro de la legislación guatemalteca y el Código Penal.
Como parte de las acciones de prevención, SVET mantiene procesos y herramientas de formación junto con el Instituto de la Víctima, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Secretaría de Bienestar Social y otras instituciones que integran la respuesta estatal.
Para la analista Sara Fratti, los avances institucionales continúan siendo insuficientes frente a la velocidad con la que evolucionan las formas de violencia digital.
A su juicio, la respuesta no puede limitarse a crear nuevos delitos o fortalecer la coordinación entre instituciones, sino que debe incluir políticas públicas, educación digital, reparación integral para las sobrevivientes y una actualización permanente del marco legal.
Además, sostiene que el debate suele concentrarse únicamente en las obligaciones del Estado, dejando en segundo plano la responsabilidad de las empresas tecnológicas donde ocurren buena parte de estas agresiones.
Fratti advierte que las plataformas globales como Telegram y Facebook continúan alojando grupos donde se distribuye material íntimo sin consentimiento, mientras que las tiendas de aplicaciones de Apple y Google mantienen disponibles aplicaciones que permiten generar imágenes sexualizadas mediante inteligencia artificial.
Esta preocupación coincide con lo documentado por organizaciones latinoamericanas como Luchadoras (México), TEDIC (Paraguay) y Cultivando Género (México), que han advertido que las políticas de moderación de las plataformas continúan siendo insuficientes para responder a las distintas formas de violencia digital que se viven en el mundo.
Sus investigaciones sostienen que los mecanismos de denuncia suelen ser lentos, poco transparentes y, en muchos casos, obligan a las propias víctimas a demostrar reiteradamente el daño sufrido antes de lograr el retiro del contenido.
Para Fratti, una respuesta efectiva frente a la violencia digital requiere que el Estado fortalezca sus capacidades de investigación y atención, pero también que las plataformas asuman un papel más activo en la detección, eliminación y prevención de contenidos que facilitan la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.
La actualización del marco legal, el fortalecimiento de las investigaciones, la capacitación de operadores de justicia y una mayor responsabilidad de las empresas tecnológicas aparecen como elementos indispensables para enfrentar una violencia que evoluciona con la misma rapidez que las plataformas donde ocurre.
Además de las denuncias que la población puede hacer directamente al Ministerio Público, de manera anónima la Unidad de Ciberdelitos de la PNC también las recibe al teléfono 110. También pueden enviar información al Whatsapp 37641561 de organizaciones internacionales como Crime Stoppers que trabaja junto a los agentes públicos.
Créditos:
Redacción: Jaqueline Gálvez
Edición: Lourdes Álvarez Nájera y Carmen Quintela
Fotografías: SVET
