Una revisión exhaustiva de los avances, retos y obstáculos de estos acuerdos será primordial para la implementación efectiva y consolidación de la paz en Guatemala.
El acuerdo definitivo de paz se alcanzó el 29 de diciembre de 1996, aunque es importante señalar que previamente se produjo la firma de una serie de acuerdos, todos ellos durante los primeros meses de gobierno de Ávaro Arzú. La primera de las firmas se produjo cuando habían transcurrido escasamente dos meses y medio luego de la toma de posesión, se trata del Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado el 31 de marzo de 1996.
Existía una deuda social con los pueblos originarios que han sido marginados y sus derechos vilipendiados durante tantos siglos. Este acuerdo constituyó un reconocimiento a su existencia y estableció las bases que permitieron hacer visible la necesidad de construir normas jurídicas en favor de esos veintidós distintos grupos étnicos que habitan este país.
Como reflejo de la discusión —en esos momentos ya era previsible la firma de ese acuerdo—, el Congreso de la República aprobó ratificar el Convenio 169 (de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales), hecho que ocurrió pocos días previos a la firma del acuerdo.
Luego de ello se han aprobado leyes que combaten la discriminación y el racismo contra los pueblos originarios. De manera paulatina, los centros de estudios también han abandonado prácticas de discriminación contra población de los diversos grupos étnicos.
Aunque no ha sido posible combatir de manera eficiente esa discriminación y exclusión, sin embargo, es importante reconocer, que el acuerdo y las diversas leyes que se aprobaron durante los siguientes años, sentaron las bases para que la población indígena vaya ganando y conquistando mayor cantidad de derechos.
Seis semanas más tarde, en 1996, se firmó el Acuerdo de Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria que de la mano del acuerdo indígena, visibilizó la injusta distribución de la tierra. También las condiciones en que se contrata a la población campesina indígena en las fincas, en las cuales muchas veces no se paga ni la mitad del salario mínimo.
Con este acuerdo, también se abrió la posibilidad de establecer normas jurídicas que hagan menos injusto el trabajo y las condiciones en el agro.
En ambos acuerdos, no ha sido posible su total implementación, por lo que, en estos momentos y luego de tres décadas, es importante que se establezcan los mecanismos para permitir que se vuelvan una realidad.
Una revisión exhaustiva de los avances, retos y obstáculos de estos acuerdos será primordial para la implementación efectiva y consolidación de la paz en Guatemala.




