Louis Benavides ha reivindicado la necesidad de un juicio público para su esposa, Ruth López, desde que el régimen de Nayib Bukele la detuvo en mayo de 2025.
El primer recurso que la activista Ruth López planteó contra el Estado salvadoreño lo presentó en febrero de 2020. Hacía menos de un año que Nayib Bukele había asumido como presidente y sus primeras acciones apuntalaban el camino hacia el régimen autoritario que instauraba.
El 9 febrero de 2020, Bukele llegó a la Asamblea Legislativa acompañado de soldados y policías armados. Había convocado él mismo a los diputados para exigirles que aprobaran un préstamo para financiar su Plan Control Territorial, con el que buscaba desarticular pandillas. Era la antesala al régimen de excepción que, seis años después, aún mantiene en El Salvador y a través del que ha detenido a más de 90 mil personas.
En ese entonces, Ruth López planteó una acción de inconstitucionalidad y logró frenar la convocatoria de Bukele. La Sala de lo Constitucional declaró que el decreto de Bukele era ilegal.
Cuando López presentó este recurso, aún no era parte de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal; no entraría a la organización hasta 2022. Trabajaba como docente y tenía un cargo en la Superintendencia de Competencia de El Salvador.
Estaba «sola», dice hoy su esposo, Louis Benavides, quien le insistió para que al menos planteara el recurso acompañada de algún otro abogado. «Siempre ha sido muy frontal. Nunca tuvo miedo», se enorgullece.
Dos años después, López empezó a trabajar en Cristosal, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos con 25 años de historia. Desde ahí, lideró investigaciones y denuncias por casos de corrupción y abusos de poder. Tenía respeto dentro y fuera de El Salvador: en 2024 la BBC la reconoció como una de las mujeres más influyentes del mundo.
Esto hacía que, a pesar de todo, su familia respirara tranquila. «No nos esperábamos lo que pasó, con todo el respaldo internacional que tenía Ruth», asegura su esposo.
La noche del 18 de mayo de 2025, la Policía se presentó en su casa. Sacó a Ruth López, aún en pijama, y se la llevó detenida, señalada por el delito de peculado —aunque luego la Fiscalía lo cambiaría por el de enriquecimiento ilícito—.
Su proceso, cargado de retrasos, irregularidades y falta de transparencia, ha sido cuestionado por organismos internacionales, que aseguran que López fue detenida arbitrariamente y sometida a desaparición forzada de corta duración.
Tras la detención de López, decenas de activistas, abogados y periodistas salvadoreños han salido al exilio. Y Cristosal se vio forzada a suspender operaciones en El Salvador en julio de 2025.
Louis Alain Benavides Monterrosa es el esposo de Ruth López. Abogado y politólogo salvadoreño, trabajó durante más de 10 años en el Tribunal Supremo Electoral, donde conoció a su pareja.
Tras la detención de López, Benavides sigue viviendo en El Salvador. Sospecha que el gobierno de Bukele lo vigilan a él y a su familia, pero considera que es «un temor que hay que sobrellevar». Hace unos días estuvo en Guatemala y conversó con Agencia Ocote.
Ruth López lleva más de 500 días en prisión. Han pasado un año y más de cuatro meses desde que el régimen de Nayib Bukele la detuvo. Una de las protestas de su familia y su defensa es que, durante este tiempo, apenas han podido saber de ella. ¿Cómo ha sido la comunicación con Ruth?
Cuando la detuvieron, pasó desaparecida por más de 32 horas. Nos dijeron que la habían ubicado en una delegación de tránsito de la Policía Nacional Civil.
Luego pudimos visitarla (un mes y medio después), hasta el 4 de julio. Ese día llegué por la mañana a dejarle algunos medicamentos. Me dijeron que tenía que esperarme un momento porque había una diligencia fiscal de otro caso. Y cuando supuestamente había terminado, ya la habían trasladado. Solo me dijeron: «Lo único que le puedo decir es que ya no está aquí. Búsquenla en la granja penitenciaria de Izalco».
Desde ese 4 de julio tuvimos incomunicación total con ella hasta que a finales de septiembre de ese año, 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó las medidas cautelares y pudimos empezar a verla.
Es una visita mensual de 30 minutos, con una persona muy cerca de nosotros tomando fotografías todo el tiempo y escuchando lo que hablamos. La abrazamos y todo, pero no deja de ser una visita extraña. Treinta minutos cada mes pasa rapidísimo.
¿Y cómo la han visto a ella, en esas visitas?
Cuando empezamos a verla, pudimos empezar a ver que la salud empezaba a deteriorarse. Antes de ser detenida, tenía un nódulo en su mama derecha que tenía que ser revisado. Pedimos a las autoridades que revisaran eso y su enfermedad crónica, que ella es hipertensa.
Las autoridades nunca nos han dado una información certera de qué es lo que hacen, cuándo lo hacen, cuáles son los médicos que la revisan… Hemos podido constatar, con lo dicho por Ruth misma, que hay una negligencia en el manejo de su salud. Ella empezó a empeorar porque el nódulo le creció y también la hipertensión.
Después se decide hacerle una cuadrantectomía. Le extirparon una cuarta parte de la mama. Nosotros nos dimos cuenta por un medio de comunicación que sacó la noticia de que probablemente ya había sido operada.
Empezamos a solicitar información al Ministerio de Salud, centros penales sobre el tema de salud de Ruth. Nunca nos dieron información. La respuesta fue que era información personalísima y que ella tenía que autorizarnos. ¿Cómo nos va a poder autorizar si ella está encarcelada; si no nos permiten ingresar documentos?
Yo creo que es de derecho humano avisarle a la familia. Sobre todo considerando que han habido muchos casos en El Salvador de personas que estaban encarceladas, fueron llevadas a hospitales y que murieron.
Pero luego de tres meses después de esa operación le dieron los resultados a ella. En una visita me dijo: «Me dieron la biopsia y el resultado es negativo».
Justo en agosto presentaron una denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos para poder verificar su salud. ¿Han recibido respuesta de la Procuradora?
No, y de hecho había más una denuncia previa a la misma Procuraduría que presentó la diputada Claudia Ortiz.
De esa denuncia inicial sí hubo una acción de la Procuraduría, pero fue cuando Ruth todavía no había pasado al centro penal. Luego de eso, murió la denuncia; no hubo más seguimiento.
Entonces, pensamos: quizás sea conveniente poner una nueva denuncia. La hemos puesto y hasta el momento pues no hay respuesta.
¿Cómo han vivido ustedes, como familia, ya no solo esta ausencia de Ruth sino también la incertidumbre?
La incertidumbre es lo más duro de sobrellevar. Escribí una carta que fue publicada en el New York Times sobre eso, porque tememos una llamada que de repente nos diga que algo grave ha pasado.
Pero lo único que podemos hacer es vivir el día a día, cada día. Con fe y esperanza de que ella está bien y de que en un momento dado esto se va a acabar.
Pero la incertidumbre es lo que mata, es lo que genera una ansiedad que no se puede fácilmente eliminar.
¿Ustedes se sienten seguros desde la detención de Ruth?
A Ruth le daban seguimiento desde antes. Por su trabajo en Cristosal empezó la policía a darle un seguimiento mucho más activo y constante. Incluso llegaron a la casa en varias ocasiones.
Nosotros, la familia, como no nos hemos dedicado al tema de derechos humanos, creo que no suponemos un factor de preocupación. Pero no dejamos de estar vigilados, de eso no me cabe la menor duda. Yo creo que nos siguen dando seguimiento. No como a Ruth. Porque creo que el tema con Ruth siempre fue su voz de denuncia, su voz incómoda.
Sí hay un temor, que puede tener cualquier salvadoreño, es que te apliquen el estado de excepción. Hay una serie de situaciones que ya limitan de cierta forma nuestra vida cotidiana allá.
Que te apliquen el régimen de excepción implica una ampliación de todos los plazos penales que han supuesto que muchas personas lleven hasta cuatro o cinco años encarceladas sin tener un seguimiento procesal correcto.
Precisamente, una de las demandas de la defensa de Ruth, de su familia y de la misma Ruth ha sido que ella pueda tener un juicio público. ¿Lo ven viable en el actual sistema de justicia salvadoreño?
No. No es viable en el actual sistema. Jurídicamente, en un Estado de derecho sí, es viable. Y además no habría justificación. Porque la persona que tendría la justificación para pedir que se reserve la información, que es a quien están investigando, es la que está pidiendo que el juicio sea público. Pero en las circunstancias en las que estamos viviendo eso no es posible.
Varios organismos internacionales se han pronunciado por el caso de Ruth López. ¿Cómo ven la receptividad del gobierno de Bukele en ese sentido?
Estos mecanismos sirven al menos para generar presión. No tienen el efecto que debieran tener, pero al menos permiten que el caso esté visibilizado.
Y permiten que el Estado se dé cuenta que hay personas que están pendientes de Ruth y de su caso y por tanto que no vayan a ocurrir otras cosas más raras o más irregulares. Y eso nos alegra. Que realmente haya expresiones de solidaridad y de preocupación por parte de organizaciones de derechos humanos.
¿Cree que que este tipo de pronunciamientos pueden ayudar también a que otros gobiernos de la región hagan presión al régimen de Bukele?
Yo esperaría que sí. A veces no se dimensiona lo que está pasando en El Salvador, pero el caso de Ruth no es el único. Creo que se da la impresión de que fuera el único caso, pero no; hay muchos más.
Y creo que es necesario que se sepa que hay unas condiciones que para mí podrían ser constitutivas de tortura.
El simple hecho de no tener visitas de familiares, de no tener la visita de tus abogados, la ampliación tan grande de los plazos, la demora del proceso… sería impensable, pero está ocurriendo.
¿Cree que el caso de Ruth López es diferente al de otros detenidos durante el estado de excepción? ¿Las medidas en su contra están siendo más drásticas que con otras personas?
Las medidas no sé si están siendo más drásticas, pero el caso de Ruth sí es diferente. Porque creo que envía un mensaje de que ser una voz crítica no figura en la lógica del Estado salvadoreño actual.
A ellos no les gusta que haya críticas, que haya voces que hablen de cuestiones irregulares, que deben de ser corregidas. Y definitivamente es un mensaje.
Después de la captura de Ruth hay una gran cantidad de periodistas y de defensores de derechos humanos que salieron del país. Capturan al abogado Enrique Anaya, que también era muy crítico de las cosas que estaban pasando en el gobierno.
Él da una última entrevista en la que dice que temía por su libertad, por su vida, que pudieran encarcelarlo a él también… Y ese fin de semana llegaron a buscarlo.
Esas dos capturas dieron la pauta de lo que el gobierno estaba dispuesto a hacer para callar voces críticas.
El domingo fue la captura de Ruth y el martes estaban aprobando en la Asamblea Legislativa la ley de agentes extranjeros. Y eso obviamente llegaba a obstaculizar el trabajo de organizaciones de la sociedad civil.
Usted ha hablado de un concepto, del «efecto Ruth López». De cómo desde su detención, decenas de periodistas, de abogados, de defensores de derechos humanos han huido de El Salvador. ¿Qué supone esto para para la democracia de un país; que se imponga este silencio, que se instale este miedo en las voces críticas?
Son medidas antidemocráticas. Se está restringiendo con mucha fuerza la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es para mí una medida del funcionamiento de una democracia.
Cuando se garantiza esa libertad sin ningún tipo de represalias, creo que la democracia puede funcionar. Al menos es funcional. Pero cuando ya se empiezan a generar restricciones, limitaciones, censura, inclusive un ambiente en el que la misma persona se autocensure, definitivamente o es un democracia enferma o ya no estamos hablando de democracia
¿Ustedes dónde encuentran esperanza en toda esta situación?
Primero, esperanza en Dios. Yo soy una persona creyente y no dejo de tener esa esperanza de que Dios nos ayude. Pero por supuesto de la solidaridad, que se expresa en organismos internacionales como Amnistía Internacional, con la declaratoria que hicieron de Ruth, de presa de conciencia. Y de todas las acciones internacionalmente que han habido, los premios que le han otorgado, las declaraciones que han dado diferentes organismos…
Esa presión creo que, de alguna forma, va a tener algún efecto positivo. Con honestidad le digo: yo no creo que el caso jurídicamente tenga posibilidades. No porque no se tengan las pruebas. Más bien, ellos no tienen las pruebas y lo que están es dilatando, demorando el caso justamente por eso.
En otros casos de presos políticos hemos visto un patrón y es el de llevar a un límite de resistencia a la persona y luego ofrecerle que se declare culpable para dejarlo en libertad.
Jurídicamente no hay muchas alternativas. Creo que el órgano judicial tiene mucha presión de parte del poder político y no está actuando con independencia.
Estamos en un momento muy oscuro y con un deterioro tan fuerte del Estado de derecho. Creo que la alternativa está por la vía de la negociación y la diplomacia. De que haya Estados que puedan apoyar y reivindicar el caso de Ruth para llegar a algún tipo de solución.
¿Cree que el gobierno de Guatemala tendría que estar haciendo algo más en este caso?
Guatemala ha tenido mucha experiencia de lo que estamos viviendo nosotros actualmente. Ha habido muchos abogados, fiscales, exfiscales que han tenido que salir del país por persecuciones. Creería que hay unas lecciones aprendidas que se pueden utilizar.
Claro, y yo estaría encantado de que el gobierno de Guatemala empezara a entablar conversaciones para, de alguna forma, despresurizar ese tema. No solo el de Ruth, sino que el de muchos otros que están siendo inocentes, están guardando prisión y llevan cuatro o cinco años.
Entrevista: Carmen Quintela
Edición: Alejandra Gutiérrez Valdizán
Fotografía y video: Christian Gutiérrez
Edición audiovisual: Lucía Reinoso
