“No sé de dónde se saca esos rankings”, dice Silvio Gramajo, experto en Acceso a la Información Pública. “Es más, no existe un ranking sobre acceso a información pública”.

Gramajo pone como ejemplo de la falsedad de la frase que en octubre del 2018, 15 organizaciones de la sociedad civil se retiraron de la política de Gobierno Abierto, por la no renovación del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y por el desequilibrio que había en las mesas de discusión; la mayoría de representantes eran del gobierno.

El plan de Gobierno Abierto, tenía como objetivo publicar información sobre la gestión pública y permitir que la sociedad civil se involucre en mecanismos anticorrupción. 

Gramajo remite al Informe de Situación del Derecho Humano de Acceso a la Información Pública que presentó el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, en febrero del 2019. En el informe, realizado con el apoyo del Centro Carter, Rodas indicó que el nivel de cumplimiento del sector público es bajo y si bien en el 2019 recibieron más informes que en los años anteriores, cientos de sujetos obligados incumplieron con los informes.

“No tenemos conocimiento de ningún tipo de medición Latinoamericana en tema de acceso a información pública”, añade Lesvia Salguero, Directora de Comunicación Social de la Procuraduría de Derechos Humanos.

Finalmente, Trasparency International (TI), en su informe de transparencia del 2018, ubicó a Guatemala en el puesto 29 a nivel latinoamericano; únicamente sobre Nicaragua, Haití y Venezuela. Además, Guatemala fue ubicado en el 4º lugar a nivel centroamericano. El primer lugar lo ocupó Costa Rica, el segundo El Salvador y el tercero Honduras. El estudio no incluyó a Belice. Gramajo considera el informe de TI es un parámetro importante en cuanto al estudio y seguimiento de acceso de información pública a nivel mundial.

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