El 21 de febrero pasado, Roberto Arzú, el candidato presidencial por la alianza PAN-Podemos, se quejó de la inseguridad en su cuenta de Twitter y expresó: “Llevamos 20 años de haberle entregado a los mareros, extorsionistas, asesinos, violadores y delincuentes las calles de nuestro país, quitándole la paz a nuestras familias y la vida a nuestros niños”.

Roberto Arzú no citó ningún documento que respalde su afirmación.  El equipo de Fáctica intentó comunicarse con él a través del correo electrónico de su partido y con Manuel Conde Orellana, secretario general del mismo partido, para cuestionarle sobre la fuente de sus declaraciones, pero no se obtuvo respuesta.

“La afirmación en sí misma es muy difícil de verificar ya que las pandillas son un fenómeno muy complejo”, afirma Carlos Mendoza, economista y politólogo que se ha dedicado a investigar la violencia homicida en Centroamérica desde 1999. Sin embargo, sí recalcó que el fenómeno de las pandillas no surge 20 años atrás —como señala el presidenciable—.

Por sí mismos: Un estudio preliminar de las “maras” en la ciudad de Guatemala es un documento elaborado por Deborah Levenson en 1988 junto a la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO). En dicho trabajo, Levenson menciona cómo las pandillas, desde los cincuenta hasta mediados de los setenta del siglo pasado, eran cada vez más comunes conforme iba creciendo la ciudad de Guatemala. Estaban compuestas en su mayoría por hombres, usaban drogas y peleaban entre sí por territorio con “cadenas y cuchillos”. Sin embargo, se vieron eclipsadas por la radicalización política de los setenta de otros jóvenes, por lo que las pandillas no eran tan “famosas” ni letales como lo son ahora.

Insight Crime señala que la expansión de las pandillas en Centroamérica y México fue resultado de las deportaciones masivas realizadas por los Estados Unidos cuando este país cambió su política de inmigración a mediados de los noventa, aplicándose agresivamente a las pandillas en California, cuna del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, entre otras.  “La expansión de ambas pandillas en el Triángulo Norte se atribuye, en términos generales, al cambio en las políticas migratorias estadounidenses en la década de 1990, cuando nuevas leyes permitieron la deportación masiva de exconvictos a sus países de origen en Centroamérica”, expone la investigación.

Esta nueva política elevó el número de pandilleros deportados en países como El Salvador, Honduras y Guatemala. Se estima que 20 mil delincuentes regresaron a Centroamérica entre 2000 y 2004.

Si tomamos con precisión los 20 años a los que hace referencia Roberto Arzú, estas dos décadas abarcan la presidencia de su padre, Álvaro Arzú Irigoyen, con el Partido de Avanzada Nacional (PAN): de 1996 al 2000. Se consultó a Gustavo Porras, secretario privado del expresidente Álvaro Arzú, acerca de la situación de las pandillas en  el gobierno del exalcade capitalino y si se aplicó alguna política para contrarrestar este fenómeno. Porras contestó que no se realizaron acciones concretas, ya que en esa época las pandillas no representaban un problema grave. Asimismo, declaró que en el momento de transición entre el conflicto armado y los Acuerdos de Paz, quedó un vacío de seguridad que fue aprovechado por el crimen organizado y las pandillas.

Respecto a la declaración de Roberto Arzú, Porras explica que las pandillas no son un fenómeno que inició hace veinte años, pero considera que la intención de las palabras del presidenciable hacían referencia a que este problema se agudizó hace aproximadamente 20 años en el gobierno de Alfonso Portillo —entre 2000 y 2004—, con lo cual concuerda.