La afirmación del candidato presidencial por el partido Fuerza es falsa. En 2015 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó a 31 candidatos inscritos tras verificar que no cumplían con la normativa electoral. La inscripción del exintegrante del directorio del Renap fue revocada por el TSE y él ha interpuesto un amparo ante la Corte Suprema de Justicia.
El presidenciable del partido Fuerza, Mauricio Radford, publicó un video en su página oficial de Facebook para expresar su postura sobre la cancelación de su candidatura. “El Registro de Ciudadanos del TSE, en una acción ilegal, revocó la candidatura presidencial de su servidor y de Manuel Abundio Maldonado como candidato a la vicepresidencia. Es una acción inédita, que nunca se había dado en nuestro país”, aseguró.
Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos del TSE, dijo que se canceló la inscripción de Radford porque en su declaración jurada omitió incluir que está ligado a proceso penal por un caso judicial del Registro Nacional de las Personas (Renap). La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) confirma que el Radford está ligado a proceso desde el 2010 por el delito de abuso de autoridad y goza de una medida sustitutiva.
La afirmación de Radford es falsa. Antes de las elecciones de 2015, el TSE revocó las candidaturas de 31 candidatos inscritos al recibir la información actualizada de la Contraloría General de Cuentas (CGC), en la cual se establecía que algunos de los inscritos carecían de la constancia. Incluso, después de las elecciones, el TSE quitó de sus cargos a 16 diputados electos.
Una de las consideraciones del TSE establecidas en los acuerdos que emitió para revocar de sus puestos a candidatos electos por haber sido contratistas fue que: “De conformidad con las circunstancias fácticas que se comprueben y por medio de la adecuada integración e interpretación del ordenamiento jurídico nacional, se podrá conocer sobre la procedencia de revocar -por contravención a las normas jurídicas aplicables- la adjudicación realizada a favor de determinados ciudadanos”.
Mario Guerra, abogado y exmagistrado del TSE, quien trabajó durante 19 años en esta entidad, dice que los magistrados tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. “Si se comprueba que el candidato incurrió en alguna prohibición a la normativa, debe revocarse su inscripción, porque sería una inscripción irregular”, explicó.
Radford presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y aseguró que de ser necesario acudirá a la Corte de Constitucionalidad (CC).
