Un reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye que el asesinato de la defensora del ambiente Berta Cáceres fue planificado y financiado con fondos del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Ocho años después de las primeras condenas, el estudio documenta desvío de dinero, pagos a sicarios y la posible responsabilidad de empresarios y funcionarios aún no investigados.